La Corte Suprema emitió dos órdenes que podrían permitir que los límites de un distrito legislativo estatal en disputa, en el estado de Washington, se finalicen antes de las elecciones de este año.
El territorio político en disputa es el Distrito Legislativo 15 en la parte central de Washington. El distrito está actualmente representado por la senadora estatal Nikki Torres, el representante estatal Bruce Chandler y el representante estatal Bryan Sandlin, todos republicanos. Una comisión estatal de redistribución de distritos volvió a dibujar el mapa electoral, pero los tribunales inferiores lo anularon por violar la Ley federal de derecho al voto (VRA).
Los demócratas controlan ambas cámaras de la legislatura estatal. El Senado tiene 29 demócratas y 20 republicanos; la Cámara, 58 demócratas y 40 republicanos.
El 20 de febrero, la Corte Suprema denegó (pdf) la petición de certiorari, o revisión, en el caso Trevino vs Palmer. El peticionario principal, José Trevino, es un votante registrado. El codemandado es Alex Ybarra, republicano que representa al distrito 13 en la Cámara de Representantes de Washington. La demandada principal, Susan Soto Palmer, es una votante registrada.
Al mismo tiempo, anuló una sentencia en el caso García vs Hobbs, devolviendo el caso al tribunal de distrito federal.
En García vs Hobbs, la corte emitió una orden sin firma que anuló sumariamente la sentencia del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington “con instrucciones para dictar una nueva sentencia de la cual se pueda apelar ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito”.
Los abogados llaman a este proceso GVR, que significa concesión, anulación y devolución.
Benancio García III es el apelante principal. García fue un candidato fracasado a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el cuarto distrito del Congreso de Washington en 2022. El principal demandado es Steve Hobbs, un demócrata que es secretario de Estado de Washington.
Los fallos de la Corte Suprema se produjeron después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazara una solicitud para retrasar los procedimientos en la demanda de Palmer en espera del resultado del litigio de García.
Los nuevos fallos permiten que los procedimientos avancen en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. El 8 de marzo, el tribunal llevará a cabo una audiencia de prueba sobre los límites del distrito electoral.
En el caso Palmer, en agosto de 2023, un juez de distrito federal anuló el mapa legislativo por violar la Sección 2 de la VRA.
La sección 2 de la VRA prohíbe prácticas o procedimientos de votación que discriminen por motivos de raza, color o pertenencia a un grupo minoritario lingüístico importante. El año pasado, Alabama había pedido a la Corte Suprema que debilitara la Sección 2. El tribunal se negó a hacerlo y falló por 5 a 4 en el caso Allen vs Milligan que el mapa electoral del estado para las elecciones al Congreso era racialmente discriminatorio y violaba la VRA.
Los demandantes argumentaron en Palmer que los distritos legislativos estatales rediseñados después del censo estadounidense de 2020 diluyeron deliberadamente la fuerza electoral de los votantes latinos.
El caso llegó a juicio en junio de 2023 y se juzgó junto con la demanda similar de García.
En su decisión sobre Palmer, el juez de distrito estadounidense Robert Lasnik, designado por el presidente Bill Clinton en 1998, escribió que la cuestión en este caso “es si el estado ha trazado líneas divisorias que, en combinación con las condiciones sociales e históricas en la región del Valle de Yakima, perjudica la capacidad de los votantes latinos en esa área de elegir a su candidato de preferencia en igualdad de condiciones con otros votantes”.
“La respuesta es sí”, concluyó el juez Lasnik.
El tribunal determinó “que los límites de LD 15, en combinación con las condiciones sociales, económicas e históricas de la región del Valle de Yakima, dan como resultado una desigualdad en las oportunidades electorales que disfrutan los votantes blancos y latinos en el área”.
Después de que se emitió esa decisión, un panel de tres jueces del mismo tribunal de distrito de EE.UU. desestimó la demanda de García diciendo que era discutible porque la cuestión de la manipulación racial ilegal ya se había tratado en Palmer, según la opinión de septiembre de 2023.
La decisión de la Corte Suprema significa que el tribunal de distrito que desestimó la demanda de García tendrá que volver a escuchar el caso.
Pero la Corte Suprema no ordenó ni alentó al tribunal de distrito a tomar ninguna decisión en particular, lo cual es inusual. Generalmente, cuando el tribunal más alto de la nación devuelve un caso a un tribunal inferior, incluye instrucciones específicas, como dictar una sentencia consistente con una decisión judicial preexistente.
En el caso García, el tribunal de distrito puede optar por adoptar el razonamiento del caso Palmer y encontrar una manipulación racial ilegal, o puede optar por no hacerlo. Independientemente de lo que decida, la parte perdedora tendrá libertad para apelar la decisión ante el Noveno Circuito, según la orden de la Corte Suprema del 20 de febrero en el caso García.
The Epoch Times contactó a las partes en ambos procedimientos en busca de comentarios.
Noah Purcell, de la Oficina del fiscal general de Washington en Olympia, Washington, y el abogado de la Sra. Palmer, Mark Gaber, del Campaign Legal Center en Washington, D.C., no habían respondido al cierre de esta edición.
Jason Torchinsky de Holtzman, Vogel, Baran, Torchinsky y Josefiak de Haymarket, Virginia, que representan al Sr. Treviño y al Sr. García, tampoco habían respondido al momento de la publicación.
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