La ley de Texas que prohíbe a los médicos realizar cirugías de cambio de sexo a los niños no viola la Constitución de Texas, dictaminó el 28 de junio la Corte Suprema del estado.
«La legislatura tomó una decisión política racional y permisible para limitar los tipos de intervenciones médicas disponibles para los niños, en particular a la luz de la relativa incipiente aparición tanto de la disforia de género como de sus diversos modos de tratamiento y la autoridad constitucional expresa en la legislatura para regular esta práctica de la medicina. Por lo tanto, concluimos que la ley no priva inconstitucionalmente a los padres de sus derechos médicos o de la salud», escribió para la mayoría Rebecca Huddle, magistrada de la Corte Suprema de Texas.
La ley en cuestión prohíbe una serie de procedimientos y medicamentos para los niños que creen que son o podrían ser de un género diferente, incluida la castración y las hormonas. Entró en vigor en septiembre de 2023.
La jueza de distrito de Texas, María Cantú Hexsel, dictaminó anteriormente que los padres y los niños que demandaron la ley probablemente prevalecerían en su impugnación. En su sentencia escribió que la ley viola probablemente la Constitución de Texas «al infringir el derecho fundamental de los padres a tomar decisiones sobre el caso, la custodia y el control de sus hijos».
La Corte Suprema de Texas emitió posteriormente una orden en la que rechazaba un intento de bloquear la entrada en vigor de la ley mientras estudiaba el caso.
En la nueva sentencia, la mayoría dijo que no se pronunciaba sobre los tratamientos adecuados para los niños con disforia de género. «La cuestión que estamos llamados a responder es claramente jurídica: si los demandantes en este caso han establecido un derecho probable a la reparación en sus reclamaciones de que la prohibición de la legislatura de ciertos tratamientos para los niños que sufren de disforia de género viola la Constitución de Texas», dijo la jueza Huddle.
Aunque los padres tienen un interés fundamental en cuidar y controlar a sus hijos libres de la interferencia del gobierno, «este interés no es absoluto», según la sentencia.
«Cuando la evolución de nuestra sociedad plantea cuestiones nuevas y antes no consideradas acerca de la línea adecuada entre la autonomía de los padres, por un lado, y la autoridad del poder legislativo para regular la práctica de la medicina, por otro, nuestra Constitución no deja al poder legislativo impotente para dar respuestas», añadió la jueza.
La Constitución de Texas establece que «no se privará a ningún ciudadano de este estado de su vida, libertad, propiedad, privilegios o inmunidades, ni se le privará del derecho de voto en modo alguno, salvo por el debido cumplimiento de la ley del país».
Los demandantes en el caso, sin embargo, no han identificado uno de los intereses protegidos por la Constitución, según la mayoría.
La jueza Huddle también dijo que los legisladores pueden regular los tratamientos médicos tanto para adultos como para niños y que los demandantes buscan «procedimientos y tratamientos médicos relativamente nuevos para una afección médica relativamente recién definida».
En un voto discrepante, la juez Debra Lehrmann indicó que la sentencia «excluye de hecho todas las opciones de tratamiento médico actualmente disponibles» para los niños con disforia de género «bajo el pretexto de que privar a los padres del acceso a estos tratamientos no es diferente de prohibir a los padres que permitan a sus hijos hacerse tatuajes». En su opinión disidente, consideró que la ley era inconstitucional.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la sentencia, afirmando en un comunicado que la Corte confirmaba una ley «que protege a los niños de los peligrosos procedimientos de confusión de género al prohibir los bloqueadores de la pubertad, las hormonas cruzadas y las cirugías mutiladoras en menores».
«Siempre defenderemos a los niños de Texas de estos procedimientos irreversibles», añadió el fiscal general.
Karen Loewy, abogada principal y directora de la práctica de derecho constitucional de Lambda Legal, que ayudó a presentar el caso, dijo en una declaración que el fallo tendría un «impacto devastador» en los niños que se identifican como transgénero y sus familias en Texas.
«En lugar de dejar las decisiones médicas relativas a los niños menores de edad donde pertenecen, con sus padres y sus médicos, la corte aquí ha optado por dejar que los políticos —en flagrante desprecio por el consenso médico abrumador— determinen el curso permitido de tratamiento, amenazando la salud y la vida misma de los jóvenes transgénero de Texas».
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