La Corte Suprema rechazó una impugnación a la «radical» ley de clasificación de trabajadores de California que prácticamente prohíbe la contratación independiente, incluido el transporte independiente, y toma medidas drásticas contra la llamada economía de trabajos temporales (gig).
El fallo tiene el efecto de poner fin a una suspensión temporal que impedía la aplicación de la ley, conocida como AB5, contra los transportistas mientras estaba pendiente la apelación ante el Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelación del 9º Circuito de EE.UU. rechazó previamente la impugnación a la ley, al considerar que la ley no estaba restringida por la Ley de Autorización de la Administración Federal de Aviación de 1994, que se creó para evitar que los estados socavaran la desregulación federal de la industria del transporte por carretera mediante la imposición de sus propias regulaciones.
La ley es profundamente impopular en la comunidad empresarial de California, que se encuentra en dificultades.
Según la publicación jurídica JD Supra, la negativa del Tribunal Supremo a revisar el caso tendrá «profundas consecuencias para la industria del transporte y las cadenas de suministro en general». En un momento en el que hay un estrés generalizado en los recursos de transporte y en las cadenas de suministro, los transportistas, los intermediarios del transporte y los cargadores comerciales deben adaptarse ahora al nuevo panorama de California», escribió la publicación. Los transportistas deben «evaluar y adoptar modelos operativos alternativos para mitigar el riesgo si pretenden seguir haciendo negocios en California».
Esta es la segunda vez en nueve meses que el Tribunal Supremo se niega a escuchar una apelación que impugna la AB5. El 4 de octubre de 2021, el tribunal decidió no escuchar una apelación a un fallo del Tribunal de Apelación de California en un caso conocido como Cal Cartage Transportation Express LLC vs California.
La nueva decisión de no escuchar a la Asociación de Camiones de California vs Bonta, archivo judicial 21-194, llegó el 30 de junio en una orden sin firmar antes de que el tribunal superior entrara en receso durante el verano. Como es su costumbre, los jueces no explicaron su decisión al rechazar el caso. El demócrata Rob Bonta es el fiscal general de California.
La oficina de Bonta dijo que estaba «satisfecha» con la decisión, según Land Line, una publicación comercial. “En el Departamento de Justicia de California, continuaremos haciendo nuestra parte para defender las leyes diseñadas para proteger a los trabajadores y garantizar prácticas laborales y comerciales justas”.
“Repercusiones devastadoras”
Pero los representantes de la industria dicen que AB5 devastará el sector del transporte independiente.
«Se le ha echado gasolina a la actual crisis de la cadena de suministro», dijo en un comunicado la Asociación de Camioneros de California (CTA), que presentó el recurso.
“Además del impacto directo sobre los 70,000 propietarios-operadores de California que tienen siete días para cerrar negocios independientes de larga data, el impacto de sacar de las carreteras a decenas de miles de camioneros tendrá repercusiones devastadoras en una cadena de suministro ya frágil, aumentando costos y el empeoramiento de la galopante inflación”, dijo la CTA.
“Estamos decepcionados de que la Corte no reconozca el daño irrevocable que tendrá la eliminación de los camioneros independientes del comercio interestatal y de las comunidades en todo el estado”.
Todd Spencer, presidente de la Asociación de Conductores Independientes, también lamentó el fallo del tribunal.
“Con AB5 ahora listo para entrar en vigencia, miles de propietarios-operadores que conducen en California enfrentan un futuro incierto”, dijo Spencer según Land Line.
“California no ha brindado orientación a los propietarios-operadores sobre cómo pueden trabajar como contratistas independientes bajo este nuevo esquema, y los camioneros estarán a merced de la interpretación de los tribunales sobre cómo se aplicará la ley”, dijo Spencer.
«Para los camioneros que han invertido su sangre, sudor y tesoro para crear sus propios negocios, es desalentador que los legisladores y los tribunales sigan adelante con esta política radical que descarta un modelo de negocio beneficioso, que ha estado en vigor durante décadas. Al mismo tiempo, sabemos que ésta no será la última palabra sobre la legalidad de la AB5 y esperamos participar en futuras impugnaciones a la ley».
AB5 entró en vigencia el 1 de enero del 2020.
El estatuto, que fue impulsado por los trabajadores organizados para tomar medidas drásticas contra la llamada economía de trabajos temporales, difícil de sindicalizar, representada por compañías como Uber y Lyft, se promulgó, en palabras de los partidarios, para ayudar a los trabajadores a evitar su «clasificación errónea».
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