El 2 de diciembre, la Corte Suprema de EE. UU. escuchó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. defender su decisión de rechazar la solicitud de dos empresas para comercializar productos de vapeo aromatizados.
La apelación tiene su origen en una sentencia judicial dictada durante el gobierno de Biden, que ahora entra en sus últimas semanas en el cargo. El presidente electo Donald Trump, que tomará posesión el 20 de enero de 2025, prometió relajar la regulación a la industria del vapeo, cuyo mercado en 2023 estaba valorado en 28,000 millones de dólares.
El caso es FDA contra Wages y White Lion Investments. La empresa opera como Triton Distribution. La otra empresa en el caso es Vapetasia.
Los partidarios del vaping afirman que los vaporizadores, que simulan a los cigarrillos, ayudan a los fumadores a dejar de fumar cigarrillos. Sin embargo, los detractores afirman que los productos en sí, especialmente las variedades aromatizadas, generan el riesgo de crear adicción a la nicotina entre los jóvenes. Estos productos también se conocen como cigarrillos electrónicos.
En la campaña electoral, Trump dijo: «Volveré a salvar el vaping».
«Salvé los cigarrillos electrónicos con sabores en 2019, y ayudó mucho a la gente a dejar de fumar», escribió en Truth Social el 20 de septiembre.
A principios de 2019, la administración Trump anunció planes para prohibir todos los productos de vapeo con sabor. Pero al año siguiente, la administración en su lugar instituyó una prohibición parcial que eximió a los productos vaping con sabor a mentol y tabaco.
Triton y Vapetasia habían solicitado en 2020 comercializar productos con nombres como «Killer Kustard Blueberry» (Asesino Kustard Arándano) y «Jimmy The Juice Man Peachy Strawberry» (Jimmy el hombre de los jugos Melocotón Fresa). El Gobierno argumenta que están dirigidos al mercado juvenil.
El poder de la FDA para regular los productos de vapeo proviene de la Ley Federal de Control del Tabaco. La FDA hizo una regla en 2016 que determinó que los cigarrillos electrónicos eran productos de tabaco que caían bajo la autoridad de la agencia. La ley exige que los fabricantes de cigarrillos electrónicos obtengan permiso de la agencia para ofrecerlos a la venta al público.
Beneficios frente a riesgos
Las empresas de cigarrillos electrónicos también deben demostrar que sus productos son «adecuados para la protección de la salud pública». Esto significa que deben demostrar que los posibles beneficios para la salud, como la reducción del consumo de productos de tabaco tradicionales, compensan el riesgo de permitir la comercialización de los nuevos productos.
La Corte de Apelación del Quinto Circuito de EE. UU. dictaminó en enero que la actuación de la FDA en este caso contravenía la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La corte determinó que la agencia había rechazado las solicitudes sin tener en cuenta las propuestas de las empresas para desalentar el uso de los productos aromatizados por parte de menores de edad y que, de hecho, había prohibido los productos.
La FDA no está de acuerdo y pide a los jueces que anulen la decisión del Quinto Circuito.
Durante el debate oral del 2 de diciembre, el juez Clarence Thomas dijo al abogado del gobierno Curtis Gannon que las directrices que la agencia había dado a las empresas sobre el cumplimiento de la normativa eran «en realidad un blanco en movimiento» y que, o bien las directrices no eran claras, o bien el gobierno las había cambiado con el tiempo.
Gannon respondió: «Ése es su argumento».
«Pero creo que el punto clave es que sabían por ley que tenían que hacer esta comparación sobre cuáles eran los beneficios con respecto a los fumadores existentes y sopesarlos con los costes potenciales con respecto a los no fumadores y la atracción a los jóvenes», dijo Gannon.
«Sabían que a la FDA le preocupaba el hecho de que los sabores atrajeran a los jóvenes».
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, preguntó si la FDA tiene «la obligación de decirle a la gente lo que tiene que hacer para cumplir» su normativa o si «es simplemente una obligación de no engañar».
Gannon respondió que la ley ya proporciona «el cálculo básico que la FDA iba a aplicar» y «no podemos engañarlos».
Gannon también dijo que el «principal riesgo» en relación con los productos aromatizados es su «extraordinaria popularidad» entre los jóvenes.
La jueza Elena Kagan le dijo al abogado de las compañías, Eric Heyer, que la agencia había sido «completamente franca» sobre las regulaciones relevantes.
«Así que supongo que no veo realmente cuál es la sorpresa aquí, o cuál es el cambio aquí», dijo.
«Básicamente, todo el mundo sabe que los sabores son especialmente peligrosos para que los niños se inicien en el uso de productos para fumar».
Heyer dijo que la FDA trató injustamente a las empresas.
Dijo que la agencia originalmente dijo que «no se requerían estudios específicos» y luego «cambió su posición sobre qué estudios se requerían y, al hacerlo, no consideró los intereses de confianza de los solicitantes en las instrucciones originales y alternativas menos drásticas». La agencia también ignoró los planes de marketing de las empresas y el proceso de comentarios públicos que exige la ley, dijo.
Más adelante en su actual período de sesiones, que comenzó en octubre, la Corte Suprema verá un caso sobre productos de vapeo aromatizados en el que el gobierno dice que el fabricante presentó indebidamente la demanda en la corte equivocada para buscar un resultado favorable.
Después de conceder la petición en FDA vs R.J. Reynolds Vapor Co. el 4 de octubre, la corte programó un argumento oral en el caso para el 21 de enero de 2025.
Sam Dorman contribuyó a este artículo
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