La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad el 10 de diciembre que las cortes federales no pueden revisar la decisión del gobierno federal de revocar una visa de inmigrante.
La opinión de la corte, por 9 votos a favor y 0 en contra, en el caso Bouarfa vs. Mayorkas fue redactada por la juez Ketanji Brown Jackson. El demandado es el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas.
En este caso, el DHS revocó la visa de un palestino después de descubrir que había intentado presentar otro de sus matrimonios como legítimo para obtener el estatus de residente permanente. Como el gobierno determinó que había cometido fraude anteriormente, el matrimonio actual se consideró fraudulento y su visa, que había sido aprobada, fue cancelada.
La demandante, Amina Bouarfa, ciudadana estadounidense, se casó con el extranjero Ala’a Hamayel y tuvieron tres hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses, según la demanda de Bouarfa ante la Corte Suprema.
Aproximadamente tres años después de casarse, Bouarfa presentó una solicitud de inmigración para clasificar a su esposo como familiar directo, lo que le permitiría obtener el estatus de residente permanente.
En 2015, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), una agencia del DHS, aprobó la solicitud de la esposa, pero en 2017 solicitó revocar su aprobación, citando pruebas de que el primer matrimonio de Hamayel había sido fraudulento. La agencia dijo que si hubiera sabido del matrimonio ficticio, no habría concedido la solicitud.
Bouarfa impugnó la decisión ese mismo año y la Junta de Apelaciones de Inmigración falló en su contra en 2021, al considerar que la ley federal prohibía la aprobación de la petición.
En enero de 2022, Bouarfa presentó una demanda en un tribunal federal de distrito de Florida, solicitando una revisión de la decisión de la junta en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo, que rige la forma en que las agencias gubernamentales crean y hacen cumplir las normas. El tribunal desestimó el caso, al considerar que carecía de autoridad para conocerlo.
Un grupo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 11º Circuito confirmó la decisión, sosteniendo que la ley federal impide la revisión judicial de la revocación de una visa y que las revocaciones son «discrecionales, sin importar la base de la revocación».
En el fallo de la Corte Suprema, Jackson escribió que la decisión de revocar implicaba «una concesión de discreción por excelencia» al DHS que los jueces no pueden revisar.
Jackson escribió que la ley establece que el secretario del DHS «puede, en cualquier momento, por lo que considere una causa buena y suficiente, revocar la aprobación de cualquier solicitud [de visa]».
A pesar de ello, Bouarfa aún tiene opciones, como reconoce el gobierno. «Nada prohíbe a un ciudadano presentar otra solicitud en nombre del mismo familiar», escribió la juez, agregando que nada en la ley obliga al secretario a mantener la determinación del matrimonio ficticio.
De hecho, Bouarfa ya volvió a presentar su solicitud y si su solicitud es rechazada nuevamente debido a la conclusión de que se trata de un matrimonio ficticio, podría solicitar una revisión judicial, agregó Jackson.
La Corte Suprema confirmó el fallo del 11º Circuito.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representa al DHS, y con el abogado de Bouarfa, Samir Ibrahim Deger-Sen, de Latham and Watkins, en la ciudad de Nueva York, para solicitar comentarios. No se recibió respuesta al momento de la publicación.
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