La Corte Suprema rechazó el 21 de octubre una petición del exabogado de Trump, Michael Cohen, para escuchar su caso, en el que alega represalias por parte de su exjefe.
El rechazo de la corte fue parte de una lista de pedidos más larga y no incluyó ninguna explicación. Cohen había argumentado que dos cortes inferiores desestimaron erróneamente una demanda que decía que el expresidente Donald Trump violó sus derechos al poner fin a su permiso carcelario durante la pandemia de COVID-19.
Según la petición de Cohen, se había opuesto a un formulario federal que los funcionarios de libertad condicional le pidieron que firmara, que le prohibía relacionarse con los medios de comunicación, incluida la publicación en las redes sociales. En ese momento, estaba escribiendo un libro que criticaba el expresidente.
El abogado de Cohen, Jon-Michael Dougherty, dijo que el fallo “señala un momento peligroso en la democracia estadounidense” y plantea interrogantes sobre los derechos de libertad de expresión.
La abogada de Trump, Alina Habba, dijo que la Corte Suprema había denegado correctamente la petición de Cohen, y “debe abandonar finalmente sus frívolas y desesperadas reclamaciones”.
Tanto Trump como el Departamento de Justicia presentaron escritos oponiéndose a la petición de Cohen. Cohen había intentado reclamar un derecho privado de acción bajo el precedente de 1971 de la Corte Suprema en el caso Bivens vs Seis Agentes Federales Desconocidos de Narcóticos.
Aunque ese caso defendió una causa de acción relacionada con registros y confiscaciones ilegales, Cohen pidió a la Corte Suprema que considerara si debería aplicarse a sus circunstancias. Alegó que se enfrentaba a “represalias por su negativa a renunciar a su derecho a la libertad de expresión”.
La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, planteó de forma similar su preocupación por la separación de poderes y argumentó que Cohen podría haber recurrido a recursos alternativos como el Programa de Recursos Administrativos de la Oficina de Prisiones.
Trump le dijo al tribunal que el intento de Cohen de ampliar el precedente en virtud de Bivens perturbaría la separación de poderes de la Constitución. Añadió que la doctrina de la inmunidad presidencial presentaba un “obstáculo insuperable” para la demanda de Cohen.
En julio, la Corte Suprema aprovechó un recurso de Trump para ampliar el alcance de la inmunidad de la que gozan los presidentes. Esa decisión fue citada por Trump en su escrito de oposición a la petición de Cohen, y ha sido planteada en el intento de Trump de impugnar su veredicto de culpabilidad en Nueva York.
La orden de la Corte Suprema fue la última de una serie de acontecimientos en torno a la nefasta relación laboral entre Cohen y Trump. Abogado del expresidente durante mucho tiempo, Cohen participó en la campaña presidencial de Trump en 2016 y desempeñó un papel clave en la acusación del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, contra Trump por supuesta interferencia electoral.
En 2018, Cohen fue sentenciado a tres años de prisión tras declararse culpable de múltiples cargos, incluidas supuestas violaciones de financiación de campaña. Cohen también se declaró culpable de hacer declaraciones falsas al Congreso.
Alegó que durante su licencia, se le pidió que firmara un Acuerdo de Participante del Programa Federal de Monitoreo de Ubicación que contenía una disposición no “estándar” que prohibía la interacción con los medios de comunicación.
Su petición a la Corte Suprema señalaba que el acuerdo le “habría impedido a Cohen publicar su libro y hablar públicamente sobre Trump”. Cuando Cohen y su abogado pidieron la eliminación de la disposición, los agentes de libertad condicional dijeron que lo consultarían con sus superiores antes de que Cohen fuera finalmente redirigido de nuevo a la prisión federal.
“El demandado James Petrucci, alcaide de la prisión, colocó a Cohen en régimen de aislamiento, donde pasaba aproximadamente veintitrés horas y media al día solo en una celda con mala ventilación, sin aire acondicionado y con una ventana rota”, dice la petición de Cohen.
El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, ordenó la puesta en libertad de Cohen en 2020, alegando que el gobierno tomó represalias contra él y violó sus derechos de la Primera Enmienda. Otro juez federal, el juez Lewis Liman, del mismo distrito, desestimó las demandas de Cohen en virtud del precedente Bivens, pero dijo que la corte “hace una pausa para reiterar la profunda violencia que esta sentencia ejerce sobre los derechos constitucionales de Cohen”.
En apelación, la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito confirmó la decisión de Liman.
Con información de Associated Press
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