La Corte Suprema rechazó, el 13 de mayo, una solicitud de una red de centros de ayuda a embarazadas, provida, con sede en Nueva Jersey, para detener una citación del estado proabortista que les exige revelar información sobre sus donantes.
La información sobre los donantes es un secreto muy bien guardado en la comunidad de organizaciones sin ánimo de lucro. Por lo general, los donantes esperan que se proteja su identidad para no ser objeto de acoso por parte de opositores políticos y los gobiernos hostiles.
La sentencia se produjo dos semanas después de que una coalición de organizaciones provida de ayuda al embarazo, del vecino estado de Nueva York, demandara ante una corte estatal a la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, por sus esfuerzos para impedir que promuevan los procedimientos de reversión de la píldora abortiva. La demanda fue presentada por la Thomas More Society, un bufete de abogados de interés público que se centra en las libertades religiosas.
El estado de Nueva York afirma que los grupos que ayudan a las mujeres embarazadas también desinforman al público sobre el protocolo de reversión de la píldora abortiva, que se utiliza cuando las mujeres que han iniciado el proceso de aborto con medicamentos cambian de opinión. Los grupos afirman que el protocolo ha demostrado ser seguro y uno de sus abogados describió la represión de su libertad de expresión como una «caza de brujas política». El Estado replicó que el protocolo no está universalmente aceptado y no ha sido aprobado por los reguladores federales.
La Corte Suprema denegó la petición de mandamiento judicial en el caso, conocido como In Re First Choice Women’s Resource Centers Inc, en una orden sin firma el 13 de mayo. Ningún juez disintió. La Corte no explicó su decisión. Alliance Defending Freedom, un bufete de abogados de interés público, representa al grupo.
El mandato judicial es una orden emitida por una corte superior que ordena a los gobiernos, cortes inferiores, corporaciones o autoridades públicas que realicen una acción requerida por la ley o que se abstengan de realizar acciones no permitidas por la ley.
First Choice Women’s Resource Centers dice que su misión es «animar y equipar a mujeres y hombres para que tomen decisiones informadas sobre el embarazo».
Algunas clientas embarazadas eligen dar a luz, mientras que otras optan por la adopción, y algunas abortan, dice la organización.
«Nosotros no nos beneficiamos económicamente de ninguna decisión que tome un cliente y no cobramos por nuestros servicios. Nosotros creemos que las mujeres y los hombres son capaces de tomar sus propias decisiones cuando reciben información precisa».
A finales del año pasado, el fiscal general de Nueva Jersey, el demócrata Matthew Platkin, emitió una citación a First Choice exigiendo listas de donantes y correspondencia privada como parte de una investigación sobre si el grupo estaba infringiendo la Ley de Fraude al Consumidor de Nueva Jersey.
El Sr. Platkin fue uno de los 16 fiscales generales demócratas que firmaron una carta en octubre de 2023 en la que afirmaban que los centros de ayuda para embarazadas difunden «desinformación y daño» al «engañar a los consumidores y retrasar el acceso a la atención médica reproductiva crítica y sensible a tiempo».
Los fiscales generales dijeron que habían observado «con creciente preocupación en los últimos años como los centros de crisis de embarazo antiaborto (CPC) han proliferado en nuestros estados, superando en número a las clínicas de aborto en una proporción de tres a uno».
Estos centros «no ofrecen una atención sanitaria reproductiva completa y a menudo utilizan tácticas engañosas para atraer a pacientes que buscan atención sanitaria reproductiva. Estas tácticas pueden tener consecuencias nefastas para la salud y privar a los pacientes de sus opciones sanitarias», según los fiscales.
First Choice demandó al Sr. Platkin en diciembre de 2023, alegando que la citación judicial tenía un alcance excesivamente amplio y era inconstitucional.
El juez de distrito Michael Shipp, nombrado en 2012 por el presidente Barack Obama, falló en contra de First Choice en enero, al considerar que su demanda «no estaba completa» por lo que la corte no tenía jurisdicción sobre la materia.
En febrero, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, para el 3er Circuito también se negó a bloquear la citación.
En su petición a la Corte Suprema, First Choice argumentó que el caso plantea «una cuestión importante y recurrente en relación con la jurisdicción federal sobre las demandas de la sección 1983 para prohibir las demandas ilegales de investigación estatal: si tal desafío está completa solo después de que una corte estatal ha hecho cumplir la demanda».
La Sección 1983 se refiere al Título 42 del Código de EE. UU., Sección 1983, que permite a las personas demandar a los agentes del gobierno por privación de los derechos civiles.
Las cortes federales de apelación están divididas en 4 a 1 sobre la cuestión de completar la demanda. El grupo dijo que la corte de distrito «claramente erró».
La petición pidió a la Corte Suprema «conceder el mandamus para evitar el daño irreparable de ese fallo y preservar su propia jurisdicción para decidir esta importante cuestión».
En este caso, el Sr. Platkin colaboró con Planned Parenthood para elaborar una «novedosa teoría según la cual los centros de embarazo, que prestan servicios gratuitos, violan la Ley de Fraude al Consumidor de Nueva Jersey porque “NO prestan servicios de aborto”».
Basándose en esa teoría, y sin aportar pruebas de que se hubieran hecho declaraciones falsas, el Sr. Platkin envió citaciones a los centros de ayuda a embarazadas de Nueva Jersey, entre ellos First Choice. Él exigió que First Choice presente años de información interna confidencial, incluidos los nombres de los donantes y las cantidades que habían donado, junto con toda la correspondencia mantenida con ellos, según la petición.
También exigió que First Choice presente todas las solicitudes y anuncios que ha publicado en Internet o en medios impresos o audiovisuales, así como las identidades del personal, los voluntarios, los directores y los miembros de la junta del grupo, e información sobre sus asociaciones con otras organizaciones religiosas provida sin ánimo de lucro.
El Sr. Platkin presentó un escrito de réplica oponiéndose a la solicitud a la Corte Suprema.
La solicitud de First Choice es prematura «a menos que y hasta que la corte estatal decida hacer cumplir la citación». Hasta que eso ocurra, First Choice «no se ha visto perjudicada y no existe disputa madura alguna. El peticionario no puede justificar sus extraordinarias demandas para estos ya extraordinarios autos».
El asunto podría volver a la Corte Suprema en el futuro.
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