El gobierno federal obligó a las empresas de redes sociales a censurar opiniones desfavorables sobre cuestiones públicas importantes, como los efectos secundarios relacionados con la vacuna contra COVID-19 y los cierres durante la pandemia, se dijo el 18 de marzo en los alegatos orales ante la Corte Suprema en el caso Murthy vs. Missouri.
Vivek Murthy es el director de salud de Estados Unidos. El estado de Missouri y otras partes demandaron al gobierno federal por la supuesta censura al presionar a las empresas de redes sociales para que supriman determinados contenidos.
Brian Fletcher, principal procurador general adjunto de Estados Unidos, reconoció que el gobierno «no puede utilizar amenazas coercitivas para suprimir la expresión», pero argumentó que tenía «derecho a hablar por sí mismo informando, persuadiendo o criticando a los oradores privados».
Existe una «distinción fundamental entre persuasión y coacción», afirmó el procurador.
En esta causa legal, los estados de Missouri y Louisiana, además de cinco particulares, intentan utilizar las cortes federales «para auditar todas las comunicaciones del poder ejecutivo con las plataformas de redes sociales», dijo el Sr. Fletcher.
«Ese problema ha infectado cada paso de este caso. Los participantes no tienen legitimación activa en absoluto porque ellos no han demostrado una amenaza inminente de que el Gobierno vaya a hacer que una plataforma modere sus publicaciones en particular», añadió el procurador general.
El juez Neil Gorsuch preguntó al Sr. Fletcher si podría considerarse coercitiva la declaración del presidente Joe Biden de que las empresas de redes sociales son «responsables de matar a la gente» si no modifican sus políticas.
El Sr. Fletcher dijo que no era coercitiva.
«Yo solo quiero que todo el mundo se mire en su espejo (…) e imagine qué pasaría si esta desinformación se dirigiera a sus oponentes», dijo el abogado. «Creo que está claro que se trataba de una exhortación, no de una amenaza».
El Sr. Fletcher dijo al juez Clarence Thomas que el gobierno está autorizado a «persuadir» a las partes privadas.
«Yo estoy diciendo que cuando el gobierno persuade a un particular para que no distribuya o promueva el discurso de otra persona, eso no es censura, es persuadir a un particular para que haga algo que está legalmente autorizado a hacer y hay muchos contextos en los que los funcionarios del gobierno pueden persuadir a particulares para que hagan cosas que los funcionarios no podrían hacer», dijo el procurador.
Como ejemplo, el abogado dijo que «después de los ataques del 7 de octubre [2023] en Israel, varios funcionarios públicos pidieron a los colegios y universidades que hicieran más sobre el discurso de odio antisemita en el campus».
«También creemos que eso es lo que el gobierno está haciendo cuando está diciendo a estas plataformas, sus plataformas y sus algoritmos, y la forma en que están presentando la información está causando daño, y creemos que deberían detenerse (…) Realmente no se ve ninguna diferencia entre que el gobierno se coordine con las plataformas para excluir otros discursos y persuadir a las plataformas para que hagan esto y no participen o permitan otros discursos», añadió el procurador.
«Lo que ocurrió está en el lado de la persuasión de la línea», dijo el Sr. Fletcher, en contraposición a una violación de la Primera Enmienda.
El procurador general de Louisiana, Benjamin Aguinaga, dijo que la evidencia muestra que hubo «una presión implacable por parte del gobierno para coaccionar a las plataformas de redes sociales para suprimir el discurso de millones de estadounidenses».
Un fallo judicial anterior describió el comportamiento del gobierno durante el período examinado en el caso como «el ataque más masivo contra la libertad de expresión en la historia de Estados Unidos».
«Las palancas de presión del gobierno son anatema para la Primera Enmienda», dijo el Sr. Aguinaga.
Esto no se trató de un caso en el que el gobierno accediera a un «púlpito acosador» para unir a los estadounidenses a una causa, sino de que el gobierno «se limitó a ser un acosador».
«El gobierno no tiene derecho a persuadir a las plataformas para que violen los derechos constitucionales de los estadounidenses, y presionar a las plataformas en las trastiendas protegidas de la vista del público, no es en absoluto utilizar el púlpito», dijo el Sr. Aguinaga.
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