La Corte Suprema se negó a escuchar una apelación presentada por un ex comisionado del condado de Nuevo México que fue inhabilitado para postularse a un cargo después de que participó en la irrupción del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
Couy Griffin, excomisionado del condado de Otero y fundador de «Cowboys for Trump», es el único cargo electo al que se le ha prohibido presentarse a las elecciones en relación con el incidente del 6 de enero. Fue inhabilitado por un tribunal estatal en virtud de una interpretación de la Sección 3 de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La decisión del Tribunal Supremo de no ocuparse de su caso significa que la sentencia de primera instancia dictada en 2022 se mantendrá y que Griffin no podrá ser elegido para un cargo local o estatal.
El Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó a principios de este mes que los estados carecen de poder para impedir que el expresidente Donald Trump y otros funcionarios federales aspiren a un cargo después de que el Tribunal Supremo de Colorado emitiera un fallo en diciembre para prohibirle participar en las votaciones estatales en virtud de la Sección 3. Pero en la opinión del lunes, el alto tribunal dijo que se aplican reglas diferentes a los candidatos y funcionarios locales y estatales.
«Concluimos que los estados pueden descalificar a las personas que ocupan o intentan ocupar cargos estatales. Pero los estados no tienen poder bajo la Constitución para hacer cumplir la Sección 3 con respecto a los cargos federales, especialmente la presidencia», dijo el tribunal al dictar la decisión relacionada con Trump.
A diferencia del presidente Trump, Griffin, republicano, fue condenado en un tribunal federal por entrar en una zona restringida del Capitolio el 6 de enero y recibió una pena de 14 días de prisión. La sentencia se compensó con el tiempo cumplido tras su detención en Washington, adonde había regresado para protestar por la toma de posesión del presidente Joe Biden en 2021. Esa condena está siendo recurrida.
Griffin argumentó que entró en el recinto del Capitolio el 6 de enero sin reconocer que había sido designado como zona restringida y que intentó dirigir a una multitud en oración utilizando un megáfono, sin llegar a la violencia.
Su apelación a la inhabilitación para el cargo argumentaba que el Congreso es la única entidad que puede hacer cumplir la Sección 3 de la enmienda, redactada tras la Guerra Civil y que prohíbe a los funcionarios que participen en una «insurrección o rebelión» contra el gobierno de Estados Unidos aspirar a un cargo. También quería que el alto tribunal aclarara cómo define la Constitución una «insurrección» y si el 6 de enero fue una.
La Sección 3 se aprobó para impedir que antiguos soldados confederados volvieran a trabajar en el gobierno de EE.UU. tras la Guerra Civil. Sin embargo, rara vez se ha aplicado.
Durante una entrevista con CNN sobre su apelación, Griffin dijo que cree que su descalificación se hizo de manera errónea y dijo que los casos similares contra el presidente Trump son erróneos.
«Todo esto empezó a pequeña escala, con ellos yendo a por mí, con el objetivo específico de llevarlo al gran escenario con Donald Trump», dijo a la cadena. «Yo era el caso de prueba».
A principios de este año, arremetió contra los principales titulares que afirman que el 6 de enero fue un ataque a la «democracia» durante una entrevista con NBC News. «Es asombroso. Vivimos en un país en el que el titular es ‘la democracia está siendo atacada’, y utilizan un juicio civil para destituir a un funcionario electo», dijo al medio.
En su petición al Tribunal Supremo, el abogado de Griffin argumentó que el 6 de enero Griffin estaba ejerciendo su derecho de reunión y libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda, y que su destitución viola la Primera Enmienda.
«Si la decisión … se mantiene, al menos en Nuevo México, ahora es delito de insurrección reunir a la gente para orar juntos por los Estados Unidos de América en los terrenos restringidos sin marcar del edificio del Capitolio», declaró su presentación, según informes de los medios de comunicación. «Este Tribunal no puede permitirlo».
Su abogado también argumentó a los magistrados que «el criterio para determinar si alguien participó en una insurrección no es invadir una propiedad del gobierno».
En el juicio de 2022 del Sr. Griffin en el tribunal de distrito estatal, el juez de Nuevo México Francis Mathew dijo que cree que el ataque del 6 de enero fue una insurrección y dictaminó que Griffin estaba involucrado porque contribuyó al retraso en los procedimientos de certificación electoral del Congreso.
Tres residentes de Nuevo México, junto con Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), un grupo de izquierda que también presentó la demanda de Colorado contra el presidente Trump, presentaron la demanda contra Griffin. En su sitio web, CREW parece tener un enfoque explícito en el presidente Trump y los republicanos que lo respaldan, y pide a los visitantes que «hagan una donación para apoyar nuestro trabajo continuo para responsabilizar a Trump».
En una declaración emitida en 2022 después de que un tribunal desestimó su apelación, la organización dijo que Griffin «participó en la insurrección el 6 de enero y se descalificó a sí mismo de la oficina bajo la Sección 3 de la Enmienda 14» y mantenerse fuera de la oficina «ayudará a proteger nuestras instituciones democráticas de los insurrectos».
Con información de The Associated Press.
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