El 1 de julio, la Corte Suprema dictaminó en una votación 6 a 3 que un minorista puede impugnar las tarifas que el Sistema de la Reserva Federal permite a las tarjetas de débito, a pesar de que no se presenten impugnaciones antes del plazo habitual de 6 años.
La jueza Amy Coney Barrett escribió la opinión mayoritaria en el caso conocido como Corner Post Inc. vs la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal.
En desacuerdo estuvieron los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
El demandado, el Sistema de la Reserva Federal, es el banco central de Estados Unidos. Entre sus principales responsabilidades se encuentran la política monetaria nacional, la supervisión y regulación de los bancos, el mantenimiento de la estabilidad financiera y la prestación de servicios bancarios. La Reserva Federal también regula las tarjetas de crédito.
El peticionario, el Corner Post, es una parada de camiones en Watford City, Dakota del Norte, que presentó una demanda impugnando el fallo de la Reserva Federal de 2011 sobre las tarifas de las tarjetas de débito.
Las tiendas minoristas a menudo imponen requisitos mínimos de compra para compensar el porcentaje de ventas que tienen que pagar a los emisores de tarjetas de crédito por las transacciones. Las tarifas de procesamiento pagadas a los emisores las determina la Reserva Federal.
El Congreso aprobó la Enmienda Durbin como parte de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor de 2010 que siguió a la llamada Gran Recesión de 2008. La enmienda permitió a la Reserva Federal regular las “tarifas de intercambio” para reembolsar a los grandes bancos los gastos involucrados en la transferencia de dinero desde cuentas de consumidores a comerciantes como parte de transacciones con tarjeta de débito.
Hasta 2010, las tasas de intercambio las determinaban los emisores que procesaban las transacciones. Los emisores tenían un incentivo para aumentar las tasas para competir por el negocio de los bancos, y esas tasas se trasladaban a los comerciantes.
En 2011, la Reserva Federal estableció una norma que establecía que los grandes bancos podían cobrar 21 centavos por transacción, así como el 0.05 por ciento del valor de la compra.
Desde entonces, la Reserva Federal publicó datos que muestran que los costos promedio de los grandes bancos para procesar transacciones con tarjetas de débito han oscilado entre “solo 3.6 y 5 centavos por transacción”, afirmó el Corner Post en su petición presentada ante la Corte Suprema.
“Eso significa que los grandes bancos han obtenido una ganancia promedio de entre 16 y 17.4 centavos por prácticamente cada una de las 80,000 millones de transacciones con tarjetas de débito cada año desde 2011, o al menos 12,000 millones de dólares [sic] por año en ganancias”.
La Reserva Federal nunca ha explicado “cómo un límite de tarifas que resulta en ganancias bancarias de entre 320 por ciento y 483 por ciento por transacción es ‘razonable y proporcional al costo incurrido por el emisor [banco] con respecto a la transacción’”.
Dos asociaciones comerciales de Dakota del Norte protestaron por la estructura de tarifas y demandaron.
Cuando la Reserva Federal presentó una moción para desestimar la queja de los grupos, argumentó que la demanda había sido desestimada porque la norma se había emitido hacía demasiado tiempo. Los grupos modificaron la demanda para agregar a Corner Post, que abrió sus puertas en 2018, como parte de la demanda.
Los litigantes argumentaron que el reclamo de Corner Post “se generó por primera vez” a los efectos del plazo de prescripción de seis años de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) cuando procesó su primera transacción con tarjeta de débito en 2018, siete años después de que se promulgara la norma de la Reserva Federal.
Un estatuto de limitaciones estipula el tiempo máximo que las partes tienen para iniciar procedimientos legales después de que se produce el acto denunciado.
La APA es un estatuto federal promulgado en 1946 que rige los procedimientos de derecho administrativo para los departamentos ejecutivos federales y agencias independientes. El fallecido senador estadounidense Pat McCarran (D-Nev.) dijo que la APA era “una declaración de derechos para los cientos de miles de estadounidenses cuyos asuntos están controlados o regulados de una forma u otra por agencias del gobierno federal”.
Un tribunal federal de distrito de Dakota del Norte desestimó la demanda.
La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de EE.UU. confirmó que, según la APA, el tiempo comenzó a correr cuando la Reserva Federal emitió su norma en 2011. El tribunal de circuito concluyó que un reclamo contra una regulación de la agencia “se acumula primero” cuando la agencia emite su regla, independientemente de si el demandante existía en ese momento. Otros tribunales federales de apelación llegaron a conclusiones diferentes en casos similares.
Durante los argumentos orales del 20 de febrero, el abogado de Corner Post, Bryan K. Weir, dijo a los jueces que su cliente había pagado “varios cientos de miles de dólares en tarifas de tarjetas de débito que considera ilegales”.
“Pero el gobierno dice que el plazo de Corner Post para impugnar esas tarifas en realidad comenzó en 2011, siete años antes de que Corner Post bombeara un solo galón de gasolina. El gobierno está equivocado. El reloj de Corner Post comenzó cuando pasó su primera tarjeta de débito y pagó su primera tarifa”, dijo el abogado.
En representación de la Reserva Federal, el abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Benjamin W. Snyder, dijo que los tribunales de apelación han “reconocido consistentemente” que el plazo de prescripción de seis años para una demanda APA “se acumula” cuando la agencia toma medidas, no cuando “un demandante en particular se encuentra dentro de la zona de intereses del estatuto relevante”.
El Corner Post pide a la Corte Suprema “que rechace esa práctica establecida”. Si los jueces están de acuerdo con ese argumento, el resultado sería “desestabilizador”, dijo Snyder.
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