Varios hombres musulmanes que afirman haber sido puestos erróneamente en la «lista de exclusión aérea» por negarse a actuar como informantes del FBI pueden demandar personalmente a funcionarios federales individuales por daños, dictaminó esta mañana unánimemente la Corte Suprema.
La decisión de 8 contra 0 de la máxima corte el 10 de diciembre en Tanzin vs. Tanvir es una derrota para la administración Trump, la cual había argumentado que las demandas contra empleados gubernamentales individuales no deberían permitirse porque tendrían el efecto de disuadir a los funcionarios «de realizar su obligaciones por la perspectiva de litigio y consecuencias financieras personales potencialmente graves».
Ocho magistrados escucharon los argumentos orales del caso el 6 de octubre por teléfono. La jueza Amy Coney Barrett, quien aún no era miembro de la corte en el momento de la audiencia, no participó en el caso.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. estuvo de acuerdo con los demandantes, dictaminando que la ley permite tales demandas dándoles permiso para presentar sus denuncias contra más de dos docenas de agentes del FBI.
La Corte Suprema estuvo de acuerdo con el 2º Circuito.
“La Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993 (RFRA) prohíbe al gobierno federal imponer obligaciones sustanciales al ejercicio religioso, sin un interés imperioso perseguido por los métodos menos restrictivos”, escribió el juez Clarence Thomas para la corte.
“También le otorga a una persona cuyo ejercicio religioso ha sido objeto de una carga ilegal el derecho a buscar un ‘ayuda apropiada’. La pregunta aquí es si la «ayuda apropiada» incluye reclamaciones por daños monetarios contra funcionarios del gobierno a título individual. Afirmamos que sí».
La RFRA prohíbe al gobierno federal «imponer una obligación sustancial al ejercicio de la religión de una persona» a menos que «la aplicación de la obligación (…) sea en apoyo de un interés gubernamental imperioso» y «sea el medio menos restrictivo de promover ese (…) interés».
La Corte Suprema citó la RFRA en Burwell vs. Hobby Lobby (2014) cuando permitió a los dueños de negocios no ofrecer cobertura de control de la natalidad a los empleados si el dueño se oponía a la anticoncepción por motivos religiosos.
En el argumento oral de hace dos meses, Ramzi Kassem, abogado de Muhammad Tanvir, dijo a la Corte Suprema que la accesibilidad de daños y perjuicios como remedio es necesaria para disuadir el mal comportamiento de los funcionarios del gobierno.
“Y aquí, los agentes federales pusieron a mis clientes en la lista de exclusión aérea porque se negaron a espiar a correligionarios inocentes, en violación de sus creencias islámicas. Mis clientes perdieron años preciosos con sus seres queridos, además de trabajos y oportunidades educativas”, dijo Kassem.
«Sin daños y perjuicios como disuasivo, los demandantes y otros agentes siguen siendo libres de repetir lo que hicieron aquí, infringir la RFRA hasta que se impugne en la corte para luego retroceder».
Esta es una noticia en desarrollo. Se actualizará.
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