La Corte Suprema de EE.UU. anuló el martes el fallo de una corte inferior que había permitido a los residentes en Pensilvania de entre 18 y 21 años portar armas de fuego en público durante estados de emergencia, indicando a una corte federal de apelaciones que reconsiderara el caso.
La Corte Suprema no explicó su fallo y no hubo disensiones. El fallo del alto tribunal, de dos frases, indica que los jueces no aceptarán la apelación de las autoridades del estado de Pensilvania y ordenan que la cuestión se devuelva a los tribunales inferiores.
En virtud de la Ley Uniforme de Armas de Fuego, Pensilvania prohíbe a las personas de entre 18 y 20 años portar armas abiertamente en público durante un estado de emergencia declarado.
La sentencia, por su parte, citaba la orden de la Corte Suprema de junio de este año que confirmaba una prohibición federal que prohibía a las personas poseer armas de fuego si se encontraban bajo órdenes relacionadas con la violencia doméstica.
Se presentó una demanda contra el estado por una ley que prohibía a los menores de 21 años portar armas abiertamente durante los estados de emergencia. Una corte federal dictaminó previamente que la ley violaba la Segunda Enmienda de la Constitución, que permite el derecho a portar armas.
Anteriormente, en 2024, la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU., con sede en Filadelfia, bloqueó la ley estatal en una decisión dividida por 2 a 1. La mayoría de los jueces dictaminó que la ley era ilegal. La mayoría de los jueces dictaminó que Pensilvania no pudo demostrar que el requisito de la edad de 21 años se ajustaba a las tradiciones o normas históricas, una prueba legal que se estableció para las leyes relacionadas con las armas en la histórica decisión de la Corte Suprema en el caso New York State Rifle & Pistol Association contra Bruen en junio de 2022.
Al anular una ley de armas de Nueva York de 100 años de antigüedad que restringía los lugares en los que las personas pueden portar armas de fuego, la Corte Suprema estableció entonces, en parte, que la ley estatal era inconstitucional porque no existían leyes similares en Estados Unidos cuando se ratificó la Segunda Enmienda.
Dos organizaciones de defensa de los derechos de las armas impugnan la ley de Pensilvania junto con tres personas menores de 21 años cuando se presentó la petición en 2020. Pidieron a la Corte Suprema que rechace los argumentos del estado sin ordenar ninguna reconsideración de los tribunales inferiores y argumentaron que los tribunales inferiores tienen un «amplio acuerdo» sobre la decisión de la Corte del 3er Circuito de anular la ley estatal.
La corte de apelaciones, al anular la ley, dijo que hay un «llamativamente escaso registro de regulaciones estatales sobre los jóvenes de 18 a 20 años en el momento de la ratificación de la Segunda Enmienda», y añadió que en 1792, en realidad había una ley aprobada en el Congreso que obligaba a «todos los hombres sanos a alistarse en la milicia y armarse al cumplir 18 años».
«El hecho de que los jóvenes adultos tuvieran que servir en la milicia indica que los legisladores de la época de la fundación creían que esos jóvenes podían, y de hecho debían, poseer y portar armas», afirma la corte de apelaciones.
En respuesta, el estado de Pensilvania y el Comisario de la Policía Estatal de Pensilvania, Christopher Paris, solicitaron a finales de abril a la Corte Suprema que se pronunciara sobre la decisión del tribunal de apelaciones.
Los funcionarios de Pensilvania argumentaron en documentos judiciales que la corte de apelaciones fue demasiado lejos en su decisión y malinterpretó la decisión Bruen de la Corte Suprema y señaló una opinión concurrente escrita por el juez Samuel Alito.
Alito había «explicado en su opinión concurrente en Bruen que esta corte no invalidaba las restricciones de edad existentes, destacando que la ley federal prohíbe la venta de armas de fuego a menores de 21 años», escribieron los funcionarios estatales.
«Pero la Corte de Apelaciones interpretó Bruen para hacer precisamente eso, sosteniendo que Pensilvania no podía prohibir a los jóvenes de 18 a 20 años portar abiertamente armas de fuego durante un estado de emergencia», añadieron. «La mayoría del panel creía que Bruen requería que Pensilvania presentara un gemelo normativo de la época de la Fundación que impusiera restricciones similares a la libertad de los jóvenes de 18 a 20 años para prevalecer».
Sin embargo, los grupos de defensa de los derechos de las armas y los demandantes respondieron al estado mostrándose de acuerdo con la decisión del Tercer Circuito, señalando que la «conclusión de la corte de que el texto y la historia de la Segunda Enmienda exigen considerar inconstitucionales las restricciones especiales a los derechos de los jóvenes de 18 a 20 años es el resultado de una aplicación fiel de los precedentes de esta corte», escribieron a la Corte Suprema en un escrito presentado a principios de este año.
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