La Corte Suprema de Pensilvania acordó este miércoles ocuparse de casos en los que la campaña de Trump está impugnando más de 8300 votos emitidos en las elecciones presidenciales 2020.
En una orden sin firmar (pdf), la corte superior del estado concedió una solicitud hecha por la Junta Electoral del Condado de Filadelfia donde solicitaban a los jueces hacerse cargo de los casos que han sido apelados ante la Corte de la Mancomunidad, una corte de apelaciones de Pensilvania.
La campaña Trump había apelado los casos luego de que un juez de primera instancia denegara cinco peticiones que solicitaban una revisión de la decisión de la junta electoral del condado de contar los votos que podrían tener errores o irregularidades debido a que los votantes no escribieron su nombre o su domicilio en el espacio proporcionado en el sobre exterior.
La corte de primera instancia dijo que la boleta ya contiene el nombre y el domicilio del votante en el sobre exterior preimpreso y que ni escribir en las secciones del nombre ni domicilios son «requisitos necesarios para prevenir el fraude».
“El sobre proporcionado al elector por parte del secretario de estado de la Mancomunidad contiene orientación en forma de checklist en la parte posterior del sobre la cual indica al elector que firme la declaración, pero no hace mención de llenar la fecha u otra información”, afirman las órdenes.
Luego de que la campaña apeló los casos, la Junta Electoral del Condado de Filadelfia pidió a la Corte Suprema del estado que «ejerciera una jurisdicción extraordinaria» porque la impugnación de la campaña no solo afectaría los derechos de solo 8329 votantes de Filadelfia, sino también de los votantes de todo el estado en esta y en futuras elecciones. La junta también argumentó que si no proveen ayuda urgente, eso amenazaría la capacidad de los funcionarios electorales para cumplir con los plazos de presentación de informes y certificación.
Dos de los jueces discreparon en la decisión.
La campaña de Trump enfrenta una ardua batalla en sus impugnaciones legales presentadas en varios estados pendulares destinadas a proteger la integridad y precisión de las elecciones.
Trump y su campaña han expresado abiertamente la necesidad de proteger la santidad de las urnas, argumentando que solo se deben contar los «votos legales». El equipo alega que las boletas enviadas por correo con matasellos del 3 de noviembre pero que fueron recibidas luego del día de las elecciones no deberían contarse y que los votos que se contaron sin que los observadores electorales republicanos estuviesen presentes en los centros de escrutinio también deberían considerarse «votos ilegales». La campaña también está impugnando acusaciones de irregularidades que se produjeron el día de las elecciones o en los votos por correo, como en los casos del condado de Filadelfia.
Esto se produce un día después de que la Corte Suprema de Pensilvania decidiera revocar una decisión de una corte estatal inferior que garantizaba a los observadores electorales republicanos el derecho a ver los recuentos de votos desde una distancia de no más de seis pies.
En una decisión de 5-2, la corte dijo que el código electoral del estado no establece una distancia mínima en la que los observadores electorales deban estar para poder observar el recuento de votos y cumplir con los requisitos de las leyes. La mayoría agregó que si la corte impone un requisito de distancia, como hizo la corte inferior, estaría reescribiendo incorrectamente el estatuto.
Este caso se cita In Re: Canvass of absentee and mail-in ballots (89-93 EM 2020).
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