La Corte Suprema desechó el 22 de febrero una serie de impugnaciones legales a los procesos electorales y a los resultados de las elecciones en varios estados que quedaron pendientes del reciente ciclo electoral presidencial.
El alto tribunal no explicó por qué se negó a escuchar los casos, pero tres magistrados disintieron de la decisión de no escuchar uno de los casos.
El 11 de enero, cuando faltaba poco más de una semana para el Día de la Inauguración, el alto tribunal denegó las solicitudes de los litigantes —el entonces presidente Donald Trump, varios republicanos y algunos partidarios de Trump— para acelerar varias de las demandas, que se referían a las elecciones presidenciales celebradas en los estados en disputa de Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. El tribunal, como es su costumbre, no explicó por qué desestimó las solicitudes de emergencia que buscaban acelerar las demandas.
El presidente Joe Biden, un demócrata, fue investido el 20 de enero, junto con la vicepresidenta Kamala Harris, después de que el Congreso votara el 7 de enero para rechazar las objeciones de los senadores y representantes que impugnaban los votos del Colegio Electoral de los estados en disputa ganados por Biden por un estrecho margen. Esa votación tuvo lugar después de que una irrupción de cientos de manifestantes en el Capitolio de Estados Unidos retrasara el proceso de certificación durante horas.
Algunas de las demandas impugnaban los resultados de las elecciones sobre la base de cambios supuestamente inconstitucionales realizados en los procedimientos electorales estatales. El artículo II de la Constitución de EE. UU. establece que «cada Estado nombrará [a los electores para presidente y vicepresidente] del modo que su legislatura disponga». Los litigantes señalan que el poder legislativo en este caso es «plenario», es decir, incondicional y absoluto. Los funcionarios estatales, dicen, no pueden modificar los procedimientos electorales sin el consentimiento de la legislatura.
Uno de los recursos ahora desestimados, Partido Republicano de Pensilvania contra Degraffenreid, expedientes judiciales 20-542 y 20-574, se conocía originalmente como Partido Republicano de Pensilvania contra Boockvar, pero entonces la demandada Kathy Boockvar dimitió como secretaria de Estado de Pensilvania y fue sustituida de forma provisional por Veronica Degraffenreid. El caso trataba de la percepción de la extralimitación de la Corte Suprema del estado al cambiar unilateralmente las normas electorales sin el consentimiento de la legislatura estatal.
El Partido Republicano argumentó en su petición que «importantes cuestiones de derecho federal [estaban] implicadas por la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania, de 4 a 3, de ampliar el plazo de recepción del día de las elecciones por parte de la Asamblea General y de imponer una presunción de oportunidad para las boletas no marcadas».
Este es el caso en el que el magistrado Samuel Alito ordenó el 6 de noviembre, 3 días después del día de las elecciones, que «todas las boletas recibidas por correo después de las 8:00 p.m. del 3 de noviembre sean separadas», lejos de otras boletas votadas.
Los magistrados Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch disintieron de la decisión de la Corte Suprema de no escuchar la apelación.
El 22 de febrero, Alito escribió en su disidencia, a la que se sumó Gorsuch, que la revisión debía concederse porque el caso presenta «una cuestión constitucional importante y recurrente: si las Cláusulas de Elecciones o de Electores de la Constitución de los Estados Unidos (…) se violan cuando una corte estatal sostiene que una disposición constitucional estatal anula un estatuto estatal que rige la forma en que se debe realizar una elección federal. Esta cuestión ha dividido a los tribunales inferiores, y nuestra revisión en este momento sería muy beneficiosa».
En su disenso, Thomas expresó su frustración, escribiendo que el tribunal «no resolvió esta disputa antes de las elecciones, y por lo tanto no proporcionó reglas claras. Ahora volvemos a fracasar en proporcionar reglas claras para futuras elecciones».
Otra apelación ahora desestimada, Kelly contra Pensilvania, expediente judicial 20-810, fue presentada por el representante Mike Kelly (R-Pa.), un firme partidario de Trump que impugnó la victoria de Biden en el Estado de la Piedra Angular. Kelly había pedido a la Corte Suprema que considerara su demanda, que impugnaba las políticas de voto por correo en su estado natal de Pensilvania. Kelly argumentó que la Ley 77, el estatuto estatal de 2019 que autorizó el voto por correo universal y sin excusas, violaba la Constitución.
Aunque el apoyo a la impugnación de los resultados del Colegio Electoral se evaporó en el Congreso tras el asalto, Kelly se mantuvo firme, objetando la certificación de los electores de Pensilvania en la madrugada del 7 de enero. La impugnación fracasó.
La Corte Suprema también denegó otra petición de revisión de Pensilvania en el caso Donald J. Trump for President contra Degraffenreid, expediente judicial 20-845. El caso se conocía originalmente como Donald J. Trump for President contra Boockvar.
El abogado de la campaña de Trump, John C. Eastman, de Anaheim (California), dijo a The Epoch Times a mediados de enero que aún mantenía la esperanza de que la Corte Suprema se hiciera cargo del caso porque se trataba de cuestiones importantes.
«Hay una excepción bien reconocida a la impugnación llamada ‘capaz de repetirse pero evadir la revisión'», dijo en ese momento.
«Se invoca con bastante frecuencia en los litigios electorales, ya que a menudo las cuestiones son tan aplicables a las próximas elecciones como a las actuales. Nuestra cuestión legal —si los funcionarios electorales y judiciales no legislativos del estado tienen la capacidad de ignorar o alterar la ley electoral estatal en la ‘manera’ de elegir a los electores presidenciales viola el artículo II de la Constitución de los Estados Unidos— sigue siendo importante y necesita la revisión de la Corte [Suprema]».
Otro caso que fue desestimado fue el de Wood contra Raffensperger, expediente judicial 20-799, presentado por el partidario de Trump y abogado L. Lin Wood contra el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. Wood argumentó en su petición que el secretario de Estado republicano «usurpó» la autoridad plenaria de la Legislatura de Georgia «al entrar en un Acuerdo de Conciliación con el Partido Demócrata a principios de este año y emitir un Boletín Electoral Oficial que modificó los claros procedimientos de la Legislatura para verificar la identidad de los votantes por correo».
El acuerdo de marzo de 2020 con el Partido Demócrata de Georgia, el Comité de Campaña Senatorial Demócrata y el Comité de Campaña del Congreso Demócrata violó los derechos de los votantes al establecer «normas totalmente diferentes que debe seguir [el] trabajador electoral que procesa los votos por correo en Georgia».
Un caso de Arizona, Ward contra Jackson, expediente judicial 20-809, también fue desestimado. En esa demanda presentada por la jefa del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, se impugnaba la victoria de Biden en las urnas del estado.
Un recurso presentado por Trump contra los resultados de Wisconsin fue denegado. El caso fue Trump contra Biden. Otro recurso relacionado con Wisconsin, King contra Whitmer, fue desestimado.
Este es un artículo en desarrollo. Se actualizará.
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