La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a deshacer las sanciones contra un grupo de abogados pro-Trump —incluidos Sidney Powell y Lin Wood— que presentaron una demanda impugnando los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Michigan.
En una lista de órdenes del 20 de febrero, la Corte Suprema denegó un certiorari sin comentarios, dejando en su lugar las sanciones contra siete abogados que formaban parte de la demanda de Michigan, que fue presentada en nombre de seis votantes republicanos.
La demanda fallida, presentada como parte de una serie de demandas «Kraken» que la Sra. Powell defendió, solicitó una medida de emergencia para eliminar la cuenta de todos los votos por correo de las elecciones de 2020, o descalificar que sean contados los votos del colegio electoral de Michigan en el recuento final. También pidió que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, transmitiera resultados electorales certificados que declararan que «el presidente Donald Trump es el ganador de las elecciones».
En agosto de 2021, la jueza de distrito, Linda Parker, ordenó a la Sra. Powell y a otros abogados pagar una multa de 175,000 dólares en una orden de 110 páginas que calificaba su demanda de impugnación de las elecciones de Michigan de «frívola» y de «abuso histórico y profundo del proceso judicial».
La Sra. Powell argumentó en sus escritos ante la Corte que su conducta era razonable y que había investigado sus alegaciones de fraude electoral antes de presentar la demanda.
La Corte Suprema rechazó otras solicitudes de abogados que se opusieron a las sanciones judiciales por las demandas que ellos presentaron impugnando los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
«Efecto amedrentador sobre la celosa defensa»
El juez Parker, nominado por el presidente Barack Obama, también dijo que la abogada Powell esperó demasiado para presentar la demanda y dijo que las acusaciones de fraude electoral en las que se basaba eran “nada más que especulaciones y conjeturas”. Además de una sanción monetaria, el juez ordenó que la Sra. Powell y los demás fueran remitidos a los colegios de abogados de sus respectivos estados para iniciar procedimientos disciplinarios.
En junio de 2023, un panel de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos confirmó las sanciones monetarias y disciplinarias contra la Sra. Powell, el Sr. Wood y los demás abogados, aunque redujo las sanciones monetarias a aproximadamente 150,000 dólares.
A continuación, la Sra. Powell y los demás presentaron una petición solicitando que la corte de apelaciones en pleno volviera a escuchar el caso, argumentando en su pedido de una nueva audiencia en pleno, que el fallo de un panel más pequeño “crea implicaciones adversas extraordinarias para la práctica del derecho” y “crea un efecto paralizador sin precedentes e inadmisible sobre la defensa entusiasta y la voluntad de cualquier abogado de aceptar casos controvertidos”.
En agosto de 2023, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos denegó la solicitud de la Sra. Powell y los demás para volver a escuchar su apelación sobre las sanciones.
Más adelante, en noviembre de 2023, la Sra. Powell y los otros abogados apelaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos, argumentando en su petición de un auto de certiorari que las sanciones “enfrían y sobrecargan el derecho de la Primera Enmienda a presentar peticiones en casos impopulares”. También se opusieron a las sanciones por motivos técnicos.
“La petición plantea cuestiones importantes de debido proceso procesal y sustantivo con respecto a las sanciones y cuestiones aún más importantes de los derechos de la Primera Enmienda y la integridad electoral”, se lee en su denuncia.
La decisión de la Corte Suprema de denegar la solicitud de la Sra. Powell de un auto de certiorari significa que se mantienen las sanciones.
La Sra. Powell y los demás abogados no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios. Ellos han argumentado en documentos judiciales que siguieron todas las reglas de ética y que las sanciones fueron inadecuadas.
El Sr. Wood declaró a The Associated Press en un correo electrónico, en 2021, que no estuvo involucrado en la demanda de Michigan presentada por la Sra. Powell y que su nombre aparecía en ella porque le dijo a la Sra. Powell que estaría disponible si ella necesitaba un litigante experimentado para ayudar con el caso.
En julio de 2023, Wood anunció su retiro de la práctica de la abogacía en lugar de ser inhabilitado por el estado de Georgia.
Desde las elecciones de 2020, varios otros abogados que fueron contratados por el presidente Trump o que habían promovido sus denuncias de fraude electoral se han enfrentado a la inhabilitación.
Por ejemplo, Jenna Ellis fue censurada por el Colegio de Abogados de Colorado por hacer lo que afirmó eran declaraciones falsas sobre las elecciones de 2020. El exabogado de Trump, John Eastman, decano de derecho de la Universidad Chapman, se enfrenta a la inhabilitación en California.
Al exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, abogado y aliado de Trump desde hace mucho tiempo, también se le suspendió la licencia después de las elecciones.
La Sra. Powell, quien llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales del condado de Fulton, Georgia, en un caso separado relacionado con las elecciones, también se enfrenta a la inhabilitación.
Declaración de culpabilidad
En octubre de 2023, la Sra. Powell aceptó un acuerdo de culpabilidad en el condado de Fulton y se declaró culpable de seis delitos menores relacionados con los esfuerzos por impugnar los resultados presidenciales de 2020 en Georgia.
La Sra. Powell y 18 coacusados, incluido el presidente Trump, fueron acusados de violar la Ley estatal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, una ley diseñada para luchar contra el crimen organizado.
Ella también enfrentó cargos adicionales relacionados con la retirada y el uso de máquinas de votación en el condado de Coffee.
Su acuerdo de culpabilidad no requirió que ella se declarara culpable del cargo de crimen organizado. Como parte del acuerdo, pagó 2700 dólares en restitución a la oficina del secretario de Estado de Georgia.
El presidente Trump, que se declaró inocente en el caso, lo calificó como un intento flagrante de interferir en las elecciones presidenciales de 2024.
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