La Corte Suprema de EE. UU. acordó el 13 de diciembre decidir si reaviva una demanda presentada por empresas energéticas sobre las estrictas normas de emisiones de vehículos de California.
En abril de este año, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que California tenía autoridad para regular las emisiones del tubo de escape.
Esa corte sostuvo que las empresas energéticas que habían interpuesto la demanda no podían demostrar que tenían legitimación para demandar. La legitimación se refiere al derecho de alguien a demandar ante una corte. Una parte debe demostrar una conexión suficientemente fuerte con la demanda para justificar su participación en un litigio.
La Corte Suprema accedió a la petición en el caso Diamond Alternative Energy LLC contra la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) en un auto sin firma. La corte no explicó su decisión. Ningún juez disintió.
El demandante principal, Diamond Alternative Energy, es una filial de Valero Energy Corp.
Otros demandantes son American Fuel and Petrochemical Manufacturers, Clean Fuels Development Coalition, Domestic Energy Producers Alliance y Energy Marketers of America, así como varias organizaciones del sector agrícola.
Los peticionarios argumentan solicitud, presentada el 2 de julio, que sufrirán daños económicos si se permite que California, cuya economía estatal es grande, siga imponiendo normas de emisiones de vehículos más estrictas que las exigidas por el gobierno federal.
Las posturas políticas de California son influyentes y varios estados ya han adoptado su marco normativo para los automóviles. California afirma que sus políticas son necesarias para luchar contra el cambio climático reduciendo la demanda de combustible líquido.
Según la petición, California exige «vehículos 100% eléctricos para 2036», y esta política tiene el efecto de «forzar la electrificación del parque automovilístico del país».
El objetivo del estado cuenta con el apoyo de la EPA y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera, cuyas normas de emisiones y ahorro de combustible «imponen de facto mandatos sobre vehículos eléctricos en violación de sus estatutos rectores», añade la petición.
Las empresas afirman que es un problema que la Ley Federal de Aire Limpio permita a un solo estado —California— establecer normas de emisiones para los vehículos. Para hacer sus propias reglas, California tiene que obtener una exención federal de los requisitos de la ley.
El presidente electo Donald Trump, que tomará posesión el 20 de enero de 2025, ha dicho que bloqueará la capacidad de California para aplicar sus propias normas de emisiones de vehículos en el estado. En 2019, su anterior administración revocó la exención de California que permitía al estado imponer estrictas normas de emisiones.
La revocación de la exención de la Ley de Aire Limpio fue impugnada ante los tribunales. En su sentencia de abril, el Circuito de Washington D.C. sostuvo que las empresas energéticas no habían demostrado la resarcibilidad, un elemento clave de la legitimación.
Esa corte consideró que las empresas no habían «demostrado que sus supuestos perjuicios se verían reparados por una decisión favorable de esta corte».
La resarcibilidad es la capacidad de los tribunales de conceder a una parte victoriosa la reparación que solicita si gana su caso.
Por otra parte, en 2022 la EPA, bajo la presidencia de Joe Biden, permitió a California exigir a las empresas automovilísticas que vendieran coches nuevos que generaran menos contaminación, incluido un mandato que establecía que una proporción de todos los coches vendidos en el estado fueran híbridos o eléctricos. Otros estados también están siguiendo esta política californiana.
En su sentencia del 13 de diciembre, los jueces acordaron examinar únicamente el aspecto de resarcimiento de la legitimación en el caso.
En concreto, la corte examinará si las partes «pueden establecer el componente de resarcimiento» de la legitimación «basándose en los efectos coercitivos y predecibles de la regulación sobre terceros».
La Corte Suprema dijo que no abordaría la otra cuestión planteada en la petición, que era «si la renuncia de la EPA a la exención de las normas de emisión de gases de efecto invernadero de California y el mandato de vehículos de cero emisiones es ilegal».
Las empresas afirman que California actúa «como una EPA de segunda categoría»
En su petición, las empresas energéticas criticaron la independencia normativa que la Ley de Aire Limpio otorga al Estado Dorado.
Las empresas argumentan que la posición actual de la EPA es que el estatuto federal permite a California «operar como un regulador cuasi-federal sobre el cambio climático global».
«Existen serias preocupaciones constitucionales con un estatuto que permite que solo California actúe como una EPA de segunda categoría», decía la petición.
Además, «la cuestión de si California puede establecer normas de emisión de gases de efecto invernadero para sí misma y para otros estados es innegablemente importante», continuaba el documento.
La EPA pidió previamente a la Corte Suprema que rechazara la petición.
Los demandantes «no han demostrado que una resolución judicial favorable repararía sus perjuicios», dijo la agencia en un escrito de 9 de septiembre .
Por ejemplo, como señaló la corte de circuito, los peticionarios no «aportaron ningún tipo de prueba que indicara que los fabricantes de automóviles cambiarían su conducta en respuesta a una sentencia judicial favorable a los peticionarios».
California también instó a la Corte Suprema en un escrito del 9 de septiembre a no aceptar el caso.
«El Congreso ha promulgado leyes que tratan a ciertos estados de forma diferente desde la fundación», dijo.
En este caso, el Congreso permitió «a California elaborar normas de emisión alternativas en determinadas circunstancias, en reconocimiento de la experiencia de ese Estado en la regulación de la contaminación atmosférica y sus problemas especiales de contaminación», decía el escrito.
La corte aún no ha fijado la fecha de la vista oral. Si el debate tiene lugar a principios del nuevo año, se espera una decisión para junio de 2025.
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