La Corte Suprema considerará esta semana si escuchará una solicitud de 13 estados para que se le permita defender en la corte una regla diseñada para excluir a los posibles inmigrantes que no puedan mantenerse a sí mismos, una regulación que la administración de Biden se niega a defender.
La regla de carga pública, que ha sido fuertemente litigada en tribunales federales, requiere que los solicitantes que esperan inmigrar a los Estados Unidos puedan abrirse camino financieramente.
El caso es Arizona v. la ciudad y el condado de San Francisco, expediente judicial 20-1775. Los peticionarios son los estados de Arizona, Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Virginia Occidental.
Entre los demandados se encuentran los estados de California, Illinois, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia. San Francisco y Santa Clara, California, también son demandados, junto con el gobierno federal.
Los jueces de la Corte Suprema están programados para considerar la petición de certiorari, o revisión de los 13 estados el 29 de octubre, luego de no haber llegado a una decisión tres veces en sus conferencias judiciales en las últimas semanas.
Frente a una oposición de izquierda particularmente fuerte, la administración Trump dio nueva vida a la regla, que había caído en desuso. Los críticos dicen que la regla pro-contribuyente es xenófoba y discrimina a los extranjeros pobres.
El principio de carga pública, que es la idea de que los inmigrantes deberían tener que demostrar que pueden sobrevivir sin quedar bajo la tutela del gobierno, ha sido parte de la experiencia estadounidense durante siglos.
Las disposiciones sobre carga pública han sido parte de la ley de inmigración de EE. UU . desde al menos 1882. Una de las primeras leyes conocidas sobre carga pública en Massachusetts colonial se promulgó en 1645. A fines del siglo XVII, muchas colonias estadounidenses examinaron a los posibles inmigrantes y exigieron bonos para aquellos que se cree que probablemente se convertirán en cargas públicas.
Pero la administración Biden, en línea con la base política de los demócratas, se opone a la regla y la rescindió en marzo.
En ese momento, el fiscal general de Arizona Mark Brnovich, un republicano, habló a favor de la regla.
“Todo lo que estamos tratando de hacer es respetar las reglas de inmigración de sentido común que garanticen que las personas que vienen a este país puedan ser verdaderamente autosuficientes”, dijo Brnovich al periódico The Hill.
«Esta política garantiza que los programas de asistencia social de nuestro gobierno no sean invadidos».
La Corte Suprema se ha ocupado del tema en repetidas ocasiones en los últimos años.
El tribunal superior suspendió la orden judicial de un tribunal inferior contra la regla en enero de 2020, lo cual permitió que se hiciera cumplir a la espera de la resolución de la apelación del gobierno en la Corte de Apelaciones de los EE. UU. para el Segundo Circuito.
Las cosas cambiaron luego de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo. El 2 de febrero, emitió la Orden Ejecutiva 14012, que ordenó a los funcionarios del gobierno revisar la regla. Días después, la administración de Biden anunció que ya no defendería la regla de carga pública.
El 22 de febrero, la Corte Suprema acordó escuchar la apelación del gobierno federal de una decisión de un tribunal inferior contra la regla en el caso del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos v. Nueva York, expediente judicial 20-449, que comenzó cuando Trump era presidente.
La administración de Biden retiró la apelación que provenía de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
La Corte Suprema ordenó desestimar el caso el 9 de marzo luego de que las partes del proceso judicial firmaran una estipulación conjunta de sobreseimiento.
El mismo día, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE. UU. levantó la suspensión de la decisión de un tribunal inferior que anulaba la regla de carga pública en todo el país, una medida que permitió que la invalidación de la regla por parte del tribunal de distrito entrara en vigencia.
Y los demandados que lucharon contra la regla actuaron.
“Sin ninguna advertencia previa, las partes existentes lanzaron una táctica sin precedentes, coordinada, y de múltiples tribunales”, dice la petición.
“A través de este, intentaron ejecutar entregas estratégicas simultáneas en todas las apelaciones pendientes relacionadas con la Regla. Eso incluyó el recurso de apelación del Segundo Circuito que este Tribunal ya había acordado conocer, así como las peticiones de órdenes de certiorari pendientes en este caso y el caso del Séptimo Circuito”.
Los fiscales generales estatales republicanos en el litigio actual desean seguir defendiendo la regla.
“Los Estados Peticionarios tienen importantes intereses protegibles en la vigencia continua de la Regla y ese interés ya no estaba representado en absoluto”, dice la petición.
Se estima que la regla “ahorraría a todos los estados acumulativamente USD 1010 millones al año, y los estados solicitantes aquí ahorrarían una parte de esa cantidad”.
El procurador general interino Brian Fletcher no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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