Corte Suprema falla a favor de acusado del 6 de enero que impugnó el cargo de obstrucción

Los fiscales presentaron cargos en virtud de una disposición sobre manipulación de pruebas de la Ley Sarbanes-Oxley destinada a frenar las irregularidades en Wall Street

Por Matthew Vadum
28 de junio de 2024 11:48 AM Actualizado: 28 de junio de 2024 11:48 AM

La Corte Suprema falló el 28 de junio a favor del acusado del 6 de enero Joseph Fischer, un expolicía acusado en virtud de una ley de reforma de la contabilidad después de que entrara en el Capitolio de EE. UU. durante cuatro minutos el 6 de enero de 2021.

La opinión mayoritaria en el caso fue escrita por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

Las juezas Amy Coney Barrett, Sonia Sotomayor y Elena Kagan disintieron.

El caso estaba siendo observado de cerca porque la decisión de la Corte Suprema podría afectar a cientos de procesamientos del 6 de enero, incluido el caso relacionado con el 6 de enero contra el expresidente Donald Trump.

El Sr. Fischer, de Jonestown, Pensilvania, fue acusado de varios cargos tras la irrupción en el Capitolio el 6 de enero de 2021, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial en virtud de la ley de obstrucción de la era Enron, 18 U.S. Code Section 1512(c). Las condenas en virtud de esta sección pueden conllevar 20 años de prisión.

La redacción del artículo 1512(c) se centra en la documentación y en garantizar que esté disponible para los procedimientos oficiales.

La sección 1512(c) establece: «Quien corruptamente (1) altere, destruya, mutile u oculte un registro, documento u otro objeto, o intente hacerlo, con la intención de perjudicar la integridad del objeto o la disponibilidad para su uso en un procedimiento oficial; o (2) de otra manera obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial o intente hacerlo, será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambos».

El cargo está relacionado con la presunta obstrucción de la certificación del Congreso de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, un procedimiento que allanó el camino para la toma de posesión del presidente Joe Biden dos semanas después.

El Sr. Fischer argumentó que no debería haber sido acusado en virtud de la sección 1512(c), una disposición sobre manipulación de pruebas de la Ley Sarbanes-Oxley destinada a frenar las irregularidades en Wall Street.

Esta ley surgió a raíz de los escándalos de fraude de Enron Corp. y otras grandes empresas. Enron empleó prácticas contables dudosas para ocultar la caída de beneficios y exagerar las ganancias, y al parecer sus empleados empezaron a destruir documentación cuando se enteraron de que se estaban preparando acusaciones.

Algunos de los acusados que llegaron al Capitolio tras la evacuación del Congreso el 6 de enero de 2021 también fueron acusados de obstrucción de un procedimiento oficial. Varios acusados han argumentado sin éxito en el juicio que no pudieron haber obstruido el Congreso porque no estuvieron presentes en el Capitolio hasta después de que los legisladores abandonaran el complejo.

El ex policía de Pensilvania Joseph W. Fischer (derecha) está acusado de forcejear con la policía dentro del Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021. (Departamento de Justicia de EE.UU./Captura de pantalla vía The Epoch Times)
El ex policía de Pensilvania Joseph W. Fischer (derecha) está acusado de forcejear con la policía dentro del Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021. (Departamento de Justicia de EE.UU./Captura de pantalla vía The Epoch Times)

El Sr. Fischer también afirma que abandonó el complejo antes de que el Congreso intentara avanzar en la certificación de las elecciones y que se encontraba en Maryland en el momento de la brecha de seguridad.

Expertos jurídicos, incluido el abogado defensor del Sr. Fischer, han criticado al Departamento de Justicia por utilizar la ley contra los acusados, incluido el expresidente Donald Trump, argumentando que es un vehículo inapropiado para procesar a personas que estaban ejerciendo su derecho de la Primera Enmienda a protestar por la certificación del Congreso de los resultados electorales.


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