La Corte Suprema permitió el martes que el Título 42, la orden de inmigración y salud pública de la era Trump, siga vigente por el momento.
El alto tribunal votó (pdf) 5-4 para conceder una solicitud de emergencia de 19 fiscales generales estatales republicanos que buscaban intervenir en defensa de la norma, suspendiendo un fallo del juez del Distrito de Colombia Emmet Sullivan, nominado por Clinton, que permitió que la norma expirara la semana pasada.
Los jueces Neil Gorsuch, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra de conceder la solicitud, mientras que los jueces John Roberts, Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett votaron a favor. La semana pasada, Roberts, el presidente de la Corte Suprema, suspendió el plan para dar más tiempo a la Corte Suprema a estudiar la cuestión.
«La suspensión en sí misma no impide que el gobierno federal tome ninguna medida con respecto a esa política», decía el martes la breve orden sin firmar. «La revisión de certiorari de la Corte se limita a la cuestión de la intervención. Si bien los méritos subyacentes de la orden de sentencia sumaria del Tribunal de Distrito son pertinentes para ese análisis, la Corte no concede la revisión de esos méritos, que aún no han sido abordados por el Tribunal de Apelaciones».
Un disenso de dos páginas, escrito por Gorsuch, declaró que el «fallo de intervención del Tribunal del Distrito de Columbia adquiere la relevancia que tiene solo por su presencia en una disputa subyacente más grande sobre las órdenes del Título 42», y agregó que «no está claro qué podríamos lograr».
Los 19 estados habían argumentado que el levantamiento de la política podría conducir a un aumento de los cruces fronterizos, que ya son récord. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, suplicó a la Corte Suprema y a otros tribunales que mantuvieran intacta la norma, advirtiendo que provocaría un aumento de la inmigración ilegal.
La orden del Título 42 se implementó por primera vez en marzo de 2020 bajo el expresidente Donald Trump al comienzo de la pandemia de COVID-19. El presidente Joe Biden mantuvo las restricciones durante más de un año después de asumir el cargo en 2021 a pesar de prometer alejarse de las políticas de inmigración adoptadas por Trump.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a un récord de 2.2 millones de migrantes en la frontera suroeste en el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre, según muestran los datos. Cerca de la mitad de los arrestados fueron expulsados rápidamente en virtud de la política del Título 42.
Argumentos
La Administración Biden intentó levantar el Título 42 después de que las autoridades sanitarias estadounidenses dijeran en abril que la orden ya no era necesaria para prevenir la propagación del COVID-19, pero fue bloqueada por un juez federal de Luisiana nominado por Trump, en respuesta a un recurso legal liderado por los republicanos.
Argumentando en nombre de la administración, la procuradora general de EE. UU. Elizabeth B. Prelogar dijo a los nueve jueces que el gobierno ha reconocido que el levantamiento del Título 42 conduciría «a la interrupción y un aumento temporal de los cruces fronterizos ilegales», pero afirmó que la solución para el problema de la inmigración «no puede ser extender indefinidamente una medida de salud pública que ahora todos reconocen que ha superado su justificación de salud pública».
El gobierno, también escribió (pdf), tiene como objetivo poner en marcha «nuevas políticas en respuesta a la interrupción temporal que es probable que ocurra cuando las órdenes del Título 42 terminen». Prelogar no entró en detalles sobre lo que eso podría implicar, pero estipuló que el «gobierno federal está preparado para hacerlo, incluso mediante el aumento de los recursos y la invocación de sus autoridades del Título 8 para aplicar nuevas políticas en respuesta a la interrupción temporal que es probable que ocurra cuando terminen las órdenes del Título 42».
Los funcionarios estatales del Partido Republicano, sin embargo, pidieron al alto tribunal que interviniera y bloqueara los planes de la Casa Blanca de desechar la norma. Dijeron que un aumento significativo de los extranjeros ilegales que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México supondría una carga excesiva para sus estados.
«Como ya determinó el tribunal de Luisiana, la supresión del Sistema del Título 42 causará a los Estados un daño irreparable», escribieron los estados (pdf). «La probabilidad de un daño irreparable a los estados», añadía su petición, «se ve subrayada por el hecho de que [el Departamento de Seguridad Nacional] ha solicitado entre 3000 y 4000 millones de dólares en fondos de emergencia para hacer frente a la inminente calamidad que ocasionará la decisión del tribunal de distrito».
La política del Título 42 permite a los funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU. rechazar a solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales por motivos de salud enumerados en las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en torno al COVID-19.
Con información de Reuters.
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