Una ley de Louisiana que requiere que los abortistas tengan privilegios de admisión en hospitales cercanos al lugar donde se realiza el procedimiento es inconstitucional, falló una dividida Corte Suprema en 5-4 esta mañana.
El fallo del 29 de junio en el caso, June Medical Services LLC contra Russo, fue una derrota para la administración Trump que se puso del lado de Louisiana.
El juez Stephen Breyer escribió la opinión de la pluralidad, representando sus puntos de vista junto con otros tres jueces liberales. El presidente del Tribunal Supremo John Roberts escribió su propia opinión coincidente, estando de acuerdo con el resultado.
La decisión de la Corte Suprema podría dar lugar a luchas partidistas este año electoral, poniendo el tema del aborto en el frente político.
En una manifestación a favor de los derechos del aborto junto a las escaleras del juzgado, mientras se desarrollaban los argumentos orales, el 4 de marzo, el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer (D-N.Y.) prometió una retribución no especificada contra los jueces conservadores Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, en caso de que votaran a favor de la ley impugnada.
«Están quitando derechos fundamentales», dijo Schumer a la multitud. «Quiero decirte, Gorsuch, quiero decirte, Kavanaugh, ¡que han liberado el torbellino! ¡Y pagarán el precio! No sabrán lo que les tocará si siguen adelante con estas horribles decisiones».
El presidente del Tribunal Supremo John Roberts emitió una declaración más tarde ese día condenando los comentarios de Schumer.
«Los jueces saben que las críticas vienen con el territorio, pero las declaraciones amenazantes de este tipo de los más altos niveles del gobierno no solo son inapropiadas, sino que son peligrosas», dijo Roberts.
«Todos los miembros de la Corte continuarán haciendo su trabajo, sin miedo o a favor, de cualquier lado».
Promulgada en 2014, la Ley 620 de Luisiana exige que un médico que practique abortos tenga «privilegios de admisión activos», es decir, que el médico sea miembro del personal médico del hospital y tenga la capacidad de admitir pacientes y prestar servicios de diagnóstico y quirúrgicos, en un hospital dentro de un radio de 30 millas (aprox. 48 kilómetros) del lugar donde se practica un aborto. Las violaciones pueden ser castigadas con prisión, multas y la revocación de la licencia.
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