El próximo período de sesiones de la Corte Suprema de Estados Unidos está programado para comenzar el lunes, y una serie de casos importantes le esperan —incluyendo algunos que podrían amenazar a las agencias reguladoras federales, así como los esfuerzos dirigidos a los contenidos en las plataformas de redes sociales.
Segunda enmienda
La corte acordó retomar el caso de Estados Unidos vs. Rahimi, que podría determinar si una ley federal que pone restricciones a las personas sujetas a órdenes de alejamiento por violencia doméstica viola la Segunda enmienda de la Constitución de EE. UU.
El caso involucra a un hombre de Texas, Zackey Rahimi, acusado de posesión ilegal de armas cuando estaba sujeto a una orden de alejamiento por violencia doméstica tras agredir a su novia. Rahimi impugnó la ley tras ser acusado en virtud de ella en 2021.
La Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, declaró en febrero que la ley de 1994 era inconstitucional en una sentencia que se aplicó a Texas, Luisiana y Mississippi. El 5º Circuito había respaldado inicialmente la ley, pero retiró su opinión tras la histórica sentencia de la Corte Suprema sobre la Segunda enmienda del año pasado.
Casos de redes sociales
La semana pasada, la Corte Suprema acordó decidir sobre la legalidad de las leyes estatales respaldadas por los republicanos en Texas y Florida que limitan la capacidad de las empresas de redes sociales para frenar el contenido en sus plataformas de aquellas actividades que consideran objetables.
Los jueces se ocuparon de dos casos en los que grupos de la industria de tecnología impugnaron estas leyes de 2021 que restringen las prácticas de moderación de contenidos de las grandes plataformas de redes sociales, alegando que violan la protección de la libertad de expresión consagrada en la Primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Los tribunales inferiores se dividieron en la cuestión, anulando disposiciones clave de la ley de Florida y confirmando la medida de Texas.
La administración del presidente Joe Biden había manifestado a los jueces en un escrito que los casos merecían ser revisados porque las leyes estatales menoscababan los derechos de las compañías.
En mayo de este año, una mayoría de 5-4 de la Corte Suprema impidió que Texas aplicara la ley. La decisión se tramitó por la vía de urgencia y no se emitió ninguna opinión.
El juez Samuel Alito, en un voto en contra, escribió entonces que «no es en absoluto obvio cómo nuestros precedentes existentes, que son anteriores a la era de Internet, deben aplicarse a las grandes empresas de redes sociales». A él se unieron los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch en el caso tramitado de emergencia.
Agencias reguladoras federales
Un caso cuestiona la financiación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, y si el máximo tribunal falla en contra del gobierno, algunos analistas han dicho que podría limitar el poder de otras agencias federales independientes, como el Servicio Federal.
El caso, Consumer Financial Protection Bureau vs. Community Financial Services Association of America, es una apelación de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que sostiene que el uso por parte de la agencia del Sistema de la Reserva Federal para financiar sus operaciones viola la cláusula de separación de poderes de la Constitución de Estados Unidos.
En este caso, se espera una sentencia para finales de junio. La mayoría conservadora de 6-3 de la Corte ha limitado el poder regulador de las agencias federales en una serie de fallos en los últimos años.
A la vez, otro caso pone en tela de juicio la legalidad de los jueces de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que deciden casos de fraude de valores. Anteriormente, esos casos eran competencia del poder judicial, no del poder ejecutivo.
Un caso distinto apunta contra la administración estadounidense estatal. Fue presentado por cuatro empresas pesqueras de la costa este, que se oponen a una norma que les obliga a pagar por monitores de barco para registrar sus capturas. Ellos argumentan que no está claro si la ley federal permite al Departamento de Comercio imponer tal norma a los pescadores.
La representante Nancy Mace (R-S.C.) en una fotografía de archivo. (Allison Joyce/Getty Images)
Casos electorales
A principios de este año, la Corte Suprema acordó abordar otro caso de redistribución de distritos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, esta vez en Carolina del Sur. Una corte inferior dictaminó que el estado debe rediseñar su mapa del Congreso porque un distrito fue rediseñado intencionalmente para reducir el número de votantes negros de tendencia demócrata.
La demanda cuenta con el respaldo de varios grupos de izquierda, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. El estado apeló el fallo del tribunal inferior ante la Corte Suprema.
Ese distrito que podría verse afectado está actualmente ocupado por la representante Nancy Mace (R-S.C.), una republicana que rápidamente ganó un perfil nacional, pero que venció por poco a su oponente Joe Cunningham, un demócrata, en 2020.
Casos de Trump
Cuestiones electorales aún más importantes podrían llegar pronto a la corte, ya que varios jueces federales han evaluado un puñado de apelaciones relacionadas con las imputaciones contra el expresidente Donald Trump en las cortes federales de Washington y Florida, así como en las cortes estatales de Nueva York y Georgia. No está claro si alguna vez se le pedirá a la corte Suprema que emita una decisión sobre los casos.
Además, como el presidente Trump mantiene su ventaja sobre otros candidatos presidenciales republicanos, algunos grupos de activistas han presentado demandas en varios estados para mantenerlo fuera de las urnas, alegando que la cláusula de insurrección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, escrita después de la Guerra Civil, le prohíbe hacerlo. Algunos analistas legales dicen que los argumentos para bloquear al expresidente son débiles. Por su parte, varios secretarios de Estado, incluida la demócrata de Michigan Jocelyn Benson, han dicho que no tomarán ninguna medida para impedir que aparezca en las boletas electorales de 2024.
Con información de Reuters.
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