Los residentes del Distrito de Columbia no tienen derecho a la representación electoral en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dictaminó la Corte Suprema, confirmando la decisión de un tribunal inferior.
El fallo se produjo después que la Cámara de Representantes aprobara en abril una ley para convertir al Distrito de Columbia en el estado número 51, pero el proyecto se estancó en el Senado. Los demócratas apoyan la medida argumentando que todos los ciudadanos de Estados Unidos deben estar representados en el Congreso. Los republicanos se oponen porque dicen que los autores de la Constitución no querían que en particular D.C. se convirtiera en un estado y porque los dos senadores del nuevo estado serían casi con toda seguridad demócratas para la ciudadela del Partido Demócrata.
El caso es Castañón vs. Estados Unidos, expediente judicial 20-1279. El fallo, que confirma sumariamente una decisión de un tribunal inferior, se produjo el 4 de octubre. No hubo argumentos orales.
En la breve resolución no firmada, los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch indicaron que desestiman la apelación por falta de jurisdicción y no dieron más detalles.
El alto tribunal hizo referencia a Adams v. Clinton, una decisión que dictó en el año 2000. En esa decisión anterior, el tribunal sostuvo que el Distrito de Columbia no era un estado y, por lo tanto, no tenía derecho a la representación en el Congreso en virtud del artículo I, sección 8, de la Constitución.
Refiriéndose a la capital de la nación, que en el momento de la ratificación de la Constitución en 1788 aún no había sido creada, esa disposición otorgaba al Congreso el poder de «ejercer la Legislación exclusiva en todos los Casos, sobre el Distrito (que no exceda de diez millas cuadradas) que pueda por Cesión de Estados Particulares y la Aceptación del Congreso de convertirse en la Sede del Gobierno de Estados Unidos».
Aunque el presidente Joe Biden apoya la estadidad del Distrito de Columbia, su administración instó a la Corte Suprema «a que se desestime el recurso o, alternativamente, a que se confirme la orden del Tribunal de Distrito».
Los peticionarios, un grupo de residentes de Washington liderados por Angelica Castañon, argumentaron previamente en su demanda ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia que la continua denegación del derecho al voto, que «es fundamental según nuestra Constitución», «viola las garantías constitucionales de igualdad de protección, el debido proceso y el derecho constitucional de asociación».
En marzo del año pasado, un panel de tres jueces del Tribunal de Distrito falló en contra de los residentes.
«Reconocemos que muchos, incluso la mayoría, consideran profundamente injusta la falta de derecho de voto de los residentes del Distrito y hemos considerado muy seriamente cada aspecto de las reclamaciones de los demandantes, pero nuestro fallo de hoy se ve obligado por los precedentes y por la propia Constitución», dice el dictamen.
Sin embargo, los residentes de Washington no están completamente excluidos del autogobierno. Existe la elección de un Consejo de Distrito que se ocupa de los asuntos cotidianos del gobierno local, sujeto a la posibilidad de que ambas cámaras del Congreso aprueben una resolución conjunta de desaprobación, algo que rara vez ocurre. La 23ª Enmienda a la Constitución, ratificada en 1961, otorgó al Distrito 3 votos en el colegio electoral en las elecciones presidenciales.
La delegada Eleanor Holmes Norton (D.C.), miembro sin derecho a voto de la Cámara de Representantes, dijo estar «decepcionada» por el fallo de la Corte Suprema.
Sin embargo, dijo en una declaración que «el fallo no tiene ninguna relación con la constitucionalidad de la condición de estado de D.C., que daría a los residentes de D.C. representación con derecho a voto en la Cámara y el Senado y pleno control sobre sus asuntos locales. De hecho, el panel de tres jueces se refirió expresamente a la estadidad como un remedio para los residentes de D.C.».
«En 2016, los residentes de D.C. votaron abrumadoramente a favor de la estadidad y la Cámara aprobó mi proyecto de ley de estadidad de D.C. dos veces desde junio de 2020. Tenemos un apoyo récord para la estadidad de D.C. en el Senado y nunca hemos estado más cerca de la estadidad».
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