La Corte Suprema acordó esta mañana considerar si dos inmigrantes ilegales detenidos, por más de 6 meses, tienen derecho a una audiencia de fianza.
Los no ciudadanos entraron ilegalmente a Estados Unidos y afirmaron tener un temor bien fundamentado sobre la posible persecución que enfrentarían en sus países de origen.
La decisión de conocer los dos casos se produjo después de que el 29 de junio la Corte Suprema dictaminara, en una votación 6-3, según la cual los extranjeros ilegales previamente deportados que se enfrentan de nuevo a la deportación y que alegan el temor a la persecución o la tortura si son devueltos a sus países de origen pueden ser detenidos indefinidamente por el gobierno, como informó anteriormente The Epoch Times.
Anteriormente, el juez Samuel Alito escribió la opinión del tribunal en el caso, Johnson contra Guzmán Sánchez. No permitir que las personas que ya han sido deportadas pidan la libertad bajo fianza tiene sentido, escribió Alito en su momento: «Los extranjeros que volvieron a entrar en el país ilegalmente después de la expulsión han demostrado su voluntad de violar los términos de una orden de expulsión, y por lo tanto pueden ser menos propensos a cumplir con la orden restablecida».
Las peticiones de certiorari, o revisión, en los dos casos separados fueron concedidas el 23 de agosto. Los recursos son Johnson contra Arteaga-Martínez, expediente judicial 19-896, y Garland contra González, expediente judicial 20-322. Tae D. Johnson es director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Merrick Garland es el fiscal general de los Estados Unidos.
Según documentos judiciales, Esteban Alemán González es ciudadano mexicano. Anteriormente se ordenó su deportación y expulsión de Estados Unidos y luego volvió a ingresar al país ilegalmente. Se descubrió que tenía un temor razonable de persecución en su país de origen, pero fue detenido. Pidió a los jueces de inmigración que revisaran su detención, pero se negaron.
Antonio Arteaga-Martinez también es ciudadano mexicano. Él «admite que ha entrado a Estados Unidos sin inspección en cuatro ocasiones», dice la petición del gobierno.
En ambos casos, la Corte Suprema considerará si después de seis meses de detención un extranjero tiene derecho, según la ley federal, a una audiencia de fianza en la que el gobierno debe demostrarle a un juez de inmigración que sobre el extranjero pesa un riesgo de fuga o es un peligro para la comunidad.
En el caso González, el tribunal también considerará si la ley federal otorga a los tribunales jurisdicciones para otorgar medidas cautelares a los miembros de una clase en un litigio colectivo.
The Epoch Times se puso en contacto con el procurador general interino, Brian H. Fletcher, en busca de comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.
Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.
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