Corte Suprema rechaza acuerdo multimillonario sobre opioides de Purdue Pharma

Por Matthew Vadum
27 de junio de 2024 11:58 AM Actualizado: 27 de junio de 2024 12:19 PM

La Corte Suprema dictaminó el 27 de junio con 5-4 votos que la ley de bancarrota de Estados Unidos no autoriza a los tribunales aprobar acuerdos de quiebra con un fabricante de opioides, si el acuerdo permite cancelar las reclamaciones de aquellos que alegan haber sido perjudicados por el consumo de sus fármacos.

El caso es Harrington vs. Purdue Pharma LP.

El juez Neil Gorsuch escribió el dictamen de la opinión mayoritaria de la corte.

El presidente de la Corte, John Roberts, y los jueces Brett Kavanaugh, Sonia Sotomayor y Elena Kagan discreparon.

Purdue Pharma, con sede en Stamford, Connecticut, fue acusada de desempeñar un papel fundamental en la actual crisis de los opioides.

Se dice que la empresa ha llevado a cabo prácticas de marketing irresponsables que han contribuido al aumento del abuso de opioides en Estados Unidos.

La empresa fabrica oxicodona, comercializada como OxyContin y otros nombres, que es un analgésico narcótico semisintético que sirve como analgésico popular.

La empresa ya ha sido procesada penalmente en relación con los opioides.

Purdue tuvo problemas financieros y, cuando inició su proceso de bancarrota en 2019, los miembros de la familia Sackler, que fundaron la compañía, acordaron contribuir con unos 6000 millones de dólares para resolver futuras demandas relacionadas con opioides a cambio de una exención de responsabilidad en futuros juicios.

Se espera que el pago total a las víctimas de opioides, hospitales y estados supere esa cantidad, y la compañía, ya reorganizada, se centre en hacer frente al abuso de opioides.

Los propios Sackler, que niegan haber actuado mal, no se declararon en quiebra. No han estado involucrados en los asuntos de la compañía desde 2019.

La revista Forbes incluyó a los Sackler en 2016 como la 19ª familia más rica de Estados Unidos, con un patrimonio neto estimado de 13000 millones de dólares.

El gobierno de Biden se opuso a la exención firmada por los Sackler, que calificó de abuso del sistema de quiebras.

La exención de responsabilidades «anula las reclamaciones de todos los demandantes de opioides, excepto Estados Unidos y, por tanto, se aplica a un número incalculable de demandantes que no dieron su consentimiento específico a los términos de la exención», dijo el gobierno.

En otras palabras, el gobierno argumenta que la exención es injusta para los demandantes de opioides porque les niega su día en los tribunales.

Durante el debate oral del 4 de diciembre de 2023, el procurador general adjunto de Estados Unidos, Curtis Gannon, sugirió que la familia Sackler se estaba librando demasiado fácilmente.

La Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 2º Circuito aprobó un plan de reorganización del Capítulo 11 para la empresa, que deja exentos de reclamaciones de los acreedores de la empresa a los no deudores, como los Sackler, dijo el Sr. Gannon a los jueces.

Sin embargo, los miembros de la familia «tomaron miles de millones de dólares de Purdue en los años anteriores a la quiebra de Purdue (…) [y] no se han acogido a la protección por quiebra y solo han puesto una parte de sus activos a disposición de la masa de la quiebra de Purdue», dijo el Sr. Gannon a los jueces.

Los miembros de la familia extrajeron alrededor de 11,000 millones de dólares de la empresa en los 11 años anteriores a su declaración de quiebra, según el gobierno.

El 2º Circuito «encontró autoridad para esa exención en una disposición general del Capítulo 11 (…) pero esta exención va más allá de lo que el estatuto autoriza (… ) y también entra en conflicto con las piezas básicas del esquema integral del Código de Bancarrota».

La exención permite «a los Sackler decidir cuánto van a contribuir», dijo el gobierno.

«Esta concede a los Sackler el equivalente funcional de una descarga de responsabilidad, lo que podrían obtener si ellos mismos estuvieran en quiebra, aunque incluso dicha descarga no se extendería como esta a las demandas que implican fraude y mala conducta intencionada».

«Esta Corte debería sostener que las exenciones no consensuadas de terceros no están autorizadas por el Código de Quiebras», dijo el abogado del gobierno en ese momento.

Esta es una historia en desarrollo. Este artículo se actualizará.


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