La segunda ejecución federal de esta semana tuvo lugar en Indiana después de que la Corte Suprema diera luz verde.
Wesley Ira Purkey, de 68 años, que fue condenado en 2003 por violar y asesinar a una chica de 16 años, fue ejecutado a las 8:19 a.m. en el Complejo Correccional Federal en Terre Haute, Indiana.
Los abogados de Purkey afirmaron que sufre de demencia y esquizofrenia, lo que le hace incapaz de entender su castigo.
Pero sus últimas palabras incluyeron una disculpa a la familia de su víctima.
«Lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que causé a la familia de Jennifer. Lo siento profundamente», dijo.
«Lamento profundamente el dolor que le he causado a mi propia hija a quien amo tanto».
La ejecución estaba prevista para el miércoles pero la jueza de la Corte de Distrito de EE.UU. Tanya Chutkan, nominada por el presidente Barack Obama, emitió una orden preliminar.
Chutkan dijo que los abogados de Purkey habían «demostrado la probabilidad de éxito de su demanda, [en la cual se solicitaba] una audiencia de competencia», y que él sufriría un daño irreparable si no le concedían dicha audiencia.
En una breve orden, la mayoría de los jueces dijeron que la solicitud de suspensión de la orden preliminar fue aceptada, anulando la decisión de la magistrada.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y el presidente de la Corte Suprema John Roberts, todos nominados por presidentes republicanos, fueron la mayoría. También dictaminaron a principios de semana que la ejecución de un asesino supremacista blanco por parte del gobierno podía seguir adelante.
Dicha ejecución, llevada a cabo el martes, fue la primera ejecución federal en 17 años.
En una disidencia, el juez Stephen Breyer, a quien se unió la magistrada Ruth Bader Ginsburg, argumentó que la ejecución de Daniel Lewis Lee esta semana «reveló la inherente arbitrariedad de la pena de muerte».
Breyer dijo que el co-acusado de Lee fue condenado a cadena perpetua y no a la pena de muerte, a pesar de haber cometido el mismo crimen.
En otra disidencia independiente, la magistrada Sonia Sotomayor, a la que se unieron los magistrados Ginsburg, Breyer y Elena Kagan, atacó las presentaciones de los fiscales del gobierno, alegando que no era probable que hubieran tenido éxito si la Corte Suprema no hubiera intervenido.
Breyer, Sotomayor, Ginsburg y Kagan fueron elegidos por presidentes demócratas.
Janita Kan contribuyó a la elaboración de este artículo.
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