La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves una demanda presentada por un grupo de fiscales generales republicanos, que pretendían mantener vigente la medida de emergencia del Título 42, implementada por la administración Trump, pero que expiró la semana pasada.
El fallo del alto tribunal, este jueves (pdf), puso fin a la aplicación del Título 42, la medida de emergencia que la administración Trump implementó en marzo de 2020 como reacción a la pandemia de COVID-19. Con el dictamen se concluyó una saga legal entre los estados republicanos y la administración Biden que duró meses antes de que la norma expirara el 11 de mayo.
Tanto el gobierno de Donald Trump como el de Joe Biden utilizaron el Título 42 para expulsar a los inmigrantes ilegales.
Batalla legal sobre la política fronteriza
El caso se remonta a enero de 2021, cuando un grupo de inmigrantes ilegales que pretendían obtener un asilo en Estados Unidos presentó una demanda colectiva en la Corte de Distrito de Washington contra el gobierno federal, argumentando que el gobierno no tenía autoridad para expulsarlos bajo el Título 42.
En noviembre de 2022, el juez Emmet Sullivan de la Corte de Distrito de EE. UU. falló (pdf) a favor de los solicitantes de asilo, declarando ilegal el Título 42, así como todos los memorandos emitidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. «por los que se suspendía el derecho a introducir a determinadas personas en Estados Unidos».
Pero la sentencia de Sullivan chocó con otra dictada en mayo de 2022 (pdf) por la Corte de Distrito del Distrito Oeste de Louisiana, que se puso del lado de un grupo de estados republicanos —en contra del gobierno federal— al emitir una medida cautelar a escala nacional que permitía la permanencia del Título 42.
Tras la sentencia de Sullivan, los estados intervinieron en el caso de Washington y trataron de defender la aplicación del Título 42 ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Después de que la corte de apelaciones denegara la petición de intervención de los estados, ellos presentaron un recurso de urgencia ante la Corte Suprema.
En diciembre de 2022, la Corte Suprema, con 5-4 votos a favor, accedió (pdf) a la petición de los estados y permitió que el Título 42 siguiera en vigor.
El fallo de la Corte Suprema de este jueves retiró el caso del calendario del tribunal y ordenó a una corte inferior de Washington, D.C. que desestimara el caso por considerarlo cuestionable.
La orden, de un párrafo y no firmada, no detalló los argumentos de los jueces para desestimar el caso como cuestionable, pero siguió de cerca un escrito presentado en febrero por Elizabeth B. Prelogar, la abogada que representa al gobierno federal en la Corte Suprema. Prelogar escribió en ese escrito (pdf) que «en ausencia de otros acontecimientos relevantes, el fin de la emergencia de salud pública (entre otras consecuencias) pondrá fin a la orden del Título 42 y hará cuestionable este caso». La corte señaló su decisión del jueves de que canceló los argumentos orales sobre este caso, originalmente fijados para el 1 de marzo, días después del escrito de Prelogar de febrero.
La jueza Ketanji Brown Jackson escribió que habría desestimado la decisión de la Corte Suprema de diciembre de 2022, que permitía que el Título 42 se mantuviera en vigor como «concedida de forma improcedente», indicando que pensaba que la corte cometió un error al conceder a los estados una revisión del caso.
En una declaración de siete páginas adjunta a la orden de un párrafo del tribunal, el juez Neil Gorsuch coincidió con la nota de Jackson y que el alto tribunal «dio un paso en falso grave cuando efectivamente permitió» a los estados —a los que llamó «no partes»— «manipular nuestro expediente para prolongar un decreto de emergencia diseñado para una crisis, con el fin de abordar una completamente diferente».
«La actual crisis fronteriza no es una crisis de COVID», escribió Gorsuch. «Los tribunales no deberían estar en el negocio de perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia solo porque los funcionarios electos no han podido abordar una emergencia diferente».
«Somos una corte de justicia, no formuladores de políticas de último recurso».
«Las mayores intromisiones en las libertades civiles»
Gorsuch no se limitó a comentar el caso en cuestión, y en su lugar aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre un problema más amplio, la expansión del poder ejecutivo durante la pandemia, que, en su opinión, amenaza con dejar a los estadounidenses con una «cáscara de democracia».
«Funcionarios ejecutivos de todo el país emitieron decretos de emergencia a una escala impresionante. Gobernadores y líderes locales impusieron órdenes de cierres que obligaban a la gente a permanecer en sus casas. Cerraron empresas y escuelas, públicas y privadas. Cerraron iglesias, aunque permitieron que los casinos y otros negocios favorecidos siguieran funcionando», escribió Gorsuch, añadiendo que los infractores fueron amenazados con sanciones civiles y penales.
«En el proceso, parece que los funcionarios federales pueden haber presionado a las empresas de redes sociales para suprimir la información sobre las normas contra la pandemia con las que no estaban de acuerdo», escribió el juez en una nota al margen.
El resultado generado por las acciones ejecutivas a partir de marzo de 2020, puede equivaler a «las mayores intromisiones en las libertades civiles en la historia en tiempos de paz de este país», escribió Gorsuch.
El juez lamentó la aparente inacción de la rama legislativa —las legislaturas estatales y el Congreso— en respuesta a estos decretos ejecutivos y cómo la rama judicial, que estaba «obligada a proteger nuestras libertades, abordó algunas —pero difícilmente todas— las intromisiones sobre ellas».
«En algunos casos, como este, las cortes incluso se permitieron ser utilizadas para perpetuar decretos de emergencia de salud pública con propósitos colaterales, en sí misma una forma de legislación de emergencia por litigio», agregó Gorsuch.
El juez conservador advirtió que una lección importante de la pandemia —y de la reacción del Gobierno— es que «el miedo y el deseo de seguridad son fuerzas poderosas» y, citando a Aristóteles, señaló que «incluso los antiguos advertían de que las democracias pueden degenerar hacia la autocracia ante el miedo».
«No nos equivoquemos —a veces, una acción ejecutiva decisiva es necesaria y apropiada», añadió el juez. «Pero si los decretos de emergencia prometen resolver algunos problemas, amenazan con generar otros».
«Gobernar mediante un edicto de emergencia indefinido corre el riesgo de dejarnos a todos con un cascarón de democracia y unas libertades civiles igual de vacías».
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