La Corte Suprema denegó el 11 de diciembre la solicitud de emergencia de una compañía eléctrica para bloquear una norma federal que obliga a los productores de energía a evitar la fuga de cenizas de carbón de las instalaciones de almacenamiento hacia las aguas subterráneas.
La Corte emitió una orden sin firma denegando la solicitud de emergencia en el caso East Kentucky Power Cooperative (EKPC) vs. la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Ningún juez disintió. La corte no explicó su decisión.
El fallo permite que prosiga el litigio sobre la norma que está pendiente en la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia. La corte de circuito se negó a suspender la norma el 1 de noviembre, por lo que entró en vigor una semana después.
El caso podría volver a la Corte Suprema en el futuro.
La norma de la EPA publicada en mayo obligaría a las plantas de carbón que cerraron antes de octubre de 2015 a tomar medidas para garantizar que las cenizas de carbón, también conocidas como residuos de la combustión del carbón o RCC, no se filtren desde los llamados embalses de superficie, o grandes estanques, donde la agencia permitía anteriormente que se depositara el material.
Según la EPA, en 2014 se generaron casi 130 millones de toneladas de cenizas de carbón.
Las cenizas de carbón incluyen diversos subproductos como cenizas volantes, cenizas de fondo, escorias de caldera, así como material de desulfuración de gases de combustión, cenizas de combustión en lecho fluido, residuos de depuradores y cenosferas, que son pequeñas partículas. Algunas centrales eléctricas envían las cenizas de carbón a vertederos o reciben un permiso para verterlas a los cursos de agua. Mediante el reciclado, también pueden convertirse en hormigón y paneles de yeso.
La agencia afirma que las cenizas de carbón deben regularse para que los contaminantes que contienen, como arsénico, cadmio y mercurio, no lleguen al aire ni al agua potable.
La EPA argumenta que deben mejorarse las medidas de seguridad en los vertederos de superficie porque corren el riesgo de filtrar sustancias químicas peligrosas.
La cooperativa argumentó en su demanda presentada ante la corte el 5 de noviembre que la norma de la EPA es «otro intento agresivo de la EPA de sobrepasar los límites de su autoridad reguladora» y que «va demasiado lejos».
La norma «causará daños irreparables a la demandante EKPC si no se suspende».
La demanda afirma que la norma es ilegal porque la Ley federal de Conservación y Recuperación de Recursos «no da a la EPA un cheque en blanco para hacer lo que quiera en materia de residuos sólidos». Solo permite a la agencia estipular el lugar donde los residuos sólidos pueden ser «eliminados».
La norma, dice la cooperativa, retrocede ilegalmente en el tiempo para imponer «nuevas obligaciones a operaciones realizadas hace mucho tiempo» al regular los lugares donde se eliminaron anteriormente las cenizas de carbón, junto con los embalses donde se depositaron.
Esta retroactividad va más allá de las competencias de la agencia. Obligaría a la cooperativa «a reabrir emplazamientos cerrados hace mucho tiempo» que fueron clausurados con aprobación estatal «solo para volver a cerrarlos bajo nuevos requisitos gravosos», según la solicitud.
«Si el Congreso hubiera querido que la EPA ejerciera un poder retroactivo tan amplio, lo habría dicho claramente. Pero no lo ha hecho».
La EPA argumentó en un escrito de 26 de noviembre que la solicitud debe ser rechazada porque la impugnación de la norma por parte de la cooperativa no es de interés público, y es poco probable «que tenga éxito en cuanto al fondo».
Según la agencia, la cooperativa tampoco ha demostrado que vaya a «sufrir daños irreparables sin una suspensión».
Incluso si las cenizas de carbón de un embalse se han eliminado, los productos químicos nocivos todavía pueden estar presentes en el suelo y las aguas subterráneas cercanas.
«La evaluación de riesgos de 2014 de la EPA mostró que los embalses en general, y los embalses sin revestimiento en particular, filtran contaminantes a niveles que plantean riesgos para la salud y el medio ambiente y justifican la regulación», afirma el escrito.
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