La Corte Suprema se negó el 12 de junio a escuchar los argumentos de Ohio de que la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) impide a los estados, de manera inconstitucional, utilizar los fondos de ayuda relacionados con la pandemia de COVID-19 para compensar recortes fiscales.
Esta es la segunda vez este año que la Corte Suprema rechaza la petición de un estado que impugna una disposición de la ley ARPA relacionada con los impuestos.
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense, dotada con USD 1.7 billones y promulgada por el presidente Joe Biden en marzo de 2021, fue una respuesta a la desaceleración económica asociada a la pandemia de COVID-19. ARPA proporcionó USD 195,000 millones en ayuda a los gobiernos estatales, junto con USD 130,000 millones en ayuda a los gobiernos locales. Ohio aceptó unos USD 5400 millones.
El 17 de enero, la Corte Suprema desestimó un recurso del estado de Missouri que cuestionaba la prohibición de que los estados utilizasen los fondos federales de ayuda en caso de pandemia para compensar reducciones de ingresos estatales, como las atribuidas a recortes fiscales u otros cambios normativos.
La nueva decisión supone una victoria para la administración Biden, que había instado a la corte a rechazar la petición de Ohio.
El caso es Ohio vs. Yellen, expediente 22-880. Janet Yellen fue demandada en su calidad oficial de secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La corte denegó la petición de Ohio en una orden sin firma y no proporcionó las razones de su decisión, que es su práctica habitual cuando rechaza un caso.
El juez Brett Kavanaugh votó a favor de conocer el caso, pero no explicó por qué. Para que la corte escuche una apelación, al menos cuatro de los nueve jueces tienen que votar para conceder la petición.
Ohio presentó la demanda en 2021, después de que 21 fiscales generales de otros estados enviaran una carta (pdf) a Yellen pidiéndole que aclarara que ARPA no impide a los estados usar a su propia discreción sobre cómo gastar los fondos. Entre los estados firmantes se encontraban Georgia, Arizona, Virginia Occidental, Texas y Florida.
En particular, los funcionarios pidieron a Yellen que «tome medidas inmediatas para confirmar que ciertas disposiciones de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (…) no intentan despojar a los Estados de su principal autoridad soberana para promulgar y aplicar una normativa fiscal básica».
El lenguaje de la ley «podría interpretarse en el sentido de negar a los Estados la capacidad de reducir los impuestos de cualquier manera —incluso si proporcionan tal alivio fiscal con o sin la perspectiva de los fondos de ayuda de COVID-19».
Sin «una interpretación más sensata por parte de su departamento, esta disposición supondría una intrusión sin precedentes e inconstitucional en la soberanía separada de los Estados mediante la usurpación federal de esencialmente una mitad de los registros contables fiscales [sic] del Estado (es decir, la mitad de los ingresos)».
«De hecho, tal usurpación federal de la normativa tributaria estatal representaría el mayor intento de invasión de la soberanía estatal por parte del Congreso en la historia de nuestra República», afirma la carta.
La sentencia de la Corte Suprema deja intacta una decisión de noviembre de 2022 de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 6º Circuito, que sostuvo que Ohio «no logró establecer una controversia justiciable». El que sea justiciable se refiere a la capacidad de una corte para decidir un caso de acuerdo con principios legales.
También se cuestionó la legitimación de Ohio para presentar la demanda, pero el 6º Circuito dictaminó que «independientemente de la legitimación, la controversia es discutible».
La corte de circuito revocó una orden judicial permanente anterior emitida por una corte federal de distrito que prohibía al Departamento del Tesoro aplicar la disposición de compensación en contra de Ohio.
La corte de distrito consideró que el caso no era discutible, a pesar de que la norma del Departamento del Tesoro por la que se aplicaba la disposición de compensación era tan ambigua que «echaba por tierra la capacidad de los legisladores para contemplar (…) cambios tributarios».
Ohio había alegado en los documentos judiciales que parte de la ARPA violaba la Constitución de Estados Unidos.
El Congreso promulgó la disposición del «mandato tributario» en ARPA «con la esperanza de presionar a los Estados para que no redujeran los impuestos», declaró Ohio en su petición (pdf) presentada ante la Corte Suprema el 10 de marzo. El mandato «prohíbe a los Estados utilizar los fondos del Plan de Rescate para ‘compensar directa o indirectamente’ cualquier ‘reducción de [sus] ingresos fiscales netos’ causada por una reducción de impuestos».
El Congreso tiene potestad, en virtud de la Cláusula de Gastos de la Constitución de EE. UU., «para ofrecer a los Estados dinero federal con condiciones», pero «esas condiciones deben ser claras y las ofertas no deben ser coercitivas».
El mandato tributario «es inconstitucional tanto porque es irremediablemente ambiguo como porque el Congreso coaccionó a los Estados para que aceptaran sus condiciones», según la petición.
Un responsable del Buckeye Institute, un grupo de análisis a favor del libre mercado con sede en Columbus, Ohio, declaró que seguiría luchando en la corte. La organización presentó en abril un escrito de amigo-de-la-corte para este caso.
«El mandato federal usurpa ilegalmente el poder de los estados sobre su autoridad tributaria. A pesar de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no escuchar Ohio vs. Yellen, hay otras oportunidades para que la corte superior reine en esta usurpación arrolladora del poder de formulación de políticas estatales», declaró David C. Tryon, director de litigios de Buckeye.
«Que el juez Kavanaugh señale que habría escuchado el caso es importante. El juez Kavanaugh y sus colegas tendrán otras oportunidades para abordar el decreto tributario, y el Instituto Buckeye estará allí abogando incansablemente por el debido respeto de la autoridad tributaria estatal», dijo Tryon.
The Epoch Times pidió un comentario a la oficina del fiscal general de Ohio, del republicano Dave Yost, pero no ha recibido respuesta al cierre de esta edición.
También se puso en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representó a Yellen en el caso, pero tampoco ha recibido respuesta al cierre de esta edición.
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