La Corte Suprema anunció el 26 de julio que celebrará audiencias para alegatos orales de nueve casos en octubre y siete casos en noviembre, incluyendo una apelación relacionada con Medicare.
Entre los otros casos que se verán este otoño están las demandas de veteranos militares que argumentan que se les negaron erróneamente beneficios médicos, la demanda de un camionero que dice que fue despedido por error por el uso de marihuana, y dos apelaciones de inmigración.
La Corte está actualmente en receso estival y reanudará las audiencias el primer lunes de octubre.
Caso Medicare
La Corte Suprema verá el caso Advocate Christ Medical Center vs. Becerra el 5 de noviembre. Los jueces concedieron la petición de la organización médica el 10 de junio.
Los hospitales quieren que se aclare una sentencia de 2022 que explicaba cómo calcula Medicare los pagos a los hospitales que atienden a pacientes con bajos ingresos. En la decisión anterior, Becerra vs. Empire Health Foundation, los jueces votaron 5-4 para rechazar un desafío de un sistema hospitalario que atiende a personas de bajos ingresos y confirmó la fórmula de reembolso del gobierno.
La cuestión era cómo calcula el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) los pagos de Medicare a los «hospitales compartidos desproporcionadamente», a veces denominados «hospitales DSH», que atienden principalmente a pacientes con bajos ingresos.
Aunque los hospitales reciben cantidades predeterminadas por cada paciente de Medicare, el Congreso decidió que los hospitales DSH debían recibir tarifas más elevadas para cubrir el mayor costo de tratar a personas con bajos ingresos, que suelen tener peor salud.
En 2017, Advocate Christ Medical Center y más de 200 hospitales afirmaron que estaban siendo mal pagados por el sistema y presentaron una demanda contra el HHS sobre cómo la agencia calculó los pagos DSH. Ellos dijeron que la fórmula del gobierno no tenía en cuenta la atención prestada a los pacientes elegibles para los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que el departamento utiliza para aproximar la atención prestada a las personas de bajos ingresos.
Las personas con bajos ingresos, ciegas, discapacitadas o mayores de 65 años pueden optar a las prestaciones de la Seguridad Social.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia mantuvo la fórmula de financiación existente en septiembre de 2023.
Un camionero despedido tras usar un producto con CBD
La Corte Suprema dijo que escuchará el caso Medical Marijuana Inc. Horvs, el 15 de octubre.
El 29 de abril, los jueces aceptaron la petición de un camionero comercial que dice que perdió su trabajo después de dar positivo por tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto químico psicoactivo de la marihuana que produce un subidón. El conductor consumió un producto a base de cáñamo que se anunciaba como libre de THC.
El caso se produce en un momento en que cada vez más estados legalizan la marihuana y sus productos derivados y en que aumenta la popularidad de los productos elaborados con marihuana. Los productos a base de cannabidiol (CBD), a menudo en forma de gominolas de caramelo, también son cada vez más populares. Estos productos contienen cáñamo, un pariente de la marihuana, pero no THC, por lo que no serían perjudiciales.
El conductor, Douglas Horn, afirma que consumió THC sin darse cuenta cuando utilizó un producto derivado del cannabis que se comercializaba como libre de THC, y que nunca había consumido marihuana ni ningún producto a base de THC. El producto que consumió, producido por Medical Marijuana Inc, se llama Dixie X CBD Dew Drops Tincture y se supone que alivia el dolor.
Después de que se pusiera fin a su empleo tras un control aleatorio de drogas, el Sr. Horn presentó una demanda ante una corte federal de distrito alegando que el fabricante del producto estaba violando las leyes federales contra el crimen organizado. Dichas leyes persiguen las actividades lucrativas ilegales que a veces se disfrazan de actividades empresariales legítimas. También alegó que otras empresas de la cadena de suministro del producto infringían la Ley de Sustancias Controladas y cometían fraude postal y electrónico.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. dictaminó en agosto de 2023 que el Sr. Horn tenía derecho a demandar por daños y perjuicios porque su uso del producto le hizo perder salarios y beneficios relacionados con el empleo.
El fabricante del producto argumentó que permitir que la demanda siga adelante abriría las compuertas a una oleada de nuevas demandas por chantaje.
Prestaciones para veteranos
La Corte Suprema anunció que conocerá del caso Bufkin contra McDonough el 16 de octubre. La petición presentada por dos veteranos fue admitida a trámite el 29 de abril.
Los veteranos afirman que se les denegaron indebidamente las prestaciones médicas necesarias para tratar el trastorno de estrés postraumático (TEPT) que supuestamente surgió durante su servicio militar.
Joshua Bufkin, veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU., y Norman Thornton, veterano del Ejército de EE. UU., sostienen que incluso en los casos en los que la decisión de sí un solicitante reúne los requisitos necesarios está muy reñida, el Departamento de Asuntos de Veteranos debe proporcionarle tratamiento.
La regla del beneficio de la duda, «que se ha observado durante más de un siglo, está codificada ahora en el 38 U.S.C. [Sección] 5107(b): “Cuando haya un equilibrio aproximado de pruebas positivas y negativas en relación con cualquier cuestión importante para la determinación” de una solicitud de prestaciones, el Departamento de Asuntos de los Veteranos “concederá el beneficio de la duda al solicitante”», según su petición.
Ellos sostienen que la Corte de Apelaciones de EE. UU. para Reclamos de Veteranos no aplicó correctamente la regla del beneficio de la duda al confirmar la denegación de beneficios.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal afirmó en septiembre de 2023, sosteniendo que la corte inferior solo estaba obligada a determinar si hubo un error claro basado en las conclusiones de hecho del departamento.
El Departamento de Asuntos de Veteranos mantiene su decisión de denegar las prestaciones.
Casos de inmigración
El 15 de octubre, la Corte Suprema escuchará Bouarfa vs. Mayorkas, que trata sobre si el gobierno federal puede revocar una visa de inmigración después de que determine que el matrimonio del inmigrante con un ciudadano estadounidense es una farsa. La petición fue concedida en noviembre de 2023.
El gobierno revocó la visa de un palestino después de descubrir que anteriormente había intentado hacer pasar otro de sus matrimonios como legítimo para obtener una tarjeta verde. Dado que supuestamente había cometido fraude anteriormente, el matrimonio actual se consideró fraudulento, y su visado, que había sido aprobado, fue revocado.
El gobierno afirma que su decisión es «discrecional» y no puede impugnarse ante la justicia. Las cortes federales de apelación discrepan sobre si tales decisiones pueden ser revisadas por los tribunales.
La peticionaria, Amina Bouarfa, ciudadana estadounidense, se casó con Ala’a Hamayel, palestino no ciudadano. Tuvieron tres hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses, según la petición de la Sra. Bouarfa.
La Sra. Bouarfa intentó demostrar que el matrimonio anterior era legítimo, pero el gobierno dijo que la decisión no podía revisarse en la corte. La Sra. Bouarfa recurrió a los tribunales, que se pusieron de parte del gobierno.
La Corte Suprema conocerá del caso Velázquez vs. Garland el 12 de noviembre. La petición fue admitida a trámite el 2 de julio.
La corte examinará cómo funciona un plazo de 60 días para los inmigrantes ilegales que no cumplen el plazo para salir del país después de aceptar la autodeportación. La cuestión jurídica es si dicho plazo puede ampliarse cuando cae en fin de semana.
El ciudadano mexicano Hugo Abisai Monsalvo Velázquez llegó ilegalmente a Estados Unidos siendo adolescente, en 2004. Más tarde se casó con una ciudadana estadounidense y ahora tienen dos hijos que son ciudadanos estadounidenses.
El gobierno lo puso en proceso de expulsión y le dio un aviso de comparecencia, pero no contenía la fecha y hora de la audiencia de expulsión, diciendo que la audiencia se celebraría «en una fecha que se fijará a una hora que se fijará», declaró en su petición.
Tras la denegación de su solicitud de permanencia en el país, pidió poder marcharse por su cuenta, un proceso conocido como salida voluntaria o autodeportación. Una corte de inmigración le permitió salir en una fecha determinada, que resultó ser un sábado, cuando la corte no estaba abierta.
El día anterior al sábado presentó una solicitud de reapertura de su caso, pero la Junta de Apelaciones de Inmigración no la aceptó hasta el lunes, el siguiente día laborable.
La Junta debería haber aceptado los documentos y permitido que el proceso legal continuara, argumenta el migrante.
El gobierno federal dice que la norma sobre el plazo de presentación legal en el caso se interpretó correctamente.
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