La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar una impugnación legal a una ley de Texas que requiere que los votantes menores de 65 años presenten una justificación para votar por correo, lo que significa que el intento de los demócratas de ampliar drásticamente el voto por correo «sin excusa» en el estado de la Estrella Solitaria fracasó, con repercusiones para otros estados.
Según una lista de órdenes del 22 de abril, la máxima corte denegó la petición de una orden de cetriorari en un caso que se deriva de una demanda federal presentada en 2020 en nombre del Partido Demócrata de Texas y varios votantes que solicitaron que Texas levantara sus limitaciones basadas en la edad sobre el voto por correo sin excusa.
La ley de Texas solo permite a las personas votar por correo sin una excusa calificada, como la enfermedad, si tienen 65 años o más. En su denuncia original, que pasó por varias cortes inferiores antes de acabar ante la Corte Suprema, los demandantes alegaban que la ley del voto de Texas viola la 26ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., que prohíbe denegar el derecho al voto por motivos de edad.
La negativa de la Corte Suprema a escuchar la apelación significa que la ley de Texas sigue en vigor, lo que supone una victoria para los defensores de la integridad electoral que argumentan que el voto por correo sin excusa es propenso al fraude y hace que las elecciones sean menos seguras.
Al mismo tiempo, la decisión de la Corte Suprema de denegar el certiorari es un revés para los grupos que consideran que leyes como la de Texas, basada en la edad, establecen límites al voto por correo sin excusa como una «supresión de votantes» o un intento injusto de imponer barreras al voto para ciertos grupos, en este caso los votantes más jóvenes.
Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema de no admitir a trámite el recurso tiene implicaciones más amplias, ya que otros seis estados —Indiana, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur y Tennessee— tienen en vigor leyes similares que permiten a los votantes de más edad solicitar el voto por correo sin tener que aportar ninguna justificación.
En su petición inicial presentada en 2020 en nombre del Partido Demócrata de Texas y un grupo de votantes durante la pandemia de COVID-19, los demandantes solicitaron que Texas levantara sus restricciones basadas en la edad al voto por correo sin excusa, citando los riesgos para la salud pública relacionados con el brote.
Un juez de distrito se puso de parte de los demandantes en mayo de 2020, bloqueando temporalmente la ley de Texas.
Encabezadas por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, las autoridades de Texas presentaron entonces un recurso ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, que suspendió la sentencia de la corte de distrito mientras se resolvía el recurso.
Los demandantes pidieron entonces a la Corte Suprema de EE.UU. que volviera a imponer la decisión de la corte de distrito de congelar la aplicación de los límites basados en la edad al voto por correo sin excusa, o que volviera a examinar el caso, pero la máxima corte rechazó ambas peticiones.
En última instancia, el 5º Circuito anuló íntegramente la orden de la corte inferior de mayo de 2020. Esto llevó a los demandantes a presentar una demanda modificada en la corte de distrito, esta vez haciendo valer otras reclamaciones, incluidas las de discriminación racial en virtud de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto y argumentando que las limitaciones de edad en las boletas por correo violaban la Cláusula de Igual Protección de las Enmiendas 14ª y 26ª.
En una orden de julio de 2022, el juez de la corte de distrito desestimó todas las demandas de los demandantes, lo que dio lugar a otra apelación ante el 5º Circuito, que finalmente confirmó la decisión de desestimación de la corte de distrito.
En diciembre de 2023, los demandantes presentaron una petición de certiorari ante la Corte Suprema de los EE.UU., solicitando a la máxima instancia judicial que declarara inconstitucional la ley electoral de Texas basada en la edad.
La corte se negó a revisar la apelación de los demandantes, dejando las restricciones de edad de Texas en su lugar y negando una oferta para ampliar el voto por correo sin excusa en el estado de la Estrella Solitaria.
The Epoch Times se puso en contacto con los abogados de los demandantes y los demandados para solicitarles sus declaraciones sobre la decisión de la máxima corte.
¿Integridad electoral o supresión de votantes?
El fallo de la Corte Suprema se produce en medio de una lucha más amplia entre los que ven los esfuerzos de integridad electoral como «supresión de votantes» y los que creen que la seguridad de las elecciones estadounidenses es demasiado laxa y debe ser reforzada.
Según un recuento realizado por el Centro Brennan para la Justicia, de tendencia izquierdista, las leyes de voto expansivo superaron con creces a las restrictivas en 2023.
El año pasado se introdujeron al menos 53 leyes de voto expansivo en 23 estados, en comparación con las 17 leyes restrictivas aprobadas en 14 estados, lo que sugiere que el movimiento por la integridad electoral se está quedando atrás.
Ante la preocupación por el fraude electoral, el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich indicó recientemente que, para ganar las elecciones presidenciales de noviembre, los republicanos deben superar a los demócratas en número de votos por un margen significativo.
«Todo el que quiera unas elecciones honestas debe saber que, a largo plazo, necesitamos el modelo francés: Todo el mundo vota el mismo día, todo el mundo tiene un documento de identidad con foto, todo el mundo es contabilizado como persona», dijo Gingrich en una entrevista en febrero en Fox News.
«Pero hasta que lleguemos a eso, si los republicanos quieren ganar este año, con las reglas que existen este año, tienen que superar en votos a los demócratas en aproximadamente un 5%, que es un margen lo suficientemente grande como para que no pueda ser robado», dijo.
Por otra parte, un supervisor de la integridad electoral presentó más de una docena de reformas «cruciales» que considera necesarias para garantizar la integridad de los votantes en las elecciones de 2024, incluida la prohibición del voto por orden de preferencia y del voto de los no ciudadanos, la consolidación de las fechas de las elecciones, la exigencia de la identificación de los votantes y la protección de los vulnerables votos por correo.
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