Corte Suprema evaluará exención fiscal de caridades católicas en Wisconsin

Por Matthew Vadum
14 de diciembre de 2024 6:58 PM Actualizado: 14 de diciembre de 2024 7:10 PM

La Corte Suprema de EE. UU. decidió el 13 de diciembre examinar si la labor de una organización benéfica católica de Wisconsin está lo suficientemente vinculada a la religión como para permitirle estar exenta del pago del impuesto de desempleo.

La corte concedió la petición en el caso Catholic Charities Bureau v. Wisconsin Labor and Industry Review Commission mediante una orden sin firma. La corte no explicó su decisión. Ningún juez disintió de la sentencia.

La ley de Wisconsin exime del pago del impuesto estatal de desempleo a las organizaciones religiosas que están «gestionadas, supervisadas, controladas o sostenidas principalmente por una iglesia o una convención o asociación de iglesias».

El demandante, Catholic Charities Bureau, y varias entidades relacionadas gestionadas por una diócesis católica presentaron una petición el 9 de agosto ante la Corte Suprema de EE.UU. Las organizaciones están representadas por el Becket Fund for Religious Liberty.

La Corte Suprema de Wisconsin determinó en marzo por 4-3 que Catholic Charities no está «gestionada principalmente con fines religiosos», por lo que no cumple los requisitos para obtener una exención fiscal.

Dicho tribunal sostuvo que las actividades de Catholic Charities no pueden considerarse actividades religiosas «típicas» porque la organización no «intenta imbuir a los participantes en el programa de la fe católica», y la ayuda que presta a las personas con discapacidades mentales y de desarrollo podría ser llevada a cabo por organizaciones laicas.

La jueza de la Corte Suprema de Wisconsin, Ann Walsh Bradley, escribió que «si nos fijáramos únicamente en el propósito de la iglesia al hacer funcionar la organización, entonces cualquier organización religiosa afiliada estaría siempre exenta».

Las organizaciones pidieron al más alto tribunal del país que decidiera si Wisconsin está infringiendo las protecciones religiosas de la Primera Enmienda «al denegar a una organización religiosa una exención fiscal que de otro modo estaría disponible porque la organización no cumple los criterios estatales de comportamiento religioso», según la petición.

Las organizaciones benéficas sostienen que el tribunal estatal se equivocó al considerar que los servicios que prestan «no tienen una finalidad religiosa».

«Dicho de otro modo, no importa si Catholic Charities da un vaso de agua en nombre de Jesús, porque las organizaciones benéficas no religiosas también ofrecen vasos de agua», dice la petición, interpretando el fundamento de la decisión del tribunal estatal.

La sentencia ofrece un «resultado absurdo [que] profundiza la división entre los tribunales estatales que exigen a las entidades religiosas que se ajusten a los estereotipos para poder acogerse a la exención de los “fines religiosos” y los que no lo hacen».

En un escrito presentado el 8 de noviembre, la Comisión de Revisión Laboral e Industrial de Wisconsin instó a la Corte Suprema de EE. UU. a no admitir a trámite el recurso.

El máximo tribunal debería rechazar el caso porque «no hay división de autoridad entre los tribunales supremos estatales sobre las reclamaciones de la Primera Enmienda que presentan [los peticionarios]». Tampoco hay división entre los tribunales federales de apelación, dijo la comisión estatal.

«Los tribunales deniegan habitualmente exenciones fiscales religiosas a entidades que afirman tener motivaciones religiosas sin enredarse demasiado en asuntos religiosos», afirmaba el escrito.

El impuesto de desempleo tampoco viola el derecho de los demandantes al libre ejercicio de la religión porque «no impone ninguna carga constitucionalmente significativa a su ejercicio religioso». La ley que autoriza el impuesto es «una ley general neutral y no discriminatoria en cuestiones de creencias religiosas».

Aún no se fijó una fecha para la vista oral del caso.

Si la Corte Suprema de EE. UU. programa la vista oral para principios del nuevo año, la decisión podría producirse en junio de 2025.


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