La Corte Suprema de EE. UU. aceptó el viernes escuchar la apelación de la administración Biden sobre una política de inmigración de la era de Donald Trump que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México hasta que se escuche su caso, en lugar de que se les permita esperar sus audiencias en Estados Unidos.
Las sentencias de las cortes inferiores obligaron a la administración Biden a restablecer la política de «Permanecer en México», llamada oficialmente Protocolos de Protección al Migrante (MPP), que se implementó bajo el gobierno de Trump en 2019.
Mark Morgan, quien era el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza en ese momento, dijo a The Epoch Times que el MPP fue «el cambio de juego más significativo» y en gran parte responsable de una caída del 75 por ciento en los cruces ilegales.
Los alegatos tendrán lugar en abril. Se espera una decisión para finales de junio.
El presidente Joe Biden suspendió los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) en su primer día de mandato, en enero de 2021, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo canceló oficialmente en junio. A continuación, a principios de diciembre de 2021, la administración Biden reinició la política en El Paso (Texas), después de que un tribunal inferior le ordenara hacerlo.
Después de que Texas y Missouri demandaron a la administración Biden por haber puesto fin de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), alegando que la decisión empeoraba las condiciones en la frontera, el juez de distrito estadounidense, Matthew Kacsmaryk, dictaminó el 14 de agosto de 2021 que la administración tenía que reactivar el programa.
La Corte Suprema se negó a intervenir el 24 de agosto, cuando el gobierno de Biden presentó una moción de emergencia solicitando la suspensión de la orden de Kacsmaryk.
A pesar de la orden judicial, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, intentó poner fin al programa de nuevo en octubre de 2021 mediante un nuevo memorando. Mayorkas argumentó que si bien la política «probablemente contribuyó a reducir los flujos migratorios», lo hizo «imponiendo costos humanos sustanciales e injustificables a las personas que se expusieron a daños mientras esperaban en México».
Una corte de apelaciones confirmó la sentencia del juez, considerando que la administración Biden se equivocó al poner fin al programa.
En diciembre de 2021, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema que atendiera el caso, argumentando que la decisión del Corte de Apelaciones se había tomado por error.
El 16 de febrero, el senador Bill Hagerty (R-Tenn.) solicitó la opinión de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno sobre si el memorando de Mayorkas está sujeto a la Ley de Revisión del Congreso, lo que significa que el Congreso podría anular la medida del gobierno de Joe Biden de poner fin a la política.
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