La Corte Suprema de Estados Unidos pronto escuchará los argumentos orales de un caso en el cual dos cortes inferiores consideraron que hubo una «campaña coordinada» de parte de los altos funcionarios de la administración Biden para suprimir opiniones desfavorecidas sobre cuestiones públicas clave como los efectos secundarios de la vacuna contra COVID-19 y los cierres durante la pandemia.
La Corte Suprema programó una audiencia para el 18 de marzo en un caso conocido como Murthy vs. Missouri, que comenzó cuando los fiscales generales de dos estados, Missouri y Louisiana, presentaron una demanda alegando que las empresas de redes sociales como Facebook estaban bloqueando el acceso a sus plataformas o suprimiendo posteos sobre temas controvertidos.
La demanda inicial, modificada posteriormente por una corte de apelación, acusaba a los funcionarios del gobierno de Biden de participar en lo que equivale a una censura delegando poderes, dirigida por el gobierno al presionar a las empresas de redes sociales para que retiraran posteos o suspendieran cuentas.
Algunos de los temas que fueron objeto de retiros y otras acciones de censura incluían el fraude electoral en las elecciones de 2020, la teoría de la filtración de COVID-19 desde un laboratorio, los efectos secundarios de las vacunas, el daño social de los cierres por la pandemia y la historia de laptop de Hunter Biden.
Los demandantes argumentaron que funcionarios de alto nivel del gobierno federal eran los que movían los hilos de la censura en las redes sociales, coaccionando, amenazando y presionando a las empresas de redes sociales para suprimir la libertad de expresión de los estadounidenses.
Presión implacable
En una sentencia histórica, un juez de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Louisiana concedió una medida cautelar que impide a varios funcionarios de la administración Biden y a organismos gubernamentales como el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI colaborar con las grandes empresas de tecnología para censurar los posteos en las redes sociales.
Más tarde, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito se mostró de acuerdo con la sentencia de la Corte de distrito, afirmando que era «correcta en su evaluación: la ‘presión implacable’ de ciertos funcionarios del Gobierno probablemente ‘tuvo el resultado previsto de suprimir millones de posteos protegidos por la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses'», escribieron los jueces. «No vemos error ni abuso de discrecionalidad en esa conclusión».
La sentencia fue apelada ante la Corte Suprema y, en una decisión del 20 de octubre, el alto tribunal accedió a escuchar el caso. También emitió una suspensión que bloqueó indefinidamente la orden de la corte inferior de restringir los esfuerzos de la administración Biden para censurar los mensajes desfavorecidos en las redes sociales.
Los jueces de la Corte Suprema, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas denegaron la solicitud de suspensión de la administración Biden.
«En este momento de la historia de nuestro país, me temo que lo que ha hecho la corte será visto por algunos como dar luz verde al Gobierno para utilizar tácticas de mano dura para sesgar la presentación de puntos de vista en el medio que domina cada vez más la difusión de noticias», escribió el juez Alito en una opinión disidente.
«Eso es muy desafortunado», dijo el juez.
La Corte Suprema tiene otros casos de redes sociales en su agenda, incluido un desafío a las leyes aprobadas por los republicanos en Florida y Texas que prohíben a las grandes empresas de redes sociales eliminar posteos debido a las opiniones que expresan.
Los argumentos orales se escucharon el 26 de febrero en los casos de Florida y Texas, y el debate se centró en la validez de las leyes que consideran a las empresas de redes sociales como «transportistas comunes», un estatus que podría permitir a los Estados imponerles regulaciones de tipo público y prohibirles discriminar a los usuarios en función de sus puntos de vista políticos.
Las empresas de tecnología han alegado que las leyes violan sus derechos amparados por la Primera Enmienda.
Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre los casos de Florida y Texas antes de junio de 2024.
Más que constitucional
Parte de la controversia en el caso Murthy vs.Missouri se centra en sí era demasiado amplia la orden judicial de la corte de distrito que impedía a los funcionarios de la administración Biden y a las agencias federales actuar en connivencia con las empresas de redes sociales para censurar publicaciones.
En concreto, se ha argumentado que la medida cautelar impediría «chantajes» gubernamentales inocentes o al límite, como hablar con los periódicos sobre los peligros de compartir información que podría ayudar a los terroristas.
Pero ese argumento no es válido, según Philip Hamburger, director general de la New Civil Liberties Alliance, que representa a la mayoría de los demandantes individuales en el caso Murthy vs. Missouri.
En una serie de declaraciones recientes sobre el tema, el Sr. Hamburger explicó por qué cree que la censura de la administración Biden fue «mucho más allá de lo que podría ser constitucional» y que la preocupación por los casos «inocentes o límite» es infundada.
Por un lado, dijo que la censura que se destaca en Murthy vs. Missouri se refiere a la supresión de la expresión que no es criminal o ilegal en modo alguno.
Además, él argumentó que «el gobierno persiguió el discurso legal no en un caso aislado, sino repetida y sistemáticamente como una cuestión de política», lo que llevó a la supresión de narrativas enteras en lugar de instancias específicas de expresión.
«El gobierno se erigió como árbitro de la verdad de la nación, como si fuera competente para juzgar qué es desinformación y qué es información veraz», escribió el Sr. Hamburger.
«En retrospectiva, resulta que suprimió mucho de lo que era cierto y promovió mucho de lo que era falso», añadió.
Por ejemplo, la supresión de informes sobre el laptop de Hunter Biden en vísperas de las elecciones de 2020 bajo la premisa de que se trataba de desinformación rusa, se demostró más tarde que era infundada.
Algunas encuestas muestran que, si los votantes hubieran tenido conocimiento del informe, habrían votado de forma diferente.
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