La Corte Suprema de Pensilvania aceptó escuchar una impugnación del Comité Nacional Republicano (RNC) y el Partido Republicano de Pensilvania contra fallos de tribunales inferiores que exigen que los condados notifiquen a los votantes los votos por correo defectuosos y les permitan corregir esos errores para que los votos puedan ser contados.
En una orden del 5 de octubre, la Corte Suprema de Pensilvania aceptó la petición de apelación del RNC, aceptando examinar si la Corte de la Mancomunidad se equivocó al dictaminar que la política del condado de Washington de no notificar a los votantes los votos por correo defectuosos violaba sus derechos al debido proceso. La apelación también examinará si el tribunal estaba en lo cierto al afirmar que los votantes que emiten votos por correo defectuosos deben tener la oportunidad de arreglar sus papeletas o emitir votos provisionales el día de las elecciones.
El caso, que podría afectar significativamente a la administración del voto por correo en el estado clave de Pensilvania de cara a las elecciones generales de 2024, depende de la legalidad de los procedimientos de subsanación de votos por correo.
En el centro del debate están los cambios en la política de voto por correo del condado de Washington adoptada en abril. El condado votó a favor de introducir todas las papeletas por correo, incluso las marcadas como defectuosas, en el sistema de registro de votantes del estado como «recibidas». Esto significa que los votantes seguirán sin saber que sus papeletas defectuosas no se contabilizarán a menos que tomen medidas específicas para verificar el estado de su voto.
Esta política fue impugnada en una demanda presentada en julio por el Centro para la Justicia Coalfield, la rama de Washington de la NAACP, y varios votantes individuales, que argumentaron que la política efectivamente priva de derechos a los votantes por engañarles haciéndoles creer que sus votos defectuosos serán contados, mientras que les priva de la oportunidad de subsanar esas boletas.
«La revocación de la política de la junta y la falta de transparencia fue una obstrucción deliberada», dijo Sarah Martik, directora ejecutiva del Center for Coalfield Justice, en una comunicado en ese momento. «Si esta política se mantiene para las elecciones de noviembre, causará confusión y desilusión entre los votantes que ejercen sus derechos constitucionales».
Una corte inferior se puso del lado de los demandantes, dictaminando que la política violaba los derechos de los votantes al debido proceso y ordenó al condado que proporcionara notificación y permitiera a los votantes emitir votos provisionales si habían presentado un voto por correo defectuoso.
El RNC apeló esa decisión ante la Corte de la Mancomunidad de Pensilvania, argumentando que la política del condado cumplía con la ley electoral y que la sentencia del tribunal inferior que exigía procedimientos de notificación y subsanación se extralimitaba en su autoridad judicial.
«[La Corte de Primera Instancia] ordena un procedimiento de notificación y subsanación que usurpa la competencia de la Legislatura, y, en consecuencia, viola la doctrina de separación de poderes de la Constitución de Pensilvania», escribió el RNC en la presentación.
Sin embargo, la Corte de la Mancomunidad falló en contra del RNC y confirmó la decisión del tribunal inferior. Esto llevó al RNC a presentar su recurso ante la Corte Suprema de Pensilvania, argumentando que las sentencias de los tribunales inferiores son incompatibles con decisiones anteriores, incluyendo una sentencia de 2020 de la Corte Suprema de Pensilvania que sostuvo que los votantes no tienen derecho constitucional o estatutario a la notificación o la oportunidad de subsanar los votos por correo defectuosos.
«No existe un derecho ‘constitucional o estatutario’ a la ‘notificación y subsanación’ de las papeletas de voto por correo defectuosas, y la Corte de la Mancomunidad carece de autoridad para ordenar a la Junta que proporcione dicha notificación o para permitir que las papeletas sean subsanadas, independientemente del método», reza la petición de apelación del RNC.
El RNC también argumentó que la decisión del tribunal inferior obliga a los secretarios del condado de Washington a inspeccionar las papeletas de voto por correo antes del preconteo oficial y a notificar a los votantes los resultados de esas inspecciones, lo que viola las disposiciones del código electoral de Pensilvania.
En general, el RNC ha argumentado a través de múltiples presentaciones que las prácticas que requieren la notificación y dar la oportunidad de subsanar los votos por correo defectuosos son decisiones políticas que deben dejarse a la Legislatura estatal, no a los tribunales, y que exigir a los condados a adoptar procedimientos de notificación y subsanación tiene el potencial de socavar la integridad electoral.
Se espera que en los próximos días se presenten los escritos de ambas partes, y es probable que la sentencia de la Corte Suprema de Pensilvania desempeñe un papel importante en la configuración de los procedimientos electorales en el estado antes de las elecciones de noviembre, que se aproximan rápidamente.
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