El 22 de abril, la Corte Suprema aceptó estudiar la norma de la Administración Biden que regula las llamadas armas fantasma que pueden ensamblarse en casa.
Es probable que los alegatos orales en este caso de gran repercusión tengan lugar en otoño.
En octubre de 2023, la Corte Suprema restableció la norma, que los tribunales inferiores habían prohibido.
«Arma fantasma» es un término peyorativo utilizado por los defensores del control de armas para describir un arma de fuego casera que carece de número de serie y, por tanto, no puede ser rastreada por las fuerzas policiales.
Aunque algunos estados regulan las armas caseras, los grupos de control de armas llevan años intentando prohibir o regular las armas caseras a nivel federal, pero no han conseguido convencer al Congreso de Estados Unidos para que actúe.
El presidente Joe Biden ha afirmado que las pistolas de fabricación privada, que a menudo se construyen con kits de armas, son las «armas preferidas por muchos delincuentes».
La norma gubernamental sobre «armazón o receptor» data de abril de 2022. Obliga a las personas que ensamblan armas de fuego caseras a añadirles números de serie. La norma también obliga a comprobar los antecedentes de los consumidores que compran kits de montaje de armas a distribuidores.
Las piezas de armas que se envían son, no obstante, armas sujetas a las leyes vigentes, argumenta el gobierno.
La Corte Suprema concedió la petición de certiorari, o revisión, en Garland contra Vanderstok en una orden sin firma. Ningún juez disintió.
Firearms Policy Coalition (FPC) y FPC Action Foundation (FPCAF) interpusieron la demanda contra la norma de «armazón o receptor» que está aplicando la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
«La FPC y nuestros miembros esperan que se ponga fin a la norma inconstitucional y abusiva del presidente Biden. Estamos encantados de que la Corte Suprema oiga nuestro caso y decida esta importante cuestión de una vez por todas», dijo en un comunicado el fundador y presidente de la FPC, Brandon Combs.
La decisión de una corte inferior en el caso que bloqueaba la norma «fue correcta y ahora esa victoria puede aplicarse a todo el país».
«Este es un día importante para todo el movimiento por la libertad. Al aceptar escuchar nuestro caso, la Corte Suprema tendrá la oportunidad de poner a la ATF firmemente en su lugar y detener a la agencia de expandir inconstitucionalmente su agenda de control de armas», dijo el presidente de la Fundación de Acción FPC, Cody J. Wisniewski, quien actúa como abogado de los demandantes en el caso.
«Esperamos abordar esta norma ilegal en el próximo periodo de la corte», añadió.
El 16 de octubre de 2023, la Corte Suprema emitió una orden judicial en el caso Garland contra Blackhawk Manufacturing Group Inc. que permitía al gobierno de Biden aplicar la norma que regula las armas.
Antes de eso, el juez Samuel Alito había suspendido administrativamente una orden del 14 de septiembre de 2023 del juez Reed O’Connor de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Texas que bloqueaba la norma. El 5 de julio, el juez O’Connor dictó una orden judicial tras considerar que la normativa infringía la legislación vigente.
El juez consideró que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que forma parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), fue más allá de su jurisdicción legal al regular «componentes de armas de fuego parcialmente fabricados, productos de armas de fuego relacionados y otras herramientas y materiales».
La norma «es una acción ilegal de la agencia», dictaminó entonces el juez.
El 24 de julio de 2023, la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 5º Circuito denegó la solicitud del gobierno de suspender la orden de la corte inferior que bloqueaba la norma «porque la ATF no ha demostrado una fuerte probabilidad de éxito en cuanto al fondo, ni un daño irreparable en ausencia de una suspensión».
La cuestión llegó a la Corte Suprema el 8 de agosto de 2023, cuando una división de 5-4 en el más alto tribunal del país permitió que la norma del gobierno sobre armas fantasma siguiera en vigor mientras estaba pendiente una apelación de la orden judicial en el 5º Circuito.
Cuatro jueces conservadores —Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh— se apartaron de la decisión.
Dos conservadores —el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett— se unieron a los tres liberales de la corte —las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— para votar a favor de que la norma siguiera en vigor por el momento.
Posteriormente, el 14 de septiembre de 2023, el juez O’Connor emitió una orden que limitaba su medida cautelar para cubrir 80 Percent Arms y Defense Distributed, dos empresas implicadas en el litigio, junto con sus clientes.
El Departamento de Justicia comunicó al 5º Circuito que el juez de distrito estaba ignorando la orden de la Corte Suprema.
El 2 de octubre de 2023, el 5º Circuito emitió un fallo en el que indicaba que no estaba de acuerdo con el argumento del Departamento de Justicia, pero también consideró que la orden judicial «abarca demasiado».
«Las medidas cautelares que ofrecen alivio a quienes no son parte son potencialmente problemáticas. Y parece que el requerimiento del tribunal de distrito es demasiado amplio en la medida en que ofrece una reparación a los clientes que no son parte».
No obstante, la corte consideró que «los fabricantes demandantes se verían irremediablemente perjudicados si se vieran obligados a cerrar sus empresas o si fueran detenidos a la espera de la revisión judicial de la Norma Final».
Aunque anuló la medida cautelar en lo que respecta a los clientes de kits de armas, la corte tribunal dijo que lo hizo basándose en las garantías de la Administración Biden de que «no aplicará la Norma Final contra los clientes que compren ‘armazones o receptores’ regulados y que, por lo demás, tengan derecho legalmente a comprar armas de fuego».
La corte de circuito también sugirió que el juez O’Connor podría volver a examinar la cuestión y ampliar su medida cautelar en caso de que la administración incumpla su promesa de no aplicar la norma contra los clientes.
«Por supuesto, si las circunstancias cambian, la corte de distrito es libre de adaptar la medida cautelar a las nuevas circunstancias», declaró el 5º Circuito.
«Pero tal como están las cosas hoy, el gobierno tiene razón en que la medida cautelar no puede extenderse a los clientes que no son parte».
La corte de circuito añadió que los demandantes que interpusieron la acción contra la norma tienen «probabilidades de éxito en cuanto al fondo porque la Regla Final es contraria a derecho».
La Corte Supremo no explicó su decisión del 22 de abril. Al menos cuatro de los nueve jueces deben votar a favor de la petición para que ésta pase a la fase de alegatos orales.
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