La Corte Suprema de Arizona dictaminó el lunes que dos congresistas republicanos y un representante estatal deben permanecer en la boleta electoral de noviembre. El dictamen se dio después de que opositores afirmaron que no eran elegibles para la reelección porque participaron activamente en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.
En su fallo de cuatro páginas del lunes, el tribunal confirmó una decisión de un tribunal inferior que determinó que solo el Congreso tenía el poder de invocar una ley de 150 años que podría usarse para descalificar a los representantes de EE.UU. Paul Gosar (R- Ariz.) y Andy Biggs (R-Ariz.) y al representante estatal Mark Finchem, republicano, si habían «participado en una insurrección o rebelión».
La sentencia formaba parte de una demanda presentada contra los legisladores de Arizona por personas que esperaban utilizar una ley del siglo XIX, adoptada después de la Guerra Civil, para impedir que ocuparan sus cargos según la Constitución de Estados Unidos.
Los 11 demandantes, todos ciudadanos individuales de Arizona, fueron representados por abogados de Free Speech for People (FSP), una organización no partidista y sin fines de lucro con sede en Austin, Texas, que se describe como un «líder catalizador… que desafía las grandes sumas de dinero en la política se enfrenta a la corrupción en el gobierno y lucha por unas elecciones libres y justas», entre otras cuestiones.
Los demandantes apelaron la decisión del juez de la Corte Superior del condado de Maricopa, Christopher Coury, de desestimar el caso el mes pasado, pero el tribunal determinó el lunes que solo el Congreso tenía el poder de descalificar a los funcionarios electos y no un ciudadano privado.
“Observamos que la Sección 5 de la Decimocuarta Enmienda parece delegar expresamente al Congreso la autoridad para idear el método para hacer cumplir la Cláusula de Inhabilitación”, escribió el tribunal en su fallo, firmado por el presidente del Tribunal Supremo, Robert Brutinel, “lo que sugiere que A.R.S. § 16-351(B) no proporciona un derecho privado de acción para invocar la cláusula de descalificación contra los candidatos”.
Los demandantes afirmaron que Finchem, que ahora busca el puesto de secretario de estado en las elecciones de noviembre, participó activamente en el ataque al Capitolio del 6 de enero y coordinó sus acciones con Gosar y Biggs.
“Finchem participó en esfuerzos para intimidar al Congreso y al vicepresidente para que rechazaran votos electorales válidos y para subvertir la función constitucional esencial de una transición de poder ordenada y pacífica”, escribieron en su denuncia.
“Finchem participó en el ataque del 6 de enero al estar en estrecho contacto con los planificadores de la Protesta Salvaje, incluso durante todo el día del 6 de enero, y al participar en el ataque con el conocimiento previo de que era muy probable que condujera al ataque”, decía la denuncia.
“Finchem promocionó los eventos del 6 de enero con anticipación. Coordinó muchos de sus esfuerzos con los representantes estadounidenses Paul Gosar y Andrew Biggs, y acordó con ellos un plan para primero deslegitimar, luego desafiar y finalmente anular las elecciones presidenciales de 2020”, continuó la denuncia.
Los tres legisladores han negado haber actuado mal.
“Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, o elector de presidente y vicepresidente, ni ocupará ningún cargo, civil o militar, en Estados Unidos o en cualquier estado, que, habiendo prestado previamente juramento para apoyar el Constitución de Estados Unidos, se haya involucrado en una insurrección o rebelión contra la misma, o haya brindado ayuda o consuelo a sus enemigos”, dice la demanda, citando la Cláusula de Inhabilitación. “Pero el Congreso puede, por el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar dicha inhabilitación”.
Gosar recurrió a Twitter para anunciar el fallo de la corte el lunes, escribiendo que “los demócratas pierden nuevamente y ahora tienen que tratar de ganarnos en las urnas”. Agregó: “Gana la libertad de expresión, no hay ‘insurrección’ ni cláusula de descalificación”.
Free Speech for People, que ha llevado casos contra otras figuras republicanas prominentes, incluidos los representantes Madison Cawthorne (R-N.C.) y Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), respondió el lunes a la decisión de la corte.
En una declaración al Washington Examiner, el grupo dijo: “La decisión de la Corte Suprema de Arizona traiciona el propósito fundamental de la Cláusula de Descalificación insurreccional de la Enmienda 14 y da un pase a la violencia política como una herramienta para interrumpir y anular elecciones libres y justas”.
De manera similar al fallo del tribunal inferior, el tribunal superior no abordó las acusaciones sobre las acciones de los legisladores el 6 de enero de 2021.
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