La Corte Suprema dictaminó 6-3 que las Compañías Perteneciente a Nativos de Alaska (ANC, por sus siglas en inglés) con fines de lucro son tribus de indios nativos de Norte América y, como tales, tienen derecho a solicitar la ayuda financiera relacionada con la pandemia que se reservó para las tribus en la Ley CARES del año pasado.
La jueza Sonia Sotomayor escribió el dictamen del tribunal en el caso Yellen contra las Tribus Confederadas de la Reserva Chehalis, expediente judicial 20-543, y el caso relacionado, Alaska Native Village Corporation Association Inc. contra las Tribus Confederadas de la Reserva Chehalis, expediente judicial 20-544, que se publicó el 25 de junio. Janet Yellen es la secretaria del Departamento del Tesoro.
Las ANC son enormes negocios en Alaska, con unos ingresos netos combinados de 9100 millones de dólares en el año fiscal 2017, según un informe del Resource Development Council for Alaska Inc. Están involucradas en el petróleo y el gas natural, la minería, la contratación militar, los bienes raíces, la construcción, las comunicaciones y los medios de comunicación, la ingeniería, los plásticos, la madera y la fabricación aeroespacial, entre otras cosas, según un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés).
En marzo de 2020, el Congreso aprobó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, sigla en inglés). El Título V de la ley asigna 8000 millones de dólares en ayuda monetaria a los «gobiernos tribales» para compensar los gastos no presupuestados realizados en respuesta al brote del virus del PCCh, que causa la enfermedad COVID-19.
El Departamento del Tesoro preguntó al Departamento del Interior, la agencia que administra la Ley de Autodeterminación y Ayuda para la Educación de los Indios (ISDA, por sus siglas en inglés), si las ANC se consideran gobiernos tribales.
El Departamento de Interior respondió afirmativamente, por lo que el Departamento del Tesoro reservó entonces unos 500 millones de dólares de la financiación de la Ley CARES para las ANC, cantidad que posteriormente se redujo a unos 450 millones de dólares. Si el dinero no se hubiera designado para las ANC, habría ido a parar al conjunto más amplio de fondos destinados a las tribus de todo el país.
«La cuestión que se plantea es si las ANCs son ‘tribu[s] india[s]’ según la ISDA, y por lo tanto son elegibles para recibir la ayuda de la Ley CARES apartada por el Departamento del Tesoro», escribió Sotomayor para la mayoría.
El Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia sostuvo por unanimidad que las ANC no son «gobiernos tribales», pero la Corte Suprema, escribió Sotomayor, «sostiene que sí lo son».
«Las ANC son entidades sui generis [es decir, únicas] creadas por un estatuto federal y a las que se les concedió una enorme cantidad de beneficios federales especiales como parte de un experimento legislativo adaptado a las circunstancias únicas de Alaska y que no se recrea en ningún otro lugar», escribió.
Sotomayor explicó cómo surgieron las ANC.
En 1867, cuando Estados Unidos compró Alaska a Rusia, los nativos de Alaska vivían en comunidades muy dispersas por los 365 millones de acres del territorio, señala el dictamen. En las décadas siguientes, en Alaska no se intentó aislar a los indios nativos de Norte América en reservas, como se había hecho en los 48 estados del sur. Esto dejó sin resolver las posibles reclamaciones de los nativos de Alaska sobre sus tierras, incluso después de que Alaska se convirtiera en un estado estadounidense en 1959.
Esto cambió en 1971 con la Ley de Arbitraje de las Reclamaciones de los Indígenas de Alaska (ANCSA, por sus siglas en inglés) que eliminó oficialmente la idea de recrear en el 49º estado el sistema de reservas que prevalecía en los 48 estados del sur. La ley extinguió las reclamaciones de los nativos de Alaska sobre la tierra y los derechos de caza y revocó todas las reservas existentes en Alaska, excepto una.
A cambio, el Congreso ordenó la transferencia de 962.5 millones de dólares en fondos estatales y federales y de aproximadamente 44 millones de acres de tierra de Alaska a corporaciones comerciales privadas constituidas por el estado que debían formarse de acuerdo con la ANCSA. Alaska se dividió en 12 regiones geográficas, y los nativos de Alaska recibieron instrucciones de la ley para «constituir bajo las leyes de Alaska una Corporación Regional para llevar a cabo negocios con fines de lucro».
Para cada aldea de nativos de Alaska, la ANCSA ordenaba a los «residentes nativos» crear una corporación asociada a la aldea para «poseer, invertir, gestionar y/o distribuir tierras, propiedades, fondos y otros derechos y activos para y en nombre» de la aldea. Los nativos de Alaska recibieron entonces acciones en sus respectivas ANC.
El Congreso decidió por medio de la ISDA que las ANC «son tribus indias, independientemente de que también sean tribus reconocidas a nivel federal», y «al sostenerlo, la Corte no abre la puerta a que otros grupos indios que no han sido reconocidos a nivel federal se conviertan en tribus indias bajo la ISDA», escribió la jueza.
Al dictamen de Sotomayor se sumaron totalmente el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los jueces Stephen Breyer, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. El juez Samuel Alito se unió a partes del veredicto. El juez Neil Gorsuch escribió una opinión disidente a la que se unieron los jueces Clarence Thomas y Elena Kagan.
En su disentimiento, Gorsuch escribió que las NCA no deberían ser elegibles para la financiación porque «no gobiernan a ningún pueblo ni dirigen ningún gobierno».
Gorsuch expresó su preocupación por el hecho de que «muchos otros grupos indígenas podrían ahora calificar repentinamente como tribus bajo la Ley CARES, la ISDA y otros estatutos federales».
Un estudio de la GAO de 2012, señaló, identificó alrededor de 400 tribus no reconocidas federalmente en los 48 estados del sur, de las cuales 26 habían recibido recientemente financiación directa de programas federales.
«Este número no incluye las entidades adicionales que pueden haber recibido beneficios federales en forma de préstamos, contratos públicos, gastos fiscales o cantidades recibidas por miembros individuales. Y aún otros grupos pueden tener derechos federales garantizados por un tratado, que pueden existir incluso si la tribu ya no es reconocida», escribió Gorsuch.
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