La Corte Suprema de EE. UU. tiene previsto escuchar el 16 de octubre los alegatos orales sobre si la Agencia Federal de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) se extralimitó en sus competencias a la hora de regular la contaminación del agua.
San Francisco alega que la EPA la expone a un riesgo injusto de sanciones al no especificar la cantidad de material que sus instalaciones de tratamiento de aguas residuales pueden verter al océano. Al establecer normas más genéricas, añade su petición a la corte, la agencia tampoco ha respetado la Ley de Agua Limpia (CWA), que es la base de la autoridad de la EPA en este ámbito.
«La EPA puede entablar acciones judiciales solicitando sanciones civiles de más de 66,000 dólares al día por cada infracción del permiso, así como medidas cautelares», decía su petición. Añadía que «para los municipios, los costes de las medidas cautelares en los casos de aplicación de la CWA suelen ascender a cientos de millones o miles de millones de dólares».
San Francisco contra la EPA es uno de los primeros casos importantes de regulación de los que se ocupa la corte en el nuevo mandato. Justo una semana antes de los alegatos orales, la corte declinó la oportunidad de detener la normativa de la agencia que limita las emisiones de mercurio y metano. Más adelante, se espera que la corte vea un caso de regulación relacionado con el intento del Departamento de Energía de autorizar el almacenamiento temporal de residuos nucleares.
La EPA ha respondido a los argumentos de San Francisco diciendo a la Corte Suprema que los requisitos establecidos en su permiso para la ciudad no eran vagos, sino necesarios para cumplir las normas de calidad del agua.
El permiso de la agencia contiene una limitación numérica del efluente, o vertido tratado, para tiempo seco y requisitos para la gestión de las instalaciones de aguas residuales durante el tiempo húmedo, que la EPA califica en función de ciertas condiciones que se dan como consecuencia de la lluvia.
Para reforzar sus alegaciones de vaguedad, San Francisco se remitió a un comentario de la EPA en el que afirmaba que sus requisitos sobre clima húmedo «de forma aislada no alcanzarán necesariamente los estándares de calidad del agua».
En cambio, la agencia remitió a San Francisco al Código de Aguas de California y dijo que el vertido de aguas residuales no debe crear el tipo de «polución, contaminación o molestia» que define el código. San Francisco señaló a la Corte Suprema que, según el código estatal, la contaminación incluye el hecho de afectar a las aguas de forma no razonable, de manera que disminuyan los usos beneficiosos.
«Como resultado», dijo San Francisco, «el cumplimiento por parte de la ciudad de esta segunda prohibición depende de si, después de los hechos, se determina que el vertido de la ciudad afectó injustificadamente a uno de los amplios usos beneficiosos del Océano Pacífico, como la recreación».
En su defensa, la EPA dijo que su permiso establecía características específicas de calidad del agua, como no permitir que las partículas flotantes de grasa y aceite fueran visibles, así como no permitir que el nivel de pH del agua afectada cambiara «en ningún momento más de 0.2 unidades del que se produce de forma natural».
La agencia añadió que el código de California incluye aclaraciones como la definición de molestia como cualquier cosa que «sea perjudicial para la salud, o sea indecente u ofensiva para los sentidos, o una obstrucción al libre uso de la propiedad».
Es probable que los argumentos orales incluyan un debate sobre lo específica que debe ser la EPA para satisfacer su responsabilidad en virtud de la CWA, así como sobre la forma en que los tribunales inferiores se han pronunciado sobre la cuestión.
La impugnación de San Francisco se produce después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. dictaminara que los requisitos más genéricos de la EPA se ajustaban a lo exigido por el Congreso. La decisión del Noveno Circuito, según San Francisco, entró en conflicto con una decisión de 2015 en la que la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito falló en contra de una regulación igualmente genérica de la EPA.
La petición de San Francisco argumenta que las decisiones de apelación crearon lo que se conoce como una división de circuito, o el tipo de desacuerdo entre los tribunales de apelación que normalmente lleva a la Corte Suprema a considerar cuestiones jurídicas más amplias.
La EPA ha mantenido que su normativa se ajusta a la opinión del Segundo Circuito porque la agencia detalló el tipo de normas de calidad del agua que debe cumplir San Francisco.
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