Varios jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos sugirieron el 18 de marzo que fallarían a favor de las personas que cuestionaron cómo los funcionarios del gobierno presionaron a las empresas de redes sociales para que censuraran a sus usuarios, provocando una serie de repercusiones.
La jueza Amy Coney Barrett, nombrada por el expresidente Donald Trump, ofreció el escenario de funcionarios del estado de Louisiana que fueron doxeados al publicarse su información privada en línea. Algunas personas a continuación hicieron llamados para hacer daño a los funcionarios, pero los posteos no llegaron a ser ilegales en sí mismos.
El FBI vio los mensajes y alertó a las redes sociales. El FBI dice que los mensajes son «significativamente amenazadores», dijo la jueza Barrett en su hipótesis. ¿Debe la corte impedir que el FBI lo haga?
«Yo soy un purista de la Primera Enmienda, así que mi respuesta sería ‘sí'», respondió el procurador general de Louisiana, Benjamin Aguinaga.
La jueza Barrett replicó, preguntando si el funcionario era consciente de la frecuencia con que el FBI llevaba a cabo ese tipo de comunicación.
«Por eso tengo mi respuesta de respaldo, Señoría, que es, si usted cree que tiene que haber más, el FBI absolutamente puede identificar ciertas situaciones problemáticas como esa para las plataformas y dejar que las plataformas tomen medidas», dijo el Sr. Aguinaga.
Las hipótesis son importantes, pero el caso que se está tratando se refiere a que el FBI tomó medidas con respecto al laptop de Hunter Biden y otras cuestiones para las que no hay ninguna emergencia, añadió.
«Eso es, juzgar como volver a caer en ‘bueno, este caso es diferente, este caso es diferente, y, por tanto, debería aplicarse un estándar legal diferente’. Pero, lo que decimos en este caso importa para otros casos también», dijo la jueza Barrett.
«Y así es (…) Pero si lo que el FBI está haciendo es tratar de persuadir a un intermediario para que retire un discurso privado de un tercero, yo pienso que eso está cubierto por el texto llano de Norwood, y eso, quiero decir, es una restricción de la libertad de expresión», dijo el Sr. Aguinaga. En Norwood vs. Harrison, la Corte Suprema dictaminó que «un Estado no puede inducir, animar o promover a particulares a realizar lo que constitucionalmente tiene prohibido realizar».
El juez John Roberts, nombrado por el expresidente George W. Bush, ofreció más tarde otra hipótesis que implicaba a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) al interrogar al Sr. Aguinaga.
«¿Cómo se analiza una situación en la que, tal vez la EPA está tratando de coaccionar a la plataforma sobre algo y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está tratando de coaccionarlos en el otro sentido?», preguntó el juez Roberts. «Quiero decir, uno no puede simplemente elegir qué parte del gobierno le preocupa».
La respuesta del Sr. Aguinaga fue interrumpida por la jueza Kagan, que dijo que las fuerzas del orden encuentran discursos terroristas en las redes sociales y acuden a las plataformas para advertirles. «¿El Gobierno no puede hacer eso?», le preguntó.
«El gobierno absolutamente puede hacer eso», dijo el Sr. Aguinaga. «La actividad terrorista, esa actividad criminal, no es discurso protegido. Absolutamente».
La jueza Kagan, nombrada por el expresidente Barack Obama, dijo entonces que el discurso podría estar protegido por la Constitución.
«Si se trata de un discurso protegido por la Primera Enmienda, creo que estamos en un mundo completamente diferente», dijo el Sr. Aguinaga. Cuando las plataformas retiran ese tipo de discurso bajo la presión del gobierno, «eso es una cuestión encuadrada en la Primera Enmienda».
Los jueces Kagan y Brett Kavanaugh, un designado del presidente Trump, ambos plantearon cómo los funcionarios del gobierno contactan a las organizaciones de noticias con respecto a historias sensibles.
«Esto sigue ocurriendo ahora. Hace décadas, sucedía todo el tiempo, es decir, alguien de la Casa Blanca se ponía en contacto con alguien del Washington Post, y decía ‘esto solo dañará la seguridad nacional’, y el Washington Post decía, ‘vale, lo que tú digas'», dijo la jueza Kagan. «¿Fue eso coacción?», añadió después.
«Si hay un interés de seguridad nacional, quizá el Gobierno pueda satisfacer el escrutinio estricto en esa circunstancia. Lo que yo también diría es que probablemente no tendríamos una demanda basada en eso, porque no sé cómo podríamos obtener una medida cautelar basada en un acercamiento fugaz, de improviso, de la Casa Blanca», dijo el Sr. Aguinaga.
Él añadió poco después que, en su opinión, el gobierno puede pedir a las plataformas que adjunten notas a la información supuestamente falsa, pero una vez que presiona para que se eliminen o reduzcan las publicaciones que contienen la información, surgen problemas constitucionales.
El juez Kavanaugh imaginó los posteos que ofrecen información inexacta sobre lo que hacen las tropas estadounidenses. «¿Por qué deberían publicar esa información inexacta?», preguntó el juez.
«La estrella polar para el gobierno en esa situación es más discurso. Publicar el discurso verdadero que ellos creen que debe contrarrestar lo que consideran un discurso falso», dijo el Sr. Aguinaga. «El gobierno no está indefenso. Tiene herramientas (…) a su disposición, y la censura nunca ha sido el remedio por defecto para una violación percibida de la Primera Enmienda.»
Los documentos dados a conocer por los funcionarios estatales y otras personas que desafiaron la conducta del gobierno demuestran que los funcionarios federales presionan a las plataformas para eliminar la supuesta información errada, incluidos los mensajes sobre el laptop del Sr. Biden y la eficacia de la vacuna contra COVID-19. Los documentos muestran «un esfuerzo masivo por parte de los demandados, desde la Casa Blanca hasta las agencias federales, para suprimir la expresión basada en su contenido», dictaminó un juez federal.
Las cortes inferiores impidieron a la administración del presidente Joe Biden colaborar con las grandes empresas de tecnología para censurar posteos, pero la Corte Suprema, cuando en 2023 aceptó conocer del caso, suspendió esas órdenes.
La Corte Suprema concluyó el lunes los alegatos orales en el caso Murthy vs. Missouri, y prevé dictar una sentencia en el futuro.
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