La Corte Suprema anunció el 31 de julio que considerará formalmente el 30 de septiembre si atiende una demanda contra la prohibición de Michigan de que el gobierno financie escuelas religiosas.
El caso surge en momentos en que el movimiento en favor de la elección de escuela, que tiene como objetivo dar a los padres la oportunidad de mantener a sus hijos fuera de colegios de bajo rendimiento administrados por el gobierno, esté ofreciendo estrategias alternativas de financiación de la educación, disfrutado de una serie de victorias en el más alto tribunal de la nación en los últimos años.
En 2022, la Corte Suprema votó por 6-3 en contra de una ley de Maine que excluía a las familias de un programa de ayudas estudiantiles si optaban por enviar a sus hijos a escuelas religiosas. En el caso Carson vs. Makin, la corte sostuvo que el programa violaba la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda.
Esta cláusula garantiza a los estadounidenses el derecho a practicar la religión como mejor les parezca. También se ha considerado que protege las acciones llevadas a cabo en cumplimiento de creencias religiosas, con algunas excepciones.
En el caso Espinoza vs. el Departamento de Hacienda de Montana (2020), la Corte Suprema votó 5 a 4, indicando que la decisión de Montana de excluir a las escuelas religiosas de un programa estatal de becas financiado con créditos fiscales también ofendía la Cláusula de Libre Ejercicio.
La prohibición de financiación estatal figura en el artículo VIII, sección 2, de la Constitución de Michigan, y se aplica a todas las escuelas privadas, sean o no de carácter religioso.
Muchos estados tienen disposiciones de este tipo —conocidas como Enmiendas Blaine— en sus constituciones estatales.
La Enmienda Blaine original, que fue propuesta en el Congreso, «‘nació de la intolerancia’ y ‘surgió en un momento de hostilidad generalizada hacia la Iglesia Católica y los católicos en general», declaró la Corte Suprema en la decisión Espinoza.
«Muchos de sus equivalentes estatales tienen un ‘pedigrí vergonzoso’ similar», dijo la Corte.
En el caso que nos ocupa, los demandantes sostienen que la prohibición de financiación en Michigan viola la Cláusula de Igual Protección de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La peticionaria principal, Jill Hile, junto con la Parent Advocates for Choice in Education Foundation y otros padres de niños en edad escolar que quieren conseguir ayudas públicas para la matrícula de sus hijos en escuelas religiosas privadas del estado, presentaron una petición ante la Corte Suprema el 4 de abril.
El juez federal Robert Jonker, del Distrito Oeste de Michigan, desestimó su demanda en septiembre de 2022, al considerar que su «reclamación en virtud de la Decimocuarta Enmienda se basa en una estrecha teoría del proceso político que nunca se ha aplicado a un caso como este, y que no debería ampliarse para invalidar una disposición de la Constitución de Michigan que es facialmente neutral en materia de educación parroquial».
Una ley facialmente neutral es aquella que, tal como está redactada, no discrimina a un grupo específico.
Un panel dividido de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Sexto Circuito confirmó la desestimación en noviembre de 2023.
Los demandantes afirman en su petición que están de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema en el caso Espinoza, de que «el Estado no tiene por qué subvencionar la educación privada», pero que Michigan no puede «consagrar en su Constitución una restricción contra las familias religiosas que les dificulte —en comparación con otras familias en situación similar— solicitar prestaciones públicas».
Ellos reconocen que incluso si ganan en los tribunales, es posible que sigan sin convencer a la Legislatura estatal para que promulgue un programa de financiación escolar que ellos apoyen, continúa la petición.
«Pero un Estado va demasiado lejos cuando exige intencionadamente que las leyes que benefician a ciudadanos religiosos pasen por un procedimiento de aprobación más oneroso que las leyes que benefician a clases [de personas] no protegidas». Los peticionarios solo buscan la igualdad de condiciones políticas con los padres de los colegios públicos».
El abogado de la Sra. Hile, John J. Bursch, de Caledonia, Michigan, se mostró optimista sobre el caso.
«El Estado de Michigan, a través de su Enmienda Blaine, ha estado discriminando a las familias religiosas durante décadas», dijo a The Epoch Times por correo electrónico.
«Lo único que quieren estas familias es tener las mismas oportunidades que las demás de solicitar ayudas del Estado para la educación de sus hijos». Los peticionarios tienen la esperanza de que la Corte escuche su caso en cuanto al fondo e invalide la Enmienda Blaine de Michigan».
The Epoch Times se puso en contacto con la procuradora general de Michigan, Ann Sherman, para solicitarle comentarios, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación.
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