La Corte Suprema anunció que el 16 de octubre examinará el recurso presentado por San Francisco contra la normativa de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) sobre contaminación del agua.
El anuncio del 26 de julio se produjo cuando varias agencias de gestión del agua y gobiernos locales presentaron un escrito ante el más alto tribunal del país apoyando la postura de San Francisco en el caso.
La ciudad argumentó en los documentos judiciales que las normas de vertido de aguas residuales de la agencia son tan “vagas” y “nebulosas” que violan la ley federal.
La ciudad afirma que los funcionarios de la EPA malinterpretaron una disposición de la Ley federal de Agua Limpia de 1972 (CWA) cuando expidieron un permiso de vertido de aguas residuales. Según la ciudad, al expedir el permiso, los funcionarios se desviaron tanto del marco de la ley que tuvieron el efecto de revivir el antiguo enfoque regulador que la ley había sustituido.
La EPA expide permisos a las administraciones locales y a las autoridades responsables de la gestión del agua en virtud del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES), con el objetivo de limitar la contaminación del agua mediante la regulación de las fuentes puntuales que envían contaminantes a las masas de agua.
La agencia define una fuente puntual como “cualquier fuente de contaminación identificable desde la que se vierten contaminantes, como una tubería, una zanja, un barco o… una fábrica”. Las fuentes puntuales más comunes son las depuradoras de aguas residuales y las fábricas.
La oficina del suroeste del Pacífico de la EPA expide permisos para vertidos de aguas residuales, como los que realiza San Francisco, al océano Pacífico.
San Francisco argumentó en su petición presentada ante la Corte Suprema el 8 de enero que los permisos de vertido emitidos por la EPA ordenan que las ciudades no contaminen “demasiado” las masas de agua, pero no establecen una limitación específica.
Según la ciudad, su permiso más reciente es uno de los muchos expedidos en todo el país que no notifican a los titulares del permiso lo que deben hacer para cumplir la Ley de Agua Limpia.
El permiso de la ciudad establece que San Francisco no puede causar ni contribuir a que se “excedan” los estándares de calidad del agua. En lugar de simplemente informar a la ciudad “cuánto debe controlar sus vertidos para cumplir con la Ley”, las “prohibiciones genéricas” de la EPA dejan a la ciudad vulnerable a la aplicación de la ley en función de si el Océano Pacífico cumple con los estándares de calidad del agua adoptados por el estado”, según la petición.
En julio de 2023, una dividida Corte de Apelación del Noveno Circuito de EE.UU. rechazó el recurso de San Francisco y confirmó la potestad de la EPA para especificar límites genéricos o “prohibiciones narrativas generales” sobre los vertidos en virtud de la Ley de Aguas Limpias.
La Procuradora General de EE.UU., Elizabeth Prelogar, había instado a la Corte Suprema en un escrito del 12 de abril a no aceptar el caso, escribiendo que los permisos de vertido de aguas residuales son suficientemente específicos.
Por ejemplo, el permiso expedido a la ciudad establece que el agua vertida no puede afectar negativamente al pH del agua a la que se vierte y que “las partículas flotantes y la grasa y el aceite no deben ser visibles”, escribió Prelogar.
La Corte Suprema accedió a la petición de San Francisco el 28 de mayo.
Un grupo de gobiernos locales, empresas de suministro de agua y asociaciones relacionadas con la calidad del agua de todo Estados Unidos presentaron el 26 de julio un informe de apoyo a San Francisco en este asunto.
Entre las 27 entidades que participan en el escrito se encuentran la Asociación Nacional de Agencias de Agua Limpia, la Asociación de Agencias de Saneamiento de California, la Autoridad de Recursos Hídricos de Massachusetts, la Autoridad de Agua y Alcantarillado del Distrito de Columbia, el Distrito Regional de Alcantarillado del Noreste de Ohio y la ciudad de Nueva York.
La Corte Suprema debería anular la sentencia del Noveno Circuito “porque su interpretación errónea de la CWA tendrá consecuencias significativas para las empresas públicas de agua limpia y las comunidades a las que sirven en todo el país”, afirma el escrito.
Los servicios públicos deben tener “previsibilidad y certidumbre” a la hora de gestionar las grandes inversiones en infraestructuras necesarias para cumplir con los “estrictos requisitos” de la Ley de Agua Limpia.
«Las empresas de servicios públicos ya se enfrentan a retos relacionados con la sustitución de las envejecidas infraestructuras de alcantarillado y aguas pluviales, el aumento de la resiliencia del sistema frente al cambio climático, la lucha contra los contaminantes emergentes y las amenazas a la ciberseguridad”, dice el escrito.
“Las prohibiciones genéricas de calidad del agua agravan estos problemas al dejar abierta la posibilidad de que las empresas de servicios públicos que ya cumplen con las numerosas limitaciones de efluentes en sus permisos NPDES puedan, no obstante, ser consideradas por un tribunal como infractoras de la CWA”.
Los efluentes son residuos líquidos o aguas residuales que se vierten en una masa de agua.
La EPA estimó en 2022 que el cumplimiento de la CWA en todo el país costará más de 630,000 millones de dólares entre 2022 y 2041, según el escrito.
La corte se encuentra actualmente en receso estival y reanudará la audiencia oral a principios de octubre.
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