La Corte Suprema de Texas dictaminó el 11 de marzo que los funcionarios estatales no tienen la autoridad para hacer cumplir la prohibición del aborto de seis semanas del estado, lo que efectivamente pone fin al desafío legal federal de las clínicas de aborto a la ley.
La Ley de Latidos del Corazón de Texas, también conocida como Proyecto de ley del Senado 8 (SB 8), prohíbe los abortos luego que se detecta un latido del corazón–generalmente alrededor de seis semanas luego de la concepción–a menos que exista una emergencia médica. No tiene excepción para los embarazos por incesto o violación.
La ley tiene un mecanismo de aplicación único, de modo que los funcionarios estatales no tienen ningún papel en hacerla cumplir, pero los ciudadanos privados pueden presentar demandas contra cualquier persona que presuntamente «ayuda y es cómplice» en un aborto que viola la ley. La excepción es para las personas que causaron el embarazo por incesto o violación, quienes no pueden presentar tales demandas. Debido a que ningún funcionario estatal está involucrado en hacer cumplir la ley, a los proveedores de servicios de aborto les ha resultado difícil presentar desafíos legales contra individuos particulares.
El tribunal superior de Texas tiene nueve jueces, todos republicanos. El 11 de marzo dictaminó que los funcionarios estatales de licencias médicas no tienen autoridad para hacer cumplir la ley.
“El Tribunal concluyó que la ley de Texas no autoriza a los ejecutivos de las agencias estatales a hacer cumplir los requisitos de la Ley, ya sea directa o indirectamente”, escribieron (pdf). El fallo significa que los proveedores de servicios de aborto no pueden demandar a los funcionarios estatales para impugnar la prohibición del aborto en Texas, lo que efectivamente pone fin a la impugnación legal.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, republicano, elogió el acontecimiento.
“Esta medida, que ha salvado a miles de bebés por nacer, sigue plenamente vigente, y la demanda de los demandantes pro-aborto contra el estado está esencialmente terminada”, dijo en Twitter. “¡TEXAS ES PRO-VIDA!”
El grupo pro-vida Texas Right to Life calificó la decisión como una “gran victoria” para el estado.
“Hemos dicho desde el principio que la demanda de los abortistas debe ser desestimada, y estamos agradecidos de que la ley siga salvando miles de vidas”, dijo en un comunicado Kimberlyn Schwartz, directora de medios de la organización.
Nancy Northup, directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, una organización que representa a los proveedores de servicios de aborto en el caso, dijo en un comunicado: “Con este fallo, la parte de este caso que nos quedaba se fue”.
Dijo que la prohibición del aborto de seis semanas es “inconstitucional” y “continúa sin control en el estado de Texas”, y agregó: “Los tribunales han permitido que Texas anule un derecho constitucional”.
El fallo de la Corte Suprema de Texas es una cuestión de procedimiento judicial y no se centró en si la prohibición del aborto es constitucional.
Cuando la prohibición del aborto entró en vigencia el 1 de septiembre de 2021, la Corte Suprema de los EE. UU. rechazó un intento de bloquear la medida en un fallo de 5 a 4 el mismo día.
Whole Woman’s Health, que opera cuatro clínicas de aborto en Texas, así como otras clínicas en otros cinco estados, presentó una demanda para anular la ley. Whole Woman’s Health también cuestionó el singular mecanismo de aplicación de la ley de Texas.
La Corte Suprema escuchó los argumentos orales en el caso el 1 de noviembre de 2021. La corte se negó a suspender la ley y desechó la mayoría de los argumentos en contra de la ley, pero permitió que continuara el desafío limitado contra ciertos funcionarios estatales de licencias, dictaminando que podría tener autoridad indirecta para hacer cumplir el S.B. 8.
El 16 de diciembre de 2021, el juez de la Corte Suprema, Neil Gorsuch, devolvió la impugnación a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los EE. UU., que envió el caso a la Corte Suprema de Texas, a pedido de los funcionarios de Texas, quienes argumentaron que eran inmunes a la demanda ya que la ley no les da autoridad para hacerla cumplir. En una votación de 2 a 1, el panel de la corte del 5to Circuito le pidió a la Corte Suprema de Texas que interpretara el S.B. 8 y determinara si los funcionarios estatales son los acusados apropiados según la ley estatal.
El tribunal de Texas escribió el 11 de marzo: “El Proyecto de Ley 8 del Senado establece que sus requisitos podrían hacerse cumplir mediante una acción civil privada, que ningún funcionario estatal podría iniciar o participar como parte en dicha acción, que dicha acción es el medio exclusivo para hacer cumplir los requisitos, y que estas restricciones se aplican sin perjuicio de cualquier otra ley”.
“Hemos estado luchando contra esta prohibición durante seis largos meses, pero los tribunales nos han fallado”, dijo Whole Woman’s Health en un comunicado. El grupo dijo que los estados vecinos están “a punto de aprobar prohibiciones similares”, lo que dificulta que las personas en Texas obtengan “atención abortiva”. Dijo que el S.B. 8 es “insostenible y cruel” y que las personas en Texas “merecen acceso a servicios de aborto”.
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