La Corte Suprema del Estado de Louisiana rechazó una solicitud de emergencia de los proveedores de aborto el 12 de agosto, permitiendo que la prohibición del aborto a nivel estatal continúe.
Los estados han estado tramitando una ola de desafíos legales presentados por activistas y proveedores de servicios de aborto después de la sentencia de la Corte Suprem de Estados Unidos del 24 de junio, que anuló el precedente fallo del caso Roe vs. Wade de 49 años de antigüedad y devolvió la regulación del aborto a los estados.
Desde 2006, Louisiana tiene en vigor una legislatura definida en los libros como ley gatillo, de aplicación automática, que entró en vigor cuando se anuló el caso Roe vs. Wade. La ley, una de las muchas restricciones al aborto promulgadas en el estado en los últimos años, prohíbe los abortos excepto cuando la vida de la mujer embarazada está en peligro. Las violaciones de la ley se consideran delitos graves y pueden ser castigadas con 10 años de prisión y una multa de 100,000 dólares.
La ley del aborto de Louisiana fue objeto de repetidas sentencias en los tribunales desde el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. En el curso de estas instancias varios jueces bloquearon la prohibición, permitiendo que los abortos sigan adelante. Un juez estatal bloqueó la ley el 21 de julio, lo que fue anulado por un tribunal superior una semana después.
El 12 de agosto el máximo tribunal de Louisiana aportó algo de seguridad jurídica cuando rechazó (pdf) una solicitud para impugnar la ley estatal, presentada por el proveedor de abortos de Shreveport, June Medical Services LLC, que opera como Hope Medical Group for Women.
Los que impugnan la ley reconocen que el estado puede prohibir los abortos, pero dicen que el estatuto del aborto está plagado de un lenguaje demasiado vago y a veces contradictorio.
Sólo cuatro de los siete jueces participaron en la decisión, que consistió en la frase de tres palabras: «Solicitud de mandato denegada». La corte no motivó su decisión y no se registraron disidencias en el fallo.
El fiscal general de Louisiana, el republicano Jeff Landry, celebró la decisión del tribunal.
«La Corte Suprema de Louisiana denegó el recurso de June Medical», dijo Landry a través de una declaración tras el fallo de la corte.
«El aborto sigue siendo ilegal en Louisiana. Estoy satisfecho con la decisión de la corte y seguiré luchando para acabar con este circo legal».
Un abogado de June Medical indicó que la lucha legal no ha terminado.
«Si bien es decepcionante que cuatro de los siete jueces, sin ninguna explicación escrita, hayan emitido un fallo que efectivamente negará la atención crítica a las mujeres en todo Louisiana, el litigio continúa y estamos seguros de que podemos un cambio significativo como efecto», dijo la abogada Joanna Wright a The Associated Press.
El 19 de julio, Landry llamó la atención del Ayuntamiento de Nueva Orleans, así como del alcalde, el jefe de policía, el fiscal del distrito y el sheriff de la ciudad, quienes se comprometieron desafiantemente a no aplicar las leyes estatales sobre el aborto. Landry instó a que se corten los fondos estatales para proyectos en Nueva Orleans hasta que la ciudad acceda a hacer cumplir las leyes estatales.
«Los funcionarios de Nueva Orleans juraron su cargo para apoyar y hacer cumplir las leyes de nuestro Estado, y sin embargo parecen haber decidido que algunas leyes no merecen ser aplicadas», declaró Landry en aquel momento.
«Nada en los estatutos, la Carta de la Ciudad o la Constitución del Estado permite a estos funcionarios ignorar descaradamente la ley del Estado, conspirar para no hacerla cumplir y violar su juramento al cargo de esta manera. De hecho, nuestra Constitución Estatal prohíbe esta misma conducta», agregó el fiscal general.
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