La Corte Suprema de Estados Unidos tiene previsto escuchar los argumentos orales sobre la constitucionalidad de las cortes de derecho administrativo dentro de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el 29 de noviembre, estableciendo una oportunidad más para que los jueces examinen el poder de los burócratas.
Se trata del caso SEC vs. Jarkesy, que se refiere a un gestor de fondos de cobertura, George Jarkesy, a quien la agencia sancionó por violar la ley de fraude de valores. En particular, la SEC impuso al Sr. Jarkesy una sanción civil de USD 300,000, tras iniciar un procedimiento administrativo contra él.
En última instancia, la agencia estuvo de acuerdo con la conclusión del juez de derecho administrativo de que el Sr. Jarkesy había violado la ley de valores.
El Sr. Jarkesy recurrió su caso y ganó ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que sostuvo que las acciones de la SEC eran inconstitucionales en varios aspectos.
En primer lugar, dictaminó que la corte de derecho administrativo violaba la Séptima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al no ofrecer un juicio con jurado.
En segundo lugar, sostuvo que el Congreso había delegado indebidamente su propio poder en el poder ejecutivo cuando permitió a la agencia elegir si celebraba un procedimiento administrativo en lugar de presentar una demanda ante una corte de distrito.
Por último, la Corte declaró que el Congreso protegía en exceso a los jueces administrativos al permitir su destitución únicamente por «causa justificada», determinada por la Junta de Protección de los Sistemas de Mérito de EE. UU. (U.S. Merit Systems Protection Board). Al hacerlo así, sostuvo la corte, viola el mandato de la Constitución de que el presidente «velará por el fiel cumplimiento de las Leyes».
La SEC solicita a la Corte Suprema que anule la decisión del Quinto Circuito, argumentando que se equivocó en los tres puntos mencionados. En respuesta, la Corte Suprema decidió examinar cada uno de ellos, creando así la posibilidad de un cambio drástico dentro del estado administrativo.
Según el decano Asociado de la Universidad George Washington, Alan Morrison, la confirmación de la decisión del Quinto Circuito «probablemente convertiría las adjudicaciones de la mayoría de las agencias federales (y no solo de la SEC) en algo del pasado».
El Sr. Morrison argumentó en Slate, que confirmar esa decisión «sería directamente devastador».
«El resultado sería la desaparición de los procedimientos de las agencias si cualquier agencia ―no solo la SEC― buscara reparación monetaria fuera de una corte federal», escribió el Sr. Morrison.
«No todas las agencias tienen la autoridad legal para presentar casos ante una corte federal, y si quisieran tener el derecho a recuperar dinero de un malhechor, el Congreso, que hoy está estancado, tendría que actuar (este no lo hará). Incluso las agencias que actualmente tienen el derecho a ir a las cortes tendrían que elegir entre obtener una reparación total en la corte o llegar a un acuerdo con una orden que detenga la conducta ilegal, lo que ellos podrían hacer en el procedimiento administrativo. En la medida en que las agencias elijan la ruta de las cortes federales, estas cortes verían un importante aumento de litigios complejos, sin nuevos jueces ni recursos adicionales».
Las decisiones de la Corte Suprema son a menudo difíciles de predecir, pero la decisión de los magistrados de conocer este caso refleja un interés aparentemente amplio en reevaluar la legitimidad del poder administrativo.
Además del Sr. Jarkesy, la corte examinará la autoridad administrativa en dos casos que cuestionan la doctrina de la deferencia, de Chevron, de décadas de antigüedad. Apenas un día antes del argumento oral, en el caso Jarkesy, los magistrados también escucharon argumentos sobre cuán aislados estaban los jueces de inmigración del Departamento de Justicia de ser examinados por las cortes establecidas en el artículo III de la Constitución.
En ese caso, las declaraciones de los jueces indicaron que apoyarían revisiones adicionales o desafíos a las decisiones de los jueces de inmigración. Sin embargo, otro caso que involucró a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor dejó a los observadores con la impresión de que los jueces se abstendrían de refrenar el poder administrativo, al menos en esta instancia.
Cada uno de estos casos plantea interrogantes sobre la separación de poderes, la rendición de cuentas ante los votantes y los controles y equilibrios dentro del gobierno federal. Idealmente, el Congreso crea leyes, el poder ejecutivo las hace cumplir y las cortes de justicia sirven como respaldo para los abusos de ambos. Con las cortes de la SEC, la agencia está examinando efectivamente las suyas propias.
Surgimiento del Estado administrativo
Wall Street Journal publicó un editorial el 26 de noviembre en la que denunciaba el crecimiento histórico del estado administrativo y señalaba que en el momento del juicio administrativo del Sr. Jarkesy, en 2014, «la SEC tenía una tasa de victoria interna del 100% versus 61 % en la corte federal, en 200 casos impugnados».
«Los tribunales administrativos actuales se parecen a los que el gobierno británico utilizó para castigar a los colonos y disidentes religiosos antes de la revolución. El gobierno británico utilizó las cortes del almirantazgo sin jurado para imponer sanciones civiles a los colonos por violar las Leyes de Azúcar y Timbres», agregó el medio de prensa.
«La Declaración de Independencia citó la negación de ‘los beneficios del juicio por jurado’ como uno de los principales agravios de los colonos. Los Fundadores presionaron para consagrar en la Constitución el derecho a impedir que el nuevo Congreso creara foros especiales para adjudicar sanciones civiles como El Parlamento y el Rey lo habían hecho».
Jarkesy también recibió el apoyo del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y del multimillonario Mark Cuban en un escrito amicus curiae presentado ante la Corte Suprema.
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