La Corte Suprema de Pensilvania emitió el lunes un dictamen largamente previsto sobre un caso centrado en el uso de Medicaid financiado por el estado para pagar el aborto, reconociendo que la «autonomía reproductiva» es un derecho fundamental garantizado por la constitución del estado.
La sentencia declaró que la Ley de Control del Aborto de 1982, una ley de Pensilvania que prohíbe utilizar Medicaid para sufragar los costos del aborto, viola la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) de la Constitución del estado, de la cual no existe un equivalente en la Constitución de Estados Unidos.
«El derecho fundamental de la mujer a decidir si quiere o no dar a luz no está subordinado a consideraciones políticas favorecidas por legislaturas transitorias», dice la opinión mayoritaria, redactada por la jueza Christine Donohue. «Concluimos que la Constitución de Pensilvania garantiza el derecho fundamental a la autonomía reproductiva, que incluye el derecho a decidir si abortar o llevar un embarazo a término».
La demanda inicial contra la Ley de Control del Aborto fue presentada en enero de 2019 por un grupo de siete operadores de clínicas de aborto del estado. Según la ley de 1982, Medicaid solo se puede utilizar para pagar abortos en muy pocos casos, como violación o incesto, o para evitar la muerte de la mujer embarazada.
En su demanda, los proveedores de servicios de aborto argumentaron que la restricción de Medicaid discrimina a las mujeres por motivos de sexo, una violación de la ERA de Pensilvania, que establece que “la igualdad de derechos bajo la ley no se reducirá (…) debido al sexo del individuo».
En 2021, la Corte de la Mancomunidad desestimó la petición y la coalición proaborto apeló ante la Corte Suprema del estado. Los magistrados de la corte superior escucharon argumentos orales en octubre de 2022, apenas unos meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera fin a la protección del aborto a nivel federal, dejando, en cambio, que los estados decidan cómo regular el aborto.
En la opinión del lunes, los cinco jueces que decidieron el caso fallaron a favor de los demandantes de la ley del aborto, aunque tres de ellos escribieron ambas, una opinión concurrente y una disidente. El juez Kevin Brobson, uno de los dos únicos republicanos designados por la corte, se unió a la corte después de que se discutió el caso, pero no participó en la decisión.
“El derecho a la autonomía reproductiva, al igual que otros derechos a la privacidad, es fundamental”, escribió el juez Donohue en nombre de la mayoría.
Según la Constitución de Pensilvania, según el juez, el gobierno no tiene la obligación de apoyar el ejercicio de tales derechos por parte de nadie en forma de ayuda médica financiada con fondos públicos. Pero si el gobierno decide hacerlo, debe hacerlo de manera no discriminatoria de conformidad con la ERA.
“Sin embargo, una vez que el gobierno decide brindar atención médica a los indigentes, incluida la atención necesaria durante el embarazo para aquellas mujeres que ejercen su derecho a la autonomía reproductiva y deciden llevar un embarazo a término, el gobierno está obligado a mantener la neutralidad para no invadir el derecho constitucional a la plena autonomía reproductiva, que incluye el derecho a interrumpir un embarazo”, escribió a continuación.
La presidenta de la Corte Suprema, Debra Todd, y el juez Kevin Dougherty discreparon de la resolución de la cuestión de si la Constitución de Pensilvania garantiza el derecho al aborto.
La jueza Sallie Mundy estuvo de acuerdo. “Este caso no se trata del derecho de nadie a abortar”, escribió en su propia opinión. “Se trata de un supuesto derecho a obtener dinero de los contribuyentes para pagarlo”.
El fallo no resolvió el caso. En cambio, devuelve el caso a la Corte de la Mancomunidad y le ordena que reconsidere las cuestiones constitucionales.
Los abortos siguen siendo legales en Pensilvania después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dijera que ya no reconoce el derecho constitucional federal al aborto.
En noviembre pasado, la cámara baja de la Legislatura de Pensilvania, controlada por los demócratas, aprobó un proyecto de ley que busca proteger a quienes viajan a Pensilvania para abortar. La medida impediría que los funcionarios públicos de Pensilvania, donde el aborto es legal hasta las 24 semanas, cooperen con las autoridades de otros estados que intentan hacer cumplir su prohibición del aborto fuera del estado.
Más de una docena de estados liderados por demócratas han adoptado medidas similares desde la histórica decisión de la Corte Suprema de 2022, que permitió que las prohibiciones del aborto en al menos 14 estados volvieran a entrar en vigor en el año siguiente.
Hasta 2024, un total de 38 estados han ratificado una ERA, el número mínimo de estados necesarios para convertirla en ley nacional. Los tres estados más recientes en ratificar la ERA son Nevada (2017), Illinois (2018) y Virginia (2020).
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