La Corte Suprema dictaminó por unanimidad que la Asociación Nacional del Rifle alegó de manera plausible que un exfuncionario del estado de Nueva York violó la Primera Enmienda al presionar a las compañías de seguros para que cortaran los vínculos con la organización de derechos al porte de armas.
“Un funcionario del gobierno puede compartir sus puntos de vista libremente y criticar creencias particulares, y puede hacerlo enérgicamente con la esperanza de persuadir a otros a seguir su ejemplo”, escribió la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor en la opinión mayoritaria del 30 de mayo.
“Al hacerlo, puede confiar en los méritos y la fuerza de sus ideas, la fuerza de sus convicciones y su capacidad para inspirar a otros. Lo que no puede hacer, sin embargo, es utilizar el poder del Estado para castigar o reprimir la expresión desfavorable”, añadió.
Los jueces Neil Gorsuch y Ketanji Brown Jackson presentaron opiniones concurrentes.
El caso NRA vs Vullo surgió a raíz del tiroteo en Parkland el 14 de febrero de 2018. La decisión de la Corte Suprema permite a la organización de derechos de armas proceder con sus reclamos de la Primera Enmienda en un tribunal inferior.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos rechazó los argumentos de la Primera Enmienda de la NRA y dijo que, independientemente de ello, la Superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS), María Vullo, tenía derecho a inmunidad calificada.
Un tribunal de distrito había bloqueado las mociones de desestimación presentadas tanto por la Sra. Vullo como por el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pero este último no apeló.
Discurso coercitivo
David Cole, quien defendió a la NRA el 18 de marzo, sostuvo que el estado de Nueva York participó en un tipo de actividad coercitiva que violaba la Primera Enmienda.
“No se trataba de hacer cumplir la ley de seguros ni de un mero discurso del gobierno”, dijo Cole. «Fue una campaña de los más altos funcionarios políticos del estado para usar su poder para forzar un boicot a una organización de defensa política porque no estaban de acuerdo con su defensa».
La oficina del procurador general de Estados Unidos argumentó de manera similar que la conducta de la Sra. Vullo y las comunicaciones del Sr. Cuomo demostraban que el Estado estaba participando en una coerción prohibida por la Primera Enmienda.
Neal Katyal, quien defendió a la Sra. Vullo, dijo que el estado atacó a la NRA basándose en productos de seguros ilegales y, por lo tanto, estaba justificado decirle a las empresas que dejaran de trabajar con ellos.
Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema declaró que la “ilegalidad reconocida de los programas de seguro respaldados por la NRA no aísla a Vullo del escrutinio de la Primera Enmienda”.
Al apoyar a la NRA, la jueza Sotomayor, en su opinión del 30 de mayo, se basó en la opinión del tribunal de 1963 en Bantam Books vs Sullivan . Esa opinión sostenía que Rhode Island practicaba una censura informal con sus avisos a un distribuidor de publicaciones incluidas en la lista negra.
“En última instancia, Bantam Books defiende el principio de que un funcionario del gobierno no puede hacer indirectamente lo que se le prohíbe hacer directamente: un funcionario del gobierno no puede obligar a un particular a castigar o reprimir el discurso desfavorable en su nombre”, escribió la jueza Sotomayor.
Su opinión se centró en el poder que ejerció la Sra. Vullo durante su mandato y la naturaleza de las comunicaciones que envió a las compañías de seguros. “El mensaje fue… alto y claro”, dijo la juez Sotomayor en referencia a las interacciones del DFS con la aseguradora Lloyd’s.
«Como se alega, las comunicaciones de Vullo con Lloyd’s pueden entenderse razonablemente como una amenaza o un incentivo», escribió. «Cualquiera de las dos cosas puede ser coercitiva».
El caso NRA vs Vullo se escuchó el mismo día en que la administración Biden defendió sus comunicaciones presionando a los gigantes de las redes sociales en su moderación de contenido relacionado con COVID-19 y las elecciones de 2020. La decisión en ese caso, Murthy vs Missouri , aún no se ha anunciado.
Concurrencia de la juez Jackson
En su acuerdo, la jueza Jackson buscó “enfatizar la importante distinción entre coerción gubernamental, por un lado, y una violación de la Primera Enmienda, por el otro”.
Escribió que la coerción gubernamental por sí sola no era suficiente para probar una violación de la Primera Enmienda y que los hechos de un caso particular deberían desempeñar un papel en el establecimiento de ese vínculo. La juez Jackson expresó cautela a la hora de aplicar el fallo de Bantam Books a otros casos.
“[E]l efecto de la supuesta coerción de Vullo sobre entidades reguladas en el discurso de la NRA está significativamente más atenuado aquí que en Bantam Books o la mayoría de las decisiones que la aplican”, escribió.
«No es, por ejemplo, nada obvio que la conducta de Vullo hacia las entidades reguladas estableciera ‘un sistema de restricciones administrativas previas’ contra la expresión de la NRA».
La jueza Jackson llamó la atención en marzo cuando dijo durante un argumento oral en Murthy vs Missouri que estaba preocupada porque la Primera Enmienda “paralizara” al gobierno federal.
Sus comentarios provocaron una ola de críticas que sugerían que ella malinterpretó el propósito de la Primera Enmienda.
Indicó su preocupación por el hecho de que el gobierno federal no pueda proteger a los niños que potencialmente participan en conductas dañinas.
“Supongo que algunos podrían decir que el gobierno tiene realmente el deber de tomar medidas para proteger a los ciudadanos de este país, y usted parece estar sugiriendo que ese deber no puede manifestarse en que el gobierno anime o incluso presione a las plataformas para que retiren información perjudicial», dijo la magistrada.
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