El Quinto Circuito sostuvo que los mandatos no podían aplicarse porque el grupo de trabajo de Salud y Servicios Humanos estaba estructurado inconstitucionalmente.
La Corte Suprema de EE.UU. decidió el 10 de enero evaluar la constitucionalidad de una disposición de la Ley de Asistencia Asequible que permite a un grupo de expertos ordenar que las aseguradoras cubran los servicios médicos preventivos sin coste para los pacientes.
La nueva decisión se emitió como una orden sin firma en el caso Becerra contra Braidwood Management Inc. Ningún juez disintió. La corte no explicó su decisión. Aún no se ha programado la vista oral del caso.
La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, también conocida como el estatuto Obamacare, fue promulgada en 2010.
Según la petición del gobierno, la ley creó el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU., que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS). El grupo de trabajo hace recomendaciones sobre servicios médicos preventivos, como medicamentos y pruebas de detección.
La ley exige que las compañías de seguros médicos y los planes de salud colectivos cubran los servicios preventivos aprobados por el grupo de trabajo sin que los pacientes tengan que pagar por ellos.
Braidwood Management, con sede en Texas, interpuso una demanda por los mandatos aprobados por el grupo, a los que la empresa expresó objeciones religiosas. Los mandatos cubren medicamentos para la prevención del VIH, pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual y diversos tratamientos.
En junio de 2024, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. declaró que los mandatos no eran válidos porque la estructura del grupo de trabajo que los recomendó infringe la Cláusula de Nombramientos de la Constitución.
La Cláusula de Nombramientos establece que el presidente puede nombrar funcionarios que le asistan en el desempeño de sus responsabilidades. Los funcionarios principales deben ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, mientras que los funcionarios inferiores pueden ser nombrados sólo por el presidente, el jefe de un departamento ejecutivo o una corte.
La corte consideró que los mandatos no podían mantenerse porque los miembros del grupo de trabajo no habían sido nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.
El grupo de trabajo ejerce un «poder irrevisable» que convierte a «sus miembros en funcionarios principales de Estados Unidos que no han sido nombrados válidamente en virtud del artículo II de la Constitución de Estados Unidos».
El tribunal federal de distrito, cuyo fallo confirmó en gran medida la corte de circuito, tenía razón al impedir que el HHS aplicara los mandatos, declaró la corte de circuito.
El gobierno federal instó a la Corte Suprema a aceptar el caso, diciendo en su petición que el fallo del Quinto Circuito «pone en peligro las protecciones de salud que han estado en vigor durante 14 años y que millones de estadounidenses disfrutan actualmente».
Braidwood también instó a la Corte Suprema a que se hiciera cargo del caso.
Es práctica habitual de la corte conceder una petición cuando una ley federal es declarada inconstitucional por un tribunal inferior, dijo la empresa.
«No hay tampoco aquí ninguna razón para apartarse de la práctica habitual de la Corte».
El estatuto «es de inmensa importancia, y es un componente clave de una de las piezas legislativas más significativas y controvertidas que el Congreso haya promulgado jamás. La Corte debería intervenir en lugar de dejar que la constitucionalidad [de la ley] y los nombramientos de los miembros del Grupo de Trabajo sean resueltos enteramente por la corte de apelaciones».
El presidente electo Donald Trump, que respaldó los esfuerzos para derogar el Obamacare durante su primer mandato, regresa a la Casa Blanca el 20 de enero.
The Epoch Times solicitó comentarios al abogado de Braidwood Management, Jonathan Mitchell, de Mitchell Law en Austin, Texas, y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representa al HHS.
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