Se espera que la Corte Suprema de EE. UU. escuche los argumentos orales el 2 de diciembre sobre la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de rechazar la solicitud de dos empresas de autorización para comercializar varios sabores de vaporizadores.
El caso FDA contra Wages y White Lion Investments es uno de los múltiples casos relacionados con los cigarrillos electrónicos que llegarán a la Corte Suprema esta legislatura y plantea interrogantes sobre el impacto de productos como los líquidos de sabores para vapear en la salud pública, en particular para los menores.
También se espera que la corte escuche un caso relacionado en enero sobre los circuitos judiciales en los que pueden demandar las empresas de vapeo. La cuestión en el caso del 2 de diciembre es si la FDA violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que rige cómo las agencias desarrollan e implementan las regulaciones.
La procuradora general de EE. UU., Elizabeth Prelogar, pide a los jueces que revoquen una decisión en la que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. dijo que la FDA había violado esa ley. Dos empresas —Vapetasia y White Lion Investments, que opera como Triton Distribution— pidieron a la Corte Suprema que confirmara la decisión del Quinto Circuito.
El caso podría ayudar a determinar cómo las agencias regulan un mercado en crecimiento, que se valoró en 28,000 millones de dólares en 2023. Sus defensores afirman que estos productos ayudan a los fumadores a alejarse de los efectos nocivos de los cigarrillos tradicionales. A los detractores les preocupa que los menores utilicen estos productos, que suelen contener nicotina.
A principios de este año, la Corte de Apelación del Quinto Circuito de EE. UU. declaró que la agencia había prohibido de hecho los cigarrillos electrónicos de sabores. «A fecha de hoy, la FDA no ha aprobado ni una sola [solicitud] para uno solo de los más de un millón de productos de cigarrillos electrónicos con sabor presentados a la agencia», dijo el tribunal en enero.
Una opinión del juez Andrew Oldham, nombrado por el presidente electo Donald Trump durante su primer mandato, dijo que la FDA había cambiado ilegalmente su enfoque para evaluar si los productos de cigarrillos electrónicos cumplían con las normas de salud pública y no informó a las empresas hasta después de que presentaron sus solicitudes.
«La FDA sostiene que sus años de orientación regulatoria no tienen valor legal», escribió Oldham. A la opinión de Oldham se unieron otros nueve jueces del tribunal, mientras que seis disintieron. En su opinión, la decisión de la FDA de rechazar las solicitudes de productos de las empresas fue «arbitraria» y «caprichosa», es decir, del tipo que los tribunales pueden anular en virtud de la APA.
Prelogar defendió a la FDA argumentando que no había promulgado una prohibición de facto de los cigarrillos electrónicos de sabores. En cambio, dijo, las acciones de la agencia fueron consistentes en la aplicación de la Ley de Control del Tabaco, que en 2016 la FDA dijo que cubría los cigarrillos electrónicos.
El caso ha suscitado la opinión de empresas del sector, así como de grupos sanitarios. Un informe amicus de la Coalición de Fabricantes de Alternativas al Tabaquismo argumentó que productos como los cigarrillos electrónicos «proporcionan una alternativa de menor riesgo para millones de fumadores adultos que buscan la transición y mantenerse alejados del uso de cigarrillos combustibles».
Las principales organizaciones médicas, por su parte, presentaron un informe amicus argumentando que el uso de los cigarrillos electrónicos por parte de los jóvenes era una «crisis de salud pública» con efectos potencialmente permanentes dado el cerebro en desarrollo de los adolescentes.
«Como la FDA ha denegado las solicitudes de autorización de comercialización de cigarrillos electrónicos de sabores en los últimos años, el uso de cigarrillos electrónicos por parte de los jóvenes ha disminuido, pero sigue siendo inaceptablemente alto hoy en día, con 2.1 millones de estudiantes de secundaria y preparatoria que actualmente utilizan estos productos», dice el escrito de la Asociación Médica Americana, la Academia Americana de Pediatría, y otros.
El caso también ha suscitado dudas sobre las recientes decisiones del tribunal en los casos Loper Bright Enterprises contra Raimondo, que anuló la doctrina de deferencia de décadas de Chevron, y West Virginia contra la Agencia de Protección Medioambiental, que utilizó la doctrina de las cuestiones importantes.
En octubre, trece miembros del Congreso presentaron un informe amicus en el que señalaban que las decisiones de la FDA representaban el tipo de cambios normativos que la Corte Suprema consideraba problemáticos al anular la doctrina Chevron. La doctrina, establecida en 1984 y anulada en junio de este año, exigía a los tribunales que se atuvieran a la interpretación de las agencias federales de leyes ambiguas, independientemente de si coincidía o no con la interpretación de los jueces.
También se unieron a las partes interesadas de la industria para argumentar que la decisión de la FDA de regular los cigarrillos electrónicos y los productos de vapeo violaba la doctrina de las cuestiones importantes, que generalmente requiere algún tipo de autorización del Congreso antes de que las agencias puedan tomar decisiones sobre cuestiones de gran importancia económica o política.
La Corte Suprema recurrió a esta doctrina para anular el amplio plan de condonación de la deuda estudiantil del presidente Joe Biden en 2023. Los miembros del Congreso y las partes interesadas de la industria han argumentado que también debería aplicarse a la forma en que la FDA ha regulado los productos de cigarrillos electrónicos.
En mayo, las partes interesadas sugirieron que la Ley de Control del Tabaco podría ser inconstitucional, ya que contiene una disposición que permite al gobierno federal considerar que determinados «productos del tabaco» están sujetos a regulación.
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