Esta semana se produjo un aumento de actividad en un caso fundamental ante la Corte Suprema de Estados Unidos relacionado con la regulación de las armas fantasma, armas de fuego que se pueden ensamblar en casa a partir de kits y que son difíciles de rastrear por la policía debido a la falta de números de serie.
Una amplia coalición de grupos, incluidos fiscales generales, organizaciones de gobiernos locales, asociaciones de policía de las principales ciudades, funcionarios de seguridad nacional, agentes del orden público, fiscales y grupos de defensa del control de armas, presentaron escritos amicus el 2 de julio instando a la Corte Suprema a mantener las restricciones federales sobre las armas fantasma.
Los amici apoyan a los peticionarios, entre los que se incluyen el Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en el caso. El caso se centra en la denominada regulación gubernamental de 2022 sobre el “marco o el receptor”, que somete los kits y las armas casi completas a las mismas normas que las armas de fuego fabricadas de forma convencional. La norma exige que las personas que ensamblan armas de fuego caseras les añadan números de serie y exige verificaciones de antecedentes para los consumidores que compran kits de ensamblaje de armas a los distribuidores.
Un juez de distrito de Texas anuló la norma en 2023 y el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó posteriormente gran parte de ese fallo; en abril de 2024, la Corte Suprema acordó aceptar una apelación del Departamento de Justicia, entre otros.
Los amici argumentan que el Quinto Circuito cometió un error al anular la regla de las armas fantasma de “marco o el receptor”. Afirman que la regla se alinea con la intención de la Ley de Control de Armas de regular los artículos que se pueden convertir fácilmente en armas de fuego, evitando la elusión de la ley federal. Destacan que la regla es crucial para ayudar a los esfuerzos estatales por controlar las armas fantasma y proteger la seguridad pública.
Los demandados, entre los que se incluyen varios residentes de Texas que poseen armas de fuego y el grupo defensor de los derechos al porte de armas, Firearms Policy Coalition, quieren que la Corte Suprema respalde las sentencias de tribunales inferiores que anularon la regulación a las armas fantasma. Argumentaron en su escrito que la norma de la ATF amplía ilegalmente la definición de “arma de fuego” más allá de lo que el Congreso pretendía en la Ley de Control de Armas.
Sostienen que la Ley de Control de Armas regula únicamente las armas funcionales y sus armazones o receptores, no los kits de piezas o los artículos incompletos. Los demandados enfatizan que cualquier cambio a esta definición debería provenir del Congreso, no de las agencias regulatorias, y que la norma de la ATF altera el equilibrio entre la producción de armas de fuego comerciales y no comerciales.
Si bien algunos estados regulan las armas caseras, los grupos de control de armas han intentado durante años prohibirlas o regularlas a nivel federal. Sin embargo, no han logrado persuadir al Congreso para que actúe.
Se espera que la Corte Suprema escuche los argumentos orales del caso cerca de otoño.
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