La Corte Suprema de Michigan dictaminó que las acciones de 2018 de la legislatura del estado para adoptar y luego enmendar dos iniciativas de votación eran inconstitucionales, restableciendo las medidas originales para aumentar el salario mínimo del estado y establecer la licencia por enfermedad remunerada, al mismo tiempo que da a los empleadores un período de introducción gradual para adaptarse a los nuevos requisitos.
En una decisión dividida por 4-3 emitida el 31 de julio, el alto tribunal determinó que la denominada estrategia de «adoptar y enmendar» utilizada por la Legislatura de Michigan violaba la Constitución estatal.
Al intentar a la vez rechazar una iniciativa y eludir al pueblo, la estrategia de «adoptar y enmendar» «frustra» de forma inadmisible el poder que el pueblo se reservó para sí mismo», dice la opinión mayoritaria. «Como hemos sostenido, el poder reservado del pueblo en virtud del artículo 2, § 9, debe ‘salvarse, si es posible’ de la ‘evasión o eludir por parte de la legislatura'».
El caso se deriva de dos peticiones que circularon en Michigan en 2018. Una era para aumentar el salario mínimo a USD 12 por hora para 2022 y eliminar el salario mínimo más bajo para los trabajadores con propinas. La otra era exigir a los empleadores que proporcionen licencia por enfermedad pagada.
La legislatura aprobó inicialmente ambas medidas para evitar que fueran a votación pública, pero luego las enmendó durante la misma sesión, debilitando significativamente las propuestas originales.
«La legislatura votó para modificar las leyes de una manera que alteró drásticamente y prácticamente eliminó los cambios que los votantes buscaban a través del proceso de iniciativa», escribió la mayoría en su opinión.
Normas electorales de Michigan
Según la Constitución del estado de Michigan, cuando se aprueba una petición para la votación, la Legislatura puede aprobarla como ley, dejar que el público vote sobre ella o proponer una versión modificada para que el público vote sobre ella. La Corte Suprema del estado determinó que cuando la Legislatura aprobó y luego modificó las dos propuestas sin una votación pública, violó el Artículo 2, § 9 de la constitución del estado.
La Corte Suprema del estado revocó las sentencias de las cortes inferiores y ordenó que se restablezcan las versiones originales de las leyes, según lo propuesto por las peticiones de 2018, con un período de transición de 205 días para permitir que los empleadores cumplan.
La presidenta de la Corte Suprema, Elizabeth Clement, junto con los jueces David Viviano y Brian Zahra, disintieron. Argumentaron que el poder de la Legislatura para enmendar las leyes no está explícitamente restringido por la constitución estatal.
«La mayoría no ha justificado su afirmación de que el artículo 2, § 9 permite a la Legislatura modificar una ley propuesta en una petición de iniciativa después de promulgarla, pero que la Legislatura no puede modificarla en la misma sesión legislativa», escribió la presidenta Clement en su voto en contra. «Por lo tanto, se permitió a la Legislatura enmendar la Ley de Salarios y la Ley de Tiempo de Enfermedad Ganado en la misma sesión legislativa».
La disidencia de Zahra fue más allá, acusando a la mayoría de extralimitarse en su función judicial no solo al anular las enmiendas legislativas, sino también al revivir —e incluso alterar— las iniciativas originales de 2018.
Por ejemplo, la corte reajustó los aumentos salariales para que comenzaran 205 días después de la publicación del dictamen, como si ese día fuera el 1 de enero de 2019, y vinculó los futuros aumentos salariales a este calendario ajustado, al tiempo que ordenaba al tesorero del estado que tuviera en cuenta la inflación entre 2018 y 2024.
Zahra alegó que se trataba de una forma de legislación judicial porque creaba un nuevo calendario que nunca formó parte de las iniciativas originales.
«De la forma más clara posible, la corte ejerce el poder legislativo, redactando una nueva legislación que nunca ha sido aprobada por la legislatura ni aprobada por los votantes», escribió Zahra. «Sin un solo voto de apoyo de la legislatura elegida ni de los ciudadanos, esta corte ha redactado ahora la política pública de este estado en materia de salarios mínimos, salarios por propinas y tiempo de enfermedad ganado».
Efectos de la sentencia
La sentencia de la Corte Suprema de Michigan establece una nueva escala de salario mínimo a partir de 2025, con ajustes por inflación. El salario mínimo aumentará gradualmente de 10 dólares más la inflación en 2025, y los trabajadores que reciban propinas ganarán el 48% del mismo. El salario aumentará hasta los 12 dólares más la inflación en 2028, y el salario de los trabajadores con propinas aumentará hasta el 80% del salario mínimo. En 2029, el crédito salarial por propinas se eliminará, y el tesorero del estado se encargará de todos los ajustes por inflación.
La corte también restableció la versión de la iniciativa de 2018 de una ley que regula la licencia por enfermedad remunerada, ordenando a los empleadores que proporcionen hasta 72 horas anuales de licencia por enfermedad remunerada, con un período de transición de 205 días para su cumplimiento.
La Cámara de Comercio de Michigan, firme opositora al fallo, expresó su preocupación por su impacto en las empresas y sus implicaciones para la separación de poderes entre las ramas legislativa y judicial.
«La Cámara de Michigan está frustrada y decepcionada con el activismo de la corte», dijo en un comunicado Jim Holcomb, presidente y consejero delegado de la Cámara de Michigan. «Necesitamos más jueces del Estado de Derecho que defiendan esta separación crítica y no legislen desde el banquillo».
Wendy Block, vicepresidenta sénior de defensa empresarial de la Cámara de Michigan, dijo que las ramificaciones de la decisión se dejarán sentir tanto en el sector de la hostelería como en los trabajadores.
«Es difícil imaginar cómo los restaurantes y establecimientos de hostelería de nuestro estado absorberán un aumento tan grande de sus costes laborales o cómo los empleadores harán los cambios radicales y costosos necesarios en sus políticas de permisos sin recortar drásticamente en otros ámbitos», dijo.
La Cámara pidió a la legislatura y al gobernador que tomen medidas rápidas para mitigar los efectos de la sentencia.
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